Los republicanos arrastran a la derecha tradicional a buscar ‘la cabeza’ de Giorgio Jackson en el Congreso

El Partido Republicano de José Antonio Kast, de la extrema derecha conservadora, ha anunciado que el próximo lunes presentará en el Congreso una acusación constitucional en contra de Giorgio Jackson, ministro de Desarrollo Social del Gobierno del presidente de izquierdas chileno Gabriel Boric, que persigue su destitución. Lo ha informado la bancada republicana desde la sede del Parlamento en Valparaíso, a unos 110 kilómetros de Santiago, conformada por 12 congresistas. La acusación constitucional –una herramienta utilizada constantemente por las oposiciones contra el Gobierno de turno para derribar ministros– se produce en el marco del caso Convenios, una trama de traspasos de recursos del Estado a fundaciones privadas que ha impacto principalmente al partido Revolución Democrática (RD) del Frente Amplio chileno, fundado y liderado por Jackson. Actualmente, el caso se ha expandido desde que estalló el 16 de junio: 11 fiscales regionales investigan millonarios traspasos a 37 fundaciones en diferentes regiones de Chile.

“Existen méritos suficientes”, ha asegurado el presidente de la bancada republicana, el diputado Benjamín Moreno. El parlamentario detalló que el ministro de Desarrollo Social comprometió “gravemente el honor de la Nación, infringió la Constitución y las leyes y las dejó sin ejecución”. Moreno agregó que “la mayoría de los chilenos sabe que el ministro Jackson es el rostro de la corrupción en nuestro país”. El documento de la acusación, sin embargo, se conocerá en extenso recién el lunes, donde los republicanos fundamentarán su arremetida legislativa.

Es una jugada arriesgada la del Partido Republicano, que vuelve a liderar las posiciones duras de la oposición, luego de la apuesta UDI del 21 de julio de congelar el diálogo con el Gobierno mientras Boric no remueva a Jackson del Gabinete, que no ha tenido ningún efecto y, por el contrario, lo ha amarrado al cargo. Para que se apruebe la acusación en la Cámara de Diputados se necesitan 78 votos, de 155 congresistas. La UDI, sin embargo, esta tarde ha anunciado que la respaldará: “El Gobierno llevó la situación a un punto límite en que nos vemos forzados a tomar medidas como apoyar estar acusación constitucional”, ha asegurado Guillermo Ramírez, el líder de la bancada de la UDI.

Renovación Nacional, RN, de la derecha tradicional, como la UDI, ha informado a través de su diputado Frank Sauerbaum que la bancada de su partido va a “prestar toda la colaboración para que la acusación sea lo más contundente posible y tener todos los antecedentes técnicos y jurídicos”. “Lamentamos que el Gobierno nos haga llegar a este extremo”, dijo el congresista, que hizo un llamamiento al Ejecutivo para que remueva a Jackson antes del lunes “para no exponerlo una muerte política, que nadie le quiere proferir”.

Desde el Congreso, donde asistió este martes, Jackson recordó que esta es la segunda acusación que el Partido Republicano presenta en su contra. “No hemos visto ningún tipo de fundamento hasta ahora”, señaló. El ministro agregó: “Voy a seguir trabajando, independiente de las presiones del Partido Republicano”. En su misma declaración apuntó al que, cree él, es el trasfondo de la acusación: “Más allá de que acá se busque algo personal, lo que ha hecho sistemáticamente el Partido Republicano es frenar la agenda del Gobierno. Hoy puedo ser yo y mañana otra persona”.

En La Moneda, la portavoz de Gobierno, Camila Vallejo, reaccionó evidentemente molesta: “Se está haciendo una práctica habitual por el Partido Republicano anunciar acusaciones sin fundamentos y luego improvisar en el camino”. La ministra, compañera de generación de Jackson, pero militante comunista, aseguró: “Cada tres meses se está presentando una acusación constitucional y así como vamos, terminaremos con alrededor de 16 contra ministros de Estado en un solo periodo de Gobierno. Esto ya parece una práctica premeditada, habitual”.

El analista político Max Colodro, en entrevista con EL PAÍS, describió hace unos días el momento por el que atraviesa La Moneda. “El presidente Boric está hoy en un callejón sin salida: si remueve al ministro Jackson habrá cedido a presiones desmedidas de la oposición y de un sector del propio oficialismo. Pero si lo mantiene, sólo seguirá profundizando la parálisis del Gobierno y su pérdida de interlocución, en el esfuerzo por retomar su agenda de reformas. Es una situación y un momento muy difícil para La Moneda”, aseguró Colodro.

La principal duda: los votos

Desde que estalló el caso Convenios, a mediados de junio, Jackson ha estado en la mira de la oposición, que ha pedido sostenidamente su renuncia al presidente Boric. La UDI quebró las conversaciones con el Gobierno en medio del diálogo sobre la reforma de pensiones, uno de proyecto clave impulsados por esta Administración de izquierda. Con esta decisión, sin embargo, los republicanos –que libran una batalla intestina con la UDI por la firmeza de su papel opositor– ha redoblado la apuesta y buscarán la cabeza de Jackson con el apoyo de la Cámara. No resulta evidente, sin embargo, que vayan a conseguir los votos necesarios en el hemiciclo, incluso de tener los votos de la UDI y RN.

Hace una semana, en forma inédita, los parlamentarios aprobaron una resolución impulsada por el Partido Republicano que pide la salida del Gabinete de Jackson. Lo hizo por 68 votos a favor, 52 en contra y cinco abstenciones, con apoyos incluso del oficialismo, lo que deja en evidencia que las presiones por su salida no solo se circunscriben a la derecha opositora, sino que alcanza a otros sectores. Fue en los mismos días en que uno de los líderes de los empresarios, Ricardo Mewes, presidente de la CPC, uno de los principales gremios del sector privado, pidió a Boric su salida. Aunque luego Mewes aclaró sus palabras, el Gobierno, a través de su ministro de Hacienda, Mario Marcel, y su ministra del Interior, Carolina Tohá, le respondió fuertemente para respaldar a Jackson.

La acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, de presentare el lunes, pretende inhabilitarlo por cinco años de la función pública. Esta es la quinta acusación constitucional que se presenta desde la oposición a ministros del actual Gobierno y ninguna se ha aprobado: Izkia Siches (Interior), Giorgio Jackson (en enero de 2023), Marcela Ríos (Justicia), Marco Antonio Ávila (Educación) y la última, nuevamente contra Jackson. El principal aliado político de Boric, a su vez, en sus ocho años como diputado, entre 2014 y 2022, respaldó 11 de las 14 acusaciones constitucionales que se presentaron en el Congreso.

Antes de anunciase la arremetida opositora, el ministro Jackson aseguró que todavía no ha sido citado a declarar a la Fiscalía –lo haría en calidad de testigo–, pero que está disponible: “Somos los más interesados en que esto se esclarezca cuanto antes”, dijo el secretario de Estado la mañana de este martes.

La Cámara de Diputados, a su vez, ha formado una comisión investigadora del caso Convenios, que será presidida por el diputado de José Miguel Castro, militante del partido opositor RN.

La última encuesta Cadem, dada conocer este domingo, arrojó que un 56% de los consultados asocia a Jackson con el caso Democracia Viva, la primera fundación que fue investigada por el caso Convenios y que, precisamente, tiene a militantes de RD con sus protagonistas. Además, de acuerdo al mismo estudio, el 91% sigue pensando que la crisis generada por el traspaso de dineros por parte del Estado hacia distintas fundaciones es un acto de corrupción y el 85% que es una práctica generalizada y no un hecho aislado. Según el sondeo de Black & White, de la semana pasada, el 67% considera que Jackson debería renunciar.