La Corte Suprema define el futuro de la jueza Ángela Vivanco, suspendida por posibles irregularidades

Este jueves es un día clave para el futuro de la jueza de la Corte Suprema chilena, Ángela Vivanco, de 61 años, suspendida de sus funciones desde hace un mes por posibles irregularidades durante su ejercicio. El Alto Tribunal celebrará una audiencia para definir la continuidad de la magistrada, implicada en el caso Audios, la trama política y judicial que impacta a Chile hace once meses, luego que Ciper Chile publicara sus mensajes con el influyente abogado Luis Hermosilla –hoy en prisión preventiva por presuntos delitos de corrupción–, en los que se revela que pudo haber entregado al penalista información de causas en trámite. La gravedad del contenido impulsó a sus pares a abrir un expediente de remoción basado en siete cargos en contra de Vivanco. Su defensa realizará esta mañana los alegatos en una reunión extraordinaria que será transmitida en vivo y en directo. En paralelo, en el Congreso avanza una acusación constitucional contra Vivanco por abandono de deberes.

Según uno de los abogados defensores de Vivanco, Juan Carlos Manríquez, la remoción de su representada este mismo jueves “es una posibilidad”, pero que al ser un caso tan poco usual, las decisiones las toma el pleno. “No sabemos si ha convocado para oír alegatos y decidir. Puede resolver dejar el caso en estudio, pedir más antecedentes o dejar su fallo para otra fecha”, sostuvo este miércoles luego de que la Cámara de Diputados y Diputadas aprobara el libelo contra la magistrada, dando paso al Senado para decidir si queda inhabilitada de ejercer cargos públicos durante cinco años.

Las conversaciones por Whatsapp con Hermosilla que salpicaron a Vivanco revelan que le pidió ayuda al abogado para ser nominada en la Suprema en 2018; cómo intentaba, ya como ministra, vetar designaciones de magistrados y apoyar el ascenso de otros y, además, compartir información de causas de interés. Debido a “la gravedad de los hechos”, el presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco, además de suspenderla de sus funciones a mediados de septiembre, le dio un plazo de 25 días para que entregue un informe en el que detalle, punto por punto, las irregularidades que se ventilan en gran parte de los diálogos. El pasado viernes los abogados Cristóbal Osorio y Manríquez, representantes de Vivanco, le entregaron al pleno 222 páginas de contestación y solicitó la oportunidad de hacer alegatos ante el pleno, lo que fue concedido.

Cuando se publicaron los chats mencionados, el máximo tribunal abrió un cuaderno de remoción y le pidió explicaciones a la magistrada por su “interferencia” en procesos de nominaciones, como el del Fiscal Nacional en 2022 y el de un conservador de bienes raíces de Viña del Mar y Concón. También por su intervención en vetar y apoyar el nominaciones de jueces de cargos altos “en coordinación con Luis Hermosilla”; su “intromisión” en causas que estaban en tramitación en salas de la Suprema coordinada con el penalista; la “entrega de información en causas relacionadas con miembros de Carabineros y de las Fuerzas Armadas” antes de que la sentencia fuera firmada y notificada oficialmente, además de “efectuar recomendaciones procesales” a Hermosilla y de concertarse “para obtener el nombramiento de miembros de la Suprema afines a sus intereses”.

La defensa de Vivanco alegó que el procedimiento iniciado en contra de su representada no respeta la jurisprudencia fijada por el pleno, que exige un procedimiento disciplinario previo, que consta de investigación, formulación de cargos, descargos, probatorio, los que “aseguran el derecho de defensa y una resolución debidamente motivada, todo previo al inicio del procedimiento de remoción”.

El pleno de la Suprema se reunió esta semana para analizar las solicitudes de la defensa de Vivanco, donde revisaron las eventuales inhabilidades de los pares de la magistrada. Por mayoría, aprobaron la causal que presentó el propio ministro Sergio Muñoz, argumentando que podría impactar la acusación constitucional impulsada por Chile Vamos, de la derecha tradicional, que se tramita en el Congreso en su contra por una arista distinta a la trama, pero que fue presentada bajo el mismo libelo, aprobada este miércoles en la Cámara de Diputados y Diputadas. La izquierda presentó una acusación constitucional por su propio carril que se votará la próxima semana. Vivanco y Muñoz son integrantes de la tercera sala constitucional, la más influyente de la Suprema.

El otro juez que solicitó inhabilitarse es el tercer magistrado que enfrenta una acusación constitucional, Jean Pierre Matus. Su libelo lo presentó el oficialismo y la Democracia Cristiana por abandono de deberes. Dijo que este hecho y su “agradecimiento” a la magistrada por haber votado por él cuando se postuló al cargo podía afectar la decisión. El pleno rechazó la posible implicancia.

Los abogados de Vivanco acusaron que más de la mitad de los magistrados deberían inhabilitarse por ausencia de imparcialidad. Sobre este punto, la portavoz de la Corte Suprema, Soledad Melo, sostuvo que el pleno revisó el lunes las causales de implicancias manifestadas por los ministros. “No analizamos el escrito de contestación” y que tendrán que hacerse cargo de ello “en su momento”.

Vivano llegó a la Suprema en 2018, nombrada por el expresidente de la derecha tradicional Sebastián Piñera (2010-2014, 2018-2022), y ratificada por una mayoría del Senado. Sus credenciales eran ser una conocida académica de derecho, litigante de casos y que en los años noventa incursionó en política. Los primeros contactos con Hermosilla, que arrancaron por iniciativa de la abogada, fueron en marzo de 2018, cuatro meses antes de que se ratificara su nombramiento. “Quisiera conversar con usted acerca de mi postulación a la Corte Suprema, cuando me pueda recibir”, escribió. Para esa fecha, Hermosilla era un importante asesor jurídico del Ministerio del Interior que encabezaba Andrés Chadwick, primo de Piñera y su principal consejero político.

El mecanismo de cómo se eligen los jueces de la Suprema es clave para entender la trama: los postulantes envían sus antecedentes al pleno del Máximo Tribunal, de 21 integrantes. Tras escuchar sus exposiciones en audiencias públicas seleccionan una quina. Luego, el presidente de la República elige un nombre de esa lista breve que debe ser ratificado por el Senado por un quórum de dos tercios. En mayo de 2018, dos meses después del primer contacto, Hermosilla le aseguró a Vivanco que su designación era prometedora: “Eres la candidata del presidente”, le dijo. En julio, el Senado aprobó la designación de la nueva ministra de la Corte Suprema por 30 votos a favor, ocho en contra –de parlamentarios de izquierda– y dos abstenciones.

El último juez del Supremo destituido por sus pares fue Luis Correa Bulo, en 2001. Su defensa, al igual que la de Vivanco, pidió alegatos, pero en aquel caso el plano lo rechazó. Ese precedente reviste la audiencia de este jueves en un hito en la historia del Poder Judicial.