Gabriel Boric presenta un Presupuesto para 2024 con énfasis en la inversión social y la probidad

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha presentado su presupuesto para 2024. Es un proyecto que, adelantó el mandatario la noche del jueves en cadena pública, estará enfocado en el aumento de la inversión social y en la seguridad y busca “seguir mejorando la vida de nuestros habitantes, en particular de las familias trabajadoras de ingresos bajos y medios, de jóvenes y de personas mayores”.

El presidente destacó que se trata de un “presupuesto responsable, que gestiona bien la economía y refuerza el crecimiento”, y resaltó que en 2024 “Chile volverá a crecer y la inflación seguirá bajando hasta alcanzar sus niveles normales del 3%”. “Este Presupuesto da las certezas necesarias para asegurar que esto ocurra”, dijo.

Según explicó Boric, la propuesta considera un aumento de 3,5% en el gasto público, el que será destinado principalmente a seguridad, salud, educación, vivienda, emergencias, cuidados y cultura. En materia de orden público y seguridad, el presupuesto se incrementará en 5,7% y se concentrará en fortalecer el plan Calles Sin Violencia, enfocado en recuperar espacios públicos, derribar los llamados narco-mausoleos y reforzar la labor de las policías para el combate del crimen organizado. Asimismo, el Gobierno anunció que se abrirán nuevas fiscalías en comunas alejadas como Colchane, en la frontera norte del país;en San Pedro de la Paz, en la región de Biobío; y Puerto Williams en la región de Magallanes. También se aumentará la capacidad carcelaria en 4.107 nuevas plazas.

En materia de salud, el gasto tendrá un salto importante, de 8,1%, que se destinará a mejorar la atención primaria, avances en el plan de Copago Cero, la construcción de seis nuevos hospitales y el financiamiento de 48 mil cirugías. También, el Gobierno busca aumentar en 6.000 los empleos permanente en el sector salud, un anuncio que se realiza en medio del llamamiento a la huelga desde las organizaciones de trabajadores de este sector por el despido de los funcionarios que prestaron servicios durante la pandemia.

La Administración de izquierdas debe cumplir además con el compromiso de construir 260 mil viviendas durante su período que finaliza en 2026, por lo que uno de los mayores incrementos del erario fiscal será en ese surbo, con un 12%.

La construcción de un Sistema Nacional de Cuidados es una de las promesas de campaña de Gabriel Boric, por lo que tendrá un aumento de 20% del presupuesto destinado a crear 20 establecimientos para adultos mayores en todo Chile. El plan contempla el financiamiento de más de 500 cupos adicionales en residencias privadas sin fines de lucro y la apertura de dos nuevos condominios de viviendas tuteladas para personas mayores.

En educación, el proyecto plantea un aumento de 4,2%, dedicado al Plan de Reactivación Educativa para seguir abordando el impacto de la pandemia sobre los aprendizajes, la asistencia a clases, la convivencia y la salud mental. Se ampliará además la cobertura para la gratuidad universitaria que se inició durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018).

Para paliar las emergencias, luego de los desastres que ha debido enfrentar Chile en 2023 con incendios e inundaciones, el erario fiscal contempla un alza de 28% en los fondos para la recuperación de las localidades afectadas, así como también al Plan de Protección contra Incendios Forestales, que incluirá 70 aeronaves y más de 3.000 brigadistas.

El gasto público en cultura se incrementará en 6,8% para fortalecer el Consejo de Monumentos Nacionales, mejorar las bibliotecas públicas y ampliar los horarios de los museos. Otro eje será el aumento de recursos para Sitios del Patrimonio Mundial como el casco histórico de Valparaíso, el Camino del Inca o los asentamientos Chinchorro, además de un tren cultural que recorrerá el país para llevar oferta cultural a sectores alejados.

Énfasis en medio del ‘caso Convenios’

Uno de los ejes más esperados del proyecto del Gobierno eran las materias relativas a la probidad pública. Es un tema que ha sido puesto sobre la mesa por la oposición a raíz del escándalo que estalló a mitad de este año por los traspasos de dineros públicos, a través de trato de directo, desde la secretaría regional de Vivienda de Antofagasta a la fundación Democracia Viva, vinculada al partido de la coalición de Gobierno, Revolución Democrática (RD). Tras ello, se destaparon transferencias irregulares desde diversas instituciones públicas a otras fundaciones.

Boric no ahondó en esta materia y solo mencionó que “este es un presupuesto que pone controles de probidad más estrictos para evitar que cualquier persona inescrupulosa use de manera incorrecta los recursos destinados a satisfacer las necesidades sociales”. En este punto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ya había adelantado que habría cambios recogiendo las recomendaciones de la Comisión Asesora Ministerial sobre transferencias a instituciones privadas sin fines de lucro, que se creó luego de que estallara el caso.

El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Ricardo Lagos Weber, señaló que “va a haber un cambio muy sustantivos. Para que se entienda, va a ser difícil que los casos convenios se repitan, las irregularidades y la corrupción que vimos ahí”.

Un punto que no fue incluido en el proyecto es el aumento de las pensiones. Hacia el final de su discurso, Boric hizo un llamamiento a los sectores políticos para avanzar en el Pacto Fiscal y lograr una reforma tributaria que permita recaudar más y así financiar los aumentos de Pensión Básica Universal (PGU). “Mejorar las pensiones no depende de este Presupuesto, sino de un acuerdo país que sigue estando pendiente. Es momento de concretar este acuerdo nacional a la brevedad”, dijo.

El factor Javiera Martínez

Este viernes, el proyecto ingresará al Congreso, que tiene un plazo de dos meses para su discusión. El debate se avecina difícil, sobre todo porque tanto desde algunos sectores de la derecha tradicional como del Partido Republicano, de extrema derecha, han condicionado su avance a la renuncia de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, militante de RD. La responsabilizan de haber flexibilizado el traspaso de recursos públicos a los gobiernos regionales (Gore) en la Ley de Presupuesto 2022, lo que habría posibilitado las causas de corrupción que han salido a la luz en el marco de esta trama. Una acusación que, en todo caso, han explicado desde la Dirección de Presupuestos (Dipres), no sería tal, puesto que las transferencias cuestionadas fueron realizadas en 2022 cuando la actual Ley de Presupuestos aún no regía.

Se le critica, además, por un error contable de la Dipres que implicó que tuviera que hacer una corrección a principios de septiembre que significó un recorte de unos 800 millones de dólares en los ingresos fiscales, lo que se debió a una equivocación en el ingreso de datos en la ejecución de junio.

“Javiera Martínez permitió que los recursos de todos los chilenos terminaran en fundaciones corruptas. Su continuidad es insostenible y su renuncia es indispensable para asegurar transparencia y probidad”, escribió en X José Antonio Kast, líder del Partido Republicano.

Desde el Gobierno han salido a blindar en bloque a la directora de Presupuestos. De hecho, en el comité político ampliado realizado el miércoles en la noche, el presidente Gabriel Boric entregó su total respaldo a la funcionaria de quien dijo “seguirá a cargo de la Dipres”.

El partido Unión Demócrata Independiente (UDI), de la derecha histórica, que en un principio había pedido la cabeza de Martínez, cambió de opinión. La secretaria general de esa tienda política, María José Hoffman, descartó esta semana que su colectividad condicione su respaldo a la Ley de Presupuesto a la salida de Martínez. “Vamos a ir viendo en el camino, pero por ahora lo descartamos”, señaló.

Es un hecho, sin embargo, que la discusión vendrá acalorada en un Congreso donde la Administración de izquierdas no tiene mayoría. “No va a ser una discusión como las tradicionales, esa es mi impresión, espero equivocarme”, señala el exdirector de Presupuestos del segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), Sergio Granados. “La derecha tiene esta contingencia política hoy con la Constitución, el escándalo de las fundaciones con Democracia Viva y lo van a sacar a relucir en la discusión presupuestaria. Se la van a poner difícil al Ejecutivo, porque van a pedir más controles a los gobiernos regionales y pueden llegar al extremo que paralicen su gestión, pueden bloquear partidas y forzar una discusión política que no le conviene a Chile”, explica.