El Gobierno de Boric propone levantar el secreto del informe Valech, que recoge los testimonios de las víctimas de la dictadura de Pinochet

En la antesala de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile el 11 de septiembre, el Gobierno de Gabriel Boric ha presentado este martes una batería de propuestas legislativas de derechos humanos. Entre las iniciativas ha incluido una que busca levantar parcialmente y bajo reserva el secreto de los testimonios prestados ante la Comisión de Prisión Política y Tortura, creada en 2003 y que documentó las torturas contra miles de chilenos durante la dictadura de Augusto Pinochet. El objetivo es que el Plan de Búsqueda Verdad y Justicia, presentado por el Ejecutivo de izquierdas la semana pasada, acceda a la información entregada por las víctimas, siempre que ellas o sus herederos lo consientan.

La propuesta anunciada ha sido resistida en el pasado por sectores de la centroizquierda, que defienden que el Estado se comprometió a guardar la confidencialidad de los testimonios por 50 años. La Comisión de Prisión Política y Tortura, liderada por el exobispo de Santiago, Sergio Valech, -por eso se la conoce como Comisión Valech-, se constituyó en 2003, durante el Gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006). Al año siguiente, se presentó un informe que daba cuenta de más de 30.000 víctimas, 28.459 por detenciones ilegales, tortura, ejecuciones y desapariciones y más de 800 centros de tortura. Durante el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), se formó una nueva comisión, llamada Valech 2, la que estableció la existencia de 9.795 nuevas víctimas de prisión política y tortura en la dictadura.

Cuando la Administración de Lagos fijó el medio siglo de secreto, el entonces mandatario socialista explicó que una de las víctimas le había hecho ver que si destapaban la privacidad de su testimonio antes de 50 años, ella probablemente seguiría viva y no quería que sus nietos conocieran las atrocidades que había sufrido.

Consultado sobre el potencial quiebre del compromiso con quienes dieron su testimonio, el ministro de Justicia de Boric, Luis Cordero, sostuvo esta mañana que la información sólo se utilizará para cumplir con el programa que lidera de búsqueda e identificación de 1.092 personas, destinado a conocer las circunstancias por el que pasaron las víctimas y cotejar los datos con las cientos de investigaciones judiciales que aún siguen abiertas en los tribunales. “La finalidad es cumplir con uno de los objetivos del plan, que es trazar las trayectorias de cada una de las personas detenidas y hechas desaparecer de modo que esa información pueda ser revelada en el momento que se encuentren hallazgos relevantes, previo consentimiento de las víctimas o sus herederos”, sostuvo Cordero.

También se establecerá la facultad para que las personas decidan voluntariamente alzar ese secreto y se buscará que la información recogida por la Comisión Valech esté a disposición de los tribunales de justicia, como ocurre en el caso de la Comisión Valech 2. Actualmente, la forma en que los tribunales acceden a los testimonios es mediante las acciones que las víctimas ponen a disposición o solicitando al Instituto Nacional de Derechos Humanos con consentimiento de la víctima.

“Quiero ser bien enfático. Finalmente son las víctimas las que deciden qué se hace con esa información”, añadió el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde. “Si una víctima se opone, está en todo su derecho y siempre vamos a respetar su decisión”, añadió. En la actualidad, las personas afectadas pueden requerir su carpeta con todos sus testimonios. Se han solicitado más de 8.000.

El levantamiento del secreto de la Comisión Valech solo se puede hacer mediante un proyecto de ley en el Congreso, donde el Gobierno de Boric no tiene mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. “Hay una razón de persuasión suficiente para que consigamos los votos”, defendió el ministro Cordero.

Entre las otras propuestas legislativas anunciadas este martes figura la creación de la calificación jurídica de ausente por desaparición que busca establecer un registro especial en el Registro Civil e Identificación y un certificado correlativo. También la tipificación de los delitos de desaparición forzada y ejecución extralegal y una política nacional de memoria y patrimonio para mejorar los mecanismos de financiamiento y mantenimiento de los espacios de memoria y fortalecer la regulación de estos sitios. Por último, la eliminación del carácter secreto, reservado o de circulación restringida de un conjunto de leyes que fueron dictadas durante la dictadura.