La exministra de Justicia de Boric se libra de una acusación constitucional por el caso de los indultos que le costó el cargo

La acusación constitucional contra Marcela Ríos, exministra de Justicia de Gabriel Boric, ha fracasado este miércoles en el Congreso. La bancada de Chile Vamos -coalición que agrupa a la derecha y el centroderecha- impulsó la herramienta fiscalizadora contra Ríos por su presunta responsabilidad política y jurídica en los polémicos indultos que decretó el presidente Boric a condenados por delitos del estallido social de 2019 y los beneficios carcelarios a internos mapuche en la llamada macro zona sur de Chile. La iniciativa se rechazó con 82 votos en contra, 49 a favor y tres abstenciones. Esta es la tercera acusación constitucional que presenta la oposición a algún miembro actual o antiguo del gabinete del mandatario de izquierda, que todavía no cumple un año en el cargo. Todas han sido desestimadas en el Congreso.

“Hoy se ha hecho justicia. No hemos infringido ni la ley ni la Constitución durante el tiempo que asumí como ministra”, sostuvo Ríos, quien dimitió la primera semana de enero, asumiendo el coste político del perdón presidencial concedido a 13 condenados. La medida ha sacado ronchas por el historial delictivo de algunos de los perdonados, por las argumentaciones que han dado desde el Gobierno y por la falta de prolijidad en el proceso. El propio Boric explicó que la salida de Ríos se debió a que “hubo desprolijidades” en la ejecución. Ríos, militante de Convergencia Social, el mismo partido del mandatario, estuvo arropada durante toda la jornada por sus compañeros de coalición y por Ana Lya Uriarte, ministra de la Secretaría General de la Presidencia, y Antonia Orellana, ministra de la Mujer y la Equidad de Género.

Los indultos eran una promesa de campaña de Boric, pero han sido fuertemente criticados porque los ha aplicado cuando el país atraviesa una crisis de seguridad pública y la percepción de miedo frente a la delincuencia está en su punto más alto en dos décadas. Además, el 30 de diciembre, el día que el mandatario dio a conocer los nombres de los perdonados, aseguró: “Estos son jóvenes que no son delincuentes”. Luego se hizo público el largo prontuario de algunos de ellos y la portavoz del Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que si el presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, “la situación hubiese sido distinta”. El caso ha marcado un arranque de año complejo en La Moneda.

Los filtros de los indultados se aplican en primera instancia en el Ministerio de Justicia, liderado entonces por Ríos. Consultada este miércoles sobre si tenía los antecedentes de los perdonados, la politóloga respondió que los decretos de los indultos son públicos y que “todos se otorgaron cumpliendo con las leyes y la Constitución”.

Además de los 12 condenados por delitos cometidos en las revueltas, Boric indultó a Jorge Mateluna, un ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) condenado a 16 años de prisión por el asalto a un banco Santander en 2013. Para explicar su decisión, el mandatario sostuvo que “en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia… Tengo la plena convicción de la inocencia de Jorge y por eso hemos llevado adelante este indulto”. La Corte Suprema respondió a través de un escrito en el que recordaba que la Constitución establece que “ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales”.

La acusación constitucional contra la ex ministra de Justicia fracasó en parte por los votos en contra del partido Republicano, de extrema derecha. Uno de sus representantes, Benjamín Moreno, explicó la decisión de su bloque porque “acusar constitucionalmente a la exministra Ríos no hace justicia, no revoca los indultos ni significa que los terroristas de La Araucanía paguen como deben pagar”. Sin embargo, algunos políticos de Chile Vamos creen que fue un acto de “venganza” porque ellos no apoyaron la acusación de la semana pasada contra Giorgio Jackson, a cargo de la cartera de Desarrollo Social.

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