El escándalo de uno de los principales partidos del Gobierno de Boric pone nuevas trabas a la reforma tributaria en Chile

El escándalo político que impacta al Frente Amplio chileno por los dineros traspasados desde el ministerio de Vivienda a la Fundación Democracia Viva, ligada al partido oficialista Revolución Democrática (RD), ha alcanzado a uno de los principales proyectos del Gobierno de Gabriel Boric: la reforma tributaria. La Fiscalía investiga los 426 millones de pesos (unos 530 mil dólares) que entregó la sede de Antofagasta del ministerio de Vivienda a esta fundación y la trama encendió el debate sobre el mal uso de los recursos públicos. De paso, ensombrece el panorama para materializar un alza de impuestos en el país sudamericano, una de las promesas de campaña del actual mandatario. Con más de medio mandato por delante –dos años y medio de Administración– Boric busca un pacto fiscal, es decir, una suerte de consenso sobre lo que Chile debe hacer en materia económica para financiar cambios sustanciales, como las pensiones.

El proyecto de reforma tributaria del Gobierno fue rechazado en su primer trámite por la Cámara de Diputados y Diputadas en marzo pasado y, luego de una serie de conversaciones con los protagonistas, el Ejecutivo lo ingresaría nuevamente en julio al Senado. Lo anunció el presidente Boric en su discurso ante el Congreso el 1º de junio, pero los últimos acontecimientos no ayudan al ministro de Hacienda, el socialista Mario Marcel, que apunta a llegar a un acuerdo con los empresarios antes de acudir a la Cámara Alta.

La falta de propuestas concretas para impulsar el crecimiento y la alicaída situación económica –Chile crecería entre 0,5% y 0,25% este año, según las últimas proyecciones entregadas por el Banco Central–, hicieron retroceder al sector empresarial, que en un principio se había mostrado dispuesto a negociar un alza de impuestos. La semana pasada, Ricardo Mewes, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), que agrupa a las principales actividades del país, entregó una declaración pública en la que confirmó que no están disponibles para apoyar un aumento impositivo: “Recaudar por la vía de alzas tributarias o nuevos impuestos no es el camino adecuado, pues ello impide que Chile recupere su capacidad de crecer”, sentenció.

Convenios por 530.000 dólares

El caso tiene cierta complejidad y a diario se conocen nuevos antecedentes. Cada ministerio tiene una secretaría regional ministerial, Seremi, en cada una de las 16 regiones en que está dividido el territorio chileno. La Seremi de Vivienda de la región de Antofagasta, en el norte del país, estaba liderada por Carlos Contreras, militante de RD, que fue un asesor cercano de la diputada del mismo partido, Catalina Pérez. En el ejercicio de su cargo, Contreras asignó directamente 426 millones de pesos (unos 530.000 dólares) a la Fundación Democracia Viva, encabezada por Daniel Andrade, pareja de la legisladora. El dinero estaba destinado, supuestamente, a colaborar en la ayuda se asentamientos precarios de la región, una zona fuertemente impactada por los problemas de vivienda.

Esta causa provocó la salida del Contreras, que suscribió el polémico convenio. La diputada tuvo que suspender sus funciones como vicepresidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas. El pasado fin de semana, el Gobierno le pidió la renuncia a la número dos del ministerio de Vivienda, la subsecretaria Tatiana Rojas, militante de RD.

Ahora, en medio del escándalo de los dineros públicos, las conversaciones por la tributaria se complican para la actual Administración. Luego de conocerse detalles de la causa, Mewes sostuvo que lo ocurrido con la Fundación Democracia Viva “levanta todos los temores de cómo se van a controlar los recursos que efectivamente el Estado pueda recaudar” y aseguró que la investigación dificulta más llegar a un acuerdo fiscal. “Hace tiempo ya le explicábamos al ministro Marcel la imperiosa necesidad de que cualquier mecanismo tributario de aumento tiene que venir asociado de una eficiencia en el gasto público”, agregó el líder empresarial.

El ministro Marcel, que se encuentra de gira en Estados Unidos y Canadá, intentó un nuevo acercamiento a los privados. A través de una carta a la CPC, el jefe de las finanzas públicas se mostró abierto a discutir con el gremio “iniciativas concretas” para apuntalar el crecimiento económico y la eficiencia del gasto público. “Esperamos que la negativa a discutir aumentos de impuestos a la luz de la situación de las empresas, no impida que la CPC conozca, opine y haga sugerencias respecto de la creación de incentivos tributarios a la inversión, la formalización y la productividad; las modificaciones a la tributación a los altos ingresos personales; la reducción de exenciones y gastos tributarios no justificados, y la eliminación de resquicios legales que facilitan la elusión de impuestos”, planteó el ministro en una misiva.

Un caso que “recién comienza”

Mientras, el asunto ha sido objeto de debate en el Congreso. Guillermo Ramírez, jefe de bancada del partido de derecha Unión Demócrata Independiente (UDI), y miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, dijo en una entrevista que espera que se ponga “la lápida final al aumento de impuestos”. Argumentó que “la forma en que se están gestionando los recursos públicos es una verdadera vergüenza, es indefendible”.

Pero tanto parte del oficialismo como algunos técnicos han rebatido la postura de la oposición y los empresarios. “A la derecha le vino como anillo al dedo”, dijo este martes la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Vodanovic, en referencia a la trama que azota al Frente Amplio. El economista Joseph Ramos, académico de la Universidad de Chile, en la misma línea aseguró: “Hay algo de populismo en la oposición”. El profesor de la misma universidad, el economista Dante Contreras, dijo hace unos días en EL PAÍS: “Que la derecha y los empresarios en Chile se resten de una reforma tributaria no es sano y no mira el largo plazo”.

La Fiscalía, que investiga tráfico de influencias, fraude al Fisco y malversación de caudales públicos, ordenó un allanamiento a las oficinas de la Seremi de Vivienda de Antofagasta y a las oficinas de Santiago de la Fundación Democracia Viva. Mientras, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se encuentra recopilando antecedentes para determinar una eventual querella y el jueves se cumple el plazo que la Contraloría le dio al ministerio de Vivienda para entregar antecedentes.

El partido de la derecha tradicional UDI presentó una querella por fraude al Fisco y tráfico de influencias para determinar las responsabilidades de la causa y parlamentarios de oposición solicitaron la creación de una comisión investigadora en el Congreso.

Pero el caso, según lo que adelantó el ministro de Vivienda, Carlos Montes, un socialista de larga experiencia, está lejos de terminar. “Esto está empezando”, dijo este domingo el secretario de Estado, que ayer viajó hasta Antofagasta, en el norte del país. En su visita recorrió los campamentos donde Democracia Viva hacía sus intervenciones, para verificar en terreno el trabajo realizado por la fundación, y se reunió con el fiscal a cargo del caso, Christian Aguilar, a quien entregó nuevos antecedentes. Según confirmó el mismo secretario de Estado, habrían seis personas que cumplían funciones de apoyo en la oficina de la Seremi de Vivienda de esa región y en el Servicio de Vivienda y Urbanización que, al mismo tiempo, fueron contratadas por la fundación. El Ejecutivo analiza actualmente presentar una querella criminal.

La diputada Pérez sigue en el centro del huracán. Anoche, la policía allanó su vivienda. Luego de que su partido calificara como “error político” el escándalo, la directiva de la fuerza política decidió suspender su militancia y condenó los hechos sin matices. El presidente Boric, en tanto, hizo un llamamiento a sus ministros a “anticiparse” ante posibles casos de corrupción: “Tenemos que saber qué está pasando”, dijo el mandatario desde el sur del país, donde visita las zonas afectadas por los grandes temporales y desbordes de ríos del pasado fin de semana.