El Gobierno de Boric deja vacante la coordinación de los 50 años del golpe

Tras la renuncia del escritor Patricio Fernández como asesor de la conmemoración de los 50 años del golpe Estado en Chile, el presidente de izquierdas, Gabriel Boric, optó por no reemplazarlo. Por ello, los actos y actividades en torno a la fecha, que se realizarán hasta el 11 de septiembre, el día que las Fuerzas Armadas lideradas por Augusto Pinochet (1973-1990) derrocaron al ...

Tras la renuncia del escritor Patricio Fernández como asesor de la conmemoración de los 50 años del golpe Estado en Chile, el presidente de izquierdas, Gabriel Boric, optó por no reemplazarlo. Por ello, los actos y actividades en torno a la fecha, que se realizarán hasta el 11 de septiembre, el día que las Fuerzas Armadas lideradas por Augusto Pinochet (1973-1990) derrocaron al mandatario socialista Salvador Allende (1970-1973) bombardeando el Palacio de La Moneda, quedaron sin un rostro a cargo del proceso, sino en manos de distintas reparticiones, coordinados por el Ministerio de las Culturas y las Artes.

La dimisión de Fernández fue exigida a Boric por un grupo de parlamentarios del oficialismo, varios de ellos del Partido Comunista (PC), colectividad que forma parte importante del Ejecutivo chileno, y de organizaciones civiles y de derechos humanos, que lo acusaron de relativizar el golpe de Estado durante un programa radial conducido por el sociólogo Manuel Antonio Garretón. Ha sido una imputación que Fernández rechazó y que, además, ha provocado un fuerte debate en el país y ha dividido a las izquierdas chilenas.

Influyentes columnistas, entre ellos el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, publicaron textos en defensa del escritor. El propio Garretón señaló que “muchas de las interpretaciones que se han hecho no consideran ni el conjunto ni el fondo de la conversación”. “Patricio Fernández y yo concordamos en que el golpe militar no tiene ninguna justificación, ni explicación ni contexto que permitan legitimarlo”, aseguró el sociólogo.

La abogada de derechos humanos y diputada Carmen Hertz, líder de los que pidieron la salida de Fernández, ha explicado: “Jamás hemos pretendido que no pueda debatirse sobre el Gobierno de la Unidad Popular (1970-1973). Pero la obligación ineludible es aceptar como mínimo civilizatorio en una sociedad la condena al golpe de Estado contra un Gobierno democrático. Sostener lo contrario es aceptar al crimen como instrumento regulador de los conflictos políticos”, escribió en una columna en EL PAIS, donde asegura que el asesor presidencial disoció el golpe de Estado de las consecuencias criminales contra la población.

La presión por la salida del escritor, que ha ganado el PC y más de 160 organizaciones de derechos humanos, ha generado un fuerte debate en las izquierdas chilenas. El Gobierno, que enfrenta un momento complejo en diferentes frentes –sobre todo por el Caso Convenios, una trama ligada al Frente Amplio donde se investiga un presunto fraude al Fisco– ha debido resignarse a la salida del asesor de Boric.

Un gesto de La Moneda

Fernández es independiente de izquierda. En 1998, fundó la revista The Clinic mientras Pinochet estaba detenido en la London Clinic, de Londres, por orden de la justicia española acusado de crímenes de lesa humanidad. Llamó así a la publicación para festinar la privación de libertad del dictador. Entre 2021 y 2022 fue convencional adscrito al Partido Socialista durante el fallido primer proceso constitucional chileno.

Boric lo nombró como asesor en la conmemoración de los 50 años del golpe en noviembre del año pasado, aunque los actos siempre han estado coordinados por el Ministerio de las Culturas. La cercanía entre Fernández y el presidente chileno nació cuando el mandatario era líder universitario del movimiento estudiantil de 2011, del que surgieron varios miembros de su actual gabinete, entre ellos la vocera Camila Vallejo (PC). El escritor trabajaba en su libro La calle me distrajo, que relata ese momento del país. “No tengo ninguna duda, porque lo conozco, que Patricio Fernández es una persona que no solo es tremendamente respetuoso con los derechos humanos, sino que jamás justificaría el quiebre de la democracia en un golpe de Estado”, dijo Boric después de la renuncia.

Pero, además, el presidente señaló que, “más allá de las polémicas, las agrupaciones de memoria y derechos humanos han sido las principales responsables de que en Chile hayamos logrado avanzar en un poco, aunque sea un poco, porque todavía es insuficiente, en justicia respecto a las atrocidades que ha cometido la dictadura militar”.

En paralelo, el mismo día que aceptó la renuncia del escritor, Boric nombró al sociólogo Manuel Guerrero en un puesto clave de su Gobierno, como jefe de contenidos, sumándolo al grupo de asesores clave que trabajan en el influyente segundo piso de La Moneda. El militante de Convergencia Social, el mismo partido del presidente chileno, tenía 14 años cuando su padre, Manuel Guerrero Ceballos, fue degollado en 1985 por carabineros, por orden de la dictadura, junto a José Manuel Parada y Santiago Nattino. Las tres víctimas eran militantes del Partido Comunista.

En junio pasado, Fernández fue parte de una de las actividades clave de las conmemoraciones, cuando un grupo de expresos políticos del centro de detención de la Armada que funcionó en el extremo sur de Chile, viajó junto a miembros de la Marina y al ministra de Defensa, Maya Fernández, nieta de Allende, a una ceremonia en la que se instaló un memorial.

Uno de los próximos actos conmemorativos del golpe de Estado será el lanzamiento del proyecto Árboles por la memoria, que estaba programado para la primera semana de julio, pero que se suspendió luego de que la red de Sitios de Memoria se negara a participar exigiendo la salida de Fernández. El 30 de agosto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que lidera el abogado Luis Cordero, presentará además el Plan de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, considerado el proyecto más relevante del Ejecutivo pues pretende consagrarse como una política pública.

En Chile aún hay 1.469 víctimas de desaparición forzada. De ellas, 1.092 son detenidas desaparecidas, mientras que otras 377, que fueron ejecutadas, están en la misma condición. Solo 307 personas han sido identificadas.