‘Caso Primus’: las claves para entender la trama que sacude el mercado financiero chileno

Una investigación interna de la empresa de factoring Primus Capital ha dado pie a uno de los escándalos financieros más bullados de los últimos años en Chile. Es una verdadera telenovela que sacude al mercado chileno, cuyas consecuencias todavía no terminan de conocerse: cheques falsificados, acusaciones cruzadas, filtración de vídeos y montos involucrados sobre los 100 millones de dólares. Una polémica a la que se suma la investigación penal abierta la semana pasada en contra de los hermanos Sauer, controladores de la empresa de factoring ...

Una investigación interna de la empresa de factoring Primus Capital ha dado pie a uno de los escándalos financieros más bullados de los últimos años en Chile. Es una verdadera telenovela que sacude al mercado chileno, cuyas consecuencias todavía no terminan de conocerse: cheques falsificados, acusaciones cruzadas, filtración de vídeos y montos involucrados sobre los 100 millones de dólares. Una polémica a la que se suma la investigación penal abierta la semana pasada en contra de los hermanos Sauer, controladores de la empresa de factoring Factop y de la corredora de bolsa STF, por administración desleal y apropiación indebida, entre otros delitos. EL PAÍS entrega las claves para entender el conflicto.

¿Cómo opera la industria del factoring?

Es un tipo de financiamiento a través del cual una empresa vende sus facturas o cuentas por cobrar con un descuento a una firma de factoring y, a cambio, obtiene dinero de manera inmediata. De esta manera, le traspasa el trabajo de cobranza a un tercero, el que luego gana un diferencial. En Chile, existen unas 150 empresas de factoring: cerca del 80% opera como filiales de un banco y, el resto, como sociedades no bancarias. Según el informe Caracterización del Factoring Bancario en Chile: 2009-2020, publicado por el Banco Central de Chile en 2022, esta industria representó el 2,4% del PIB de Chile a diciembre de 2019.

¿Cómo arrancó el caso Primus?

Las primeras irregularidades se conocieron a fines de marzo de este año cuando un informe del área de auditoría interna de la empresa Primus Capital –el segundo factoring no bancario de Chile– reveló la existencia de operaciones que habrían sido respaldadas con cheques falsificados. El valor total de los documentos, en ese entonces, ascendía a unos 6,5 millones de dólares. Pero un mes más tarde, la compañía comunicó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) –el organismo que en Chile supervisa el mercado de valores, bancos, compañías de seguros y otras entidades– que había otros 3,2 millones de dólares involucrados. En total, casi 10 millones de dólares en incobrables de cheques que nunca fueron emitidos realmente.

La auditoría, había sido encargada por el director de Primus Capital, Eduardo Guerrero, tras detectar a mediados de 2022 movimientos realizados por una sociedad ligada a sus ejecutivos que, según la versión de la empresa, no contaban con la venia del directorio.

‘Paila’ y los controladores

El control de la firma hoy está en manos del empresario chileno Raimundo Valenzuela (67,93%), conocido en el mercado financiero como Paila. Sus demás socios son Eduardo Guerrero (10,79%) y Fernando Franke (13,89%). Valenzuela es un hombre respetado en el circuito financiero chileno. Controlador de RR Wine, uno de los mayores exportadores de vino a granel de Chile, fue socio de la gestora de inversiones Moneda (ahora propiedad de la brasileña Patria), además de director de varias empresas, entre ellas la inmobiliaria de centros comerciales, Parque Arauco; la concesionaria del club de fútbol Colo Colo, Blanco y Negro; y la eléctrica Endesa. En esta última, en la que participaba como representante de las administradoras de fondos de pensiones, renunció en 2009. Valenzuela es también un avezado inversionista de la bolsa local y un activo donante de las campañas políticas en Chile. Su nombre apareció entre los principales aportantes del candidato de la derecha tradicional, Sebastián Sichel, en las presidenciales de 2021.

Eduardo Guerrero, por su parte, trabaja hace 14 años con Valenzuela. Ingeniero comercial de la Universidad Católica y magíster en economía y tributación, fue el principal asesor económico del candidato a presidente del conservador Partido Republicano, José Antonio Kast. Franke en tanto, es un conocido inversionista de la bolsa que hizo su fortuna comprando acciones y apostando por bonos rusos y latinoamericanos.

Los ejecutivos y socios

El resto de la propiedad está en manos de Patricio Cárdenas, gerente legal de la firma (1,4%) e Inversiones ACM. En esta última participan el ahora exgerente general corporativo, Francisco José Coyemans; el exdirector comercial corporativo, Ignacio Amenábar; y el actual gerente de Operaciones, Brian Moore. Estos tres socios fueron quienes, en 2014, propusieron levantar la empresa de factoring a Valenzuela. Llegaron a tener 16,79% de Primus Capital, pero tras los aumentos de capital realizados por sus socios mayoritarios en los últimos meses, su participación se diluyó: hoy tienen el 2,73% de la propiedad.

Las acusaciones cruzadas

A fines de abril, Primus Capital informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de “la existencia efectiva de un esquema destinado a defraudar a la compañía”. Acusó a Coeymans y Amenábar de estar detrás de ese mecanismo y anunció acciones legales. A su vez, los ejecutivos optaron por autodespedirse y presentaron una demanda laboral en los tribunales chilenos. Coeymans reclama unos 715 mil dólares y Amenábar, unos 975 mil dólares. En ella niegan haber participado de un esquema delictual y acusan que parte importante de las operaciones realizadas con los cheques que resultaron ser falsos, fueron autorizadas por Guerrero, que se involucró en el día a día de la compañía a partir de agosto de 2022. A su vez, a principios de agosto, los ejecutivos presentaron una querella criminal por prevaricación contra el abogado de la compañía, Patricio Cárdenas. Coeymans y Amenábar aseguran que el gerente legal estaba al tanto de las operaciones cuestionadas.

La respuesta de Primus a la demanda laboral llegó el jueves 3 de agosto. Junto con expresar que son víctimas de “uno de los escándalos financieros y corporativos más graves del país ocurrido durante los últimos años”, insisten en la existencia de un esquema fraudulento y exponen una serie de detalles encontrados en su investigación: equipos de espionaje al interior de las oficinas, empresas creadas el mismo día, pagarés firmados por Coeymans con tinta borrable y viajes de placer de los ejecutivos a Miami y Máncora, pagados con dineros de la empresa. La respuesta de los ejecutivos no se hizo esperar. Ese mismo día filtraron un vídeo, en el que Valenzuela aparece bailando sin camiseta en la celebración del cuarto aniversario de Primus. “Si ocupan este tipo de recursos, quiere decir que no tienen nada”, replicó el controlador de la firma.

El esquema

Según ha detallado Primus en informaciones de la prensa local, el “esquema” utilizado por sus exejecutivos para defraudar a la compañía consistía en operaciones realizadas con cheques falsos asociados a empresas ligadas a personas naturales que actuaron de manera coordinada con Coeymans y Amenábar. Para esclarecer las irregularidades, la empresa de factoring encargó un estudio a la firma auditora KPMG, cuyos resultados preliminares se dieron a conocer la semana pasada en el marco de la demanda laboral presentada por sus exejecutivos. El informe detalla que 42 de los 55 clientes cuestionados iniciaron sus operaciones con Primus sin estar debidamente formalizados en el Servicio de Impuestos Internos (SII). Ademas, revela que 18 sociedades vinculadas a clientes de nacionalidad extranjera fueron creadas bajo la plataforma Empresas en un día y no contaban con el historial financiero necesario para operar. El informe identifica un grupo de personas que se repiten entre las diversas sociedades investigadas, entre ellos el director médico de la Clínica las Condes, Rodrigo Mardones, contra quien Primus Capital presentó una querella por giro doloso de cheques; el técnico en cocina e ingeniero Marcelo Rivadeneira y su socio Hugo Villagrán.

Los montos involucrados

Según lo informado por Primus Capital a la CMF, el total de cheques falsos detectados entre las irregularidades suman cerca de 10 millones de dólares. Pero, además, habrían colocaciones derivadas de facturas ideológicamente falsas, es decir, a partir de servicios que nunca se prestaron. Cuando estalló el caso los controladores de la firma anunciaron la compra de la cartera cuestionada por unos 30 millones de dólares y un aumento de capital. En total, desembolsaron cerca de 60 millones de dólares. Y para el jueves de esta semana está fijada una junta extraordinaria de accionistas en la que definirán si adicionan a la empresa una cifra similar. Con eso, serían casi 120 millones de dólares los destinados por Valenzuela, Guerrero y Franke para mantener a flote a la empresa y responder a sus acreedores, entre los que está el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Los hermanos Sauer: el otro caso

Si el caso Primus Capital puso a la industria del factoring en la mira, el caso Factop terminó por confirmar que hay problemas en este negocio. La semana pasada, el fiscal jefe de la Fiscalía del municipio de Las Condes, Felipe Sepúlveda, inició una investigación contra los hermanos Ariel y Daniel Sauer, dueños del Grupo Sum Capital, que controla la empresa de factoring Factop y la corredora de bolsa STF Capital, cuyo registro fue cancelado por la CMF el 8 de agosto. Se les acusa de delitos estafa, apropiación indebida, administración desleal, falsificación y entrega de información falsa al mercado. La CMF multó a los hermanos Sauer con unos 750 mil dólares, mientras se calcula que los inversionistas afectados sumarían más de 100, la mayoría de la colonia judía en Chile.

¿Y los reguladores?

En el mercado prevén que las prácticas que salen a la luz en la industria del factoring puedan derivar en mayores regulaciones. Según informaciones de la prensa local, la CMF habría oficiado reservadamente a Primus Capital para que entregue todos los detalles de su investigación interna y algunos apuestan a que los directores de la firma podrían ser sancionados por su “falta de diligencia y cuidado”, figura establecida en el artículo 41 de la Ley de Sociedades Anónimas.