La Corte Suprema chilena remueve a la jueza Ángela Vivanco: “No ha tenido un buen comportamiento en el ejercicio de sus funciones”

El pleno de la Corte Suprema ha decidido la tarde de este jueves remover a la jueza Ángela Vivanco, integrante de la tercera sala constitucional. La magistrada, de 61 años, estaba suspendida de sus funciones hace un mes por posibles irregularidades en el cargo, asumido en 2018. Tras una audiencia donde la defensa de la magistrada hizo sus alegatos, los integrantes del máximo tribunal votaron por su destitución. “Se declara por unanimidad que no ha tenido un buen comportamiento en el ejercicio de sus funciones y se acuerda la remoción de su cargo como ministra de la Corte Suprema”, sostuvo el presidente de la Suprema, Ricardo Blanco, al dar a conocer el veredicto. El último juez del Supremo destituido por sus pares fue Luis Correa Bulo, en 2001.

A Vivanco se le vincula con el caso Audios, la trama política y judicial que impacta a Chile hace once meses, luego que Ciper Chile publicara sus mensajes con el influyente abogado Luis Hermosilla –hoy en prisión preventiva por presuntos delitos de corrupción–, en los que se revela la jueza pudo haber entregado al penalista información de causas en trámite. La gravedad del contenido impulsó a sus pares a abrir un expediente de remoción basado en siete cargos en contra de la exvocera de la Suprema y que, este jueves, acabó con su remoción. En paralelo, en el Congreso avanza una acusación constitucional contra Vivanco por abandono de deberes.

Esta mañana ante el pleno, uno de los abogados defensores de Vivanco, Cristóbal Osorio, argumentó que “no hay prueba para poder ejercer la remoción” de la jueza y que las expuestas son “ilícitas, ya que el acceso a los datos se logró mediante la vulneración de bases de datos que están en poder del Ministerio Público”. Blanco, al dar a conocer la decisión del pleno, sostuvo que los antecedentes reunidos y los hechos que han sido posible constatar permitieron determinar y concluir que la ministra Vivanco incurrió en comportamientos que “afectan los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia” que rigen a los miembros de la magistratura y que, “desde luego, priman sobre su derecho a la inamovilidad, al haber comprometido gravemente con sus comportamientos a los cimientos del estado de derecho”.

Las conversaciones por Whatsapp con Hermosilla que salpicaron a Vivanco revelan que le pidió ayuda al abogado para ser nominada en la Suprema en 2018; cómo intentaba, ya como ministra, vetar designaciones de magistrados y apoyar el ascenso de otros y, además, compartir información de causas de interés. Debido a “la gravedad de los hechos”, el presidente del máximo tribunal, Blanco, además de suspenderla de sus funciones a mediados de septiembre, le dio un plazo de 25 días para que entregue un informe en el que detalle, punto por punto, las irregularidades que se ventilan en gran parte de los diálogos. El pasado viernes los abogados Cristóbal Osorio y Manríquez, representantes de Vivanco, le entregaron al pleno 222 páginas de contestación y solicitó la oportunidad de hacer alegatos ante el pleno, lo que fue concedido.

Cuando se publicaron los chats mencionados, el máximo tribunal abrió un cuaderno de remoción y le pidió explicaciones a la magistrada por su “interferencia” en procesos de nominaciones, como el del Fiscal Nacional en 2022 y el de un conservador de bienes raíces de Viña del Mar y Concón. También por su intervención en vetar y apoyar el nominaciones de jueces de cargos altos “en coordinación con Luis Hermosilla”; su “intromisión” en causas que estaban en tramitación en salas de la Suprema coordinada con el penalista; la “entrega de información en causas relacionadas con miembros de Carabineros y de las Fuerzas Armadas” antes de que la sentencia fuera firmada y notificada oficialmente, además de “efectuar recomendaciones procesales” a Hermosilla y de concertarse “para obtener el nombramiento de miembros de la Suprema afines a sus intereses”.

Vivanco llegó a la Suprema en 2018, nombrada por el expresidente de la derecha tradicional Sebastián Piñera (2010-2014, 2018-2022), y ratificada por una mayoría del Senado. Sus credenciales eran ser una conocida académica de derecho, litigante de casos y que en los años noventa incursionó en política. Los primeros contactos con Hermosilla, que arrancaron por iniciativa de la abogada, fueron en marzo de 2018, cuatro meses antes de que se ratificara su nombramiento. “Quisiera conversar con usted acerca de mi postulación a la Corte Suprema, cuando me pueda recibir”, escribió. Para esa fecha, Hermosilla era un importante asesor jurídico del Ministerio del Interior que encabezaba Andrés Chadwick, primo de Piñera y su principal consejero político.

El mecanismo de cómo se eligen los jueces de la Suprema es clave para entender la trama: los postulantes envían sus antecedentes al pleno del Máximo Tribunal, de 21 integrantes. Tras escuchar sus exposiciones en audiencias públicas seleccionan una quina. Luego, el presidente de la República elige un nombre de esa lista breve que debe ser ratificado por el Senado por un quórum de dos tercios. En mayo de 2018, dos meses después del primer contacto, Hermosilla le aseguró a Vivanco que su designación era prometedora: “Eres la candidata del presidente”, le dijo. En julio, el Senado aprobó la designación de la nueva ministra de la Corte Suprema por 30 votos a favor, ocho en contra –de parlamentarios de izquierda– y dos abstenciones.