Cifuentes cuestiona subir la protección del Edificio España que pide Carmena

El Gobierno regional devolvió el pasado lunes al Ayuntamiento de Madrid el expediente para aumentar el grado de protección del Edificio España, recientemente adquirido por la cadena Riu para albergar un hotel, apartamentos de lujo, además de un centro comercial. A la documentación enviada por el Ayuntamiento, según la Comunidad, le faltaban los datos que justifican su mayor protección patrimonial. La modificación supondría la obligación de los propietarios de mantener no solo la fachada, sino también la estructura de la construcción. El mu...

El Gobierno regional devolvió el pasado lunes al Ayuntamiento de Madrid el expediente para aumentar el grado de protección del Edificio España, recientemente adquirido por la cadena Riu para albergar un hotel, apartamentos de lujo, además de un centro comercial. A la documentación enviada por el Ayuntamiento, según la Comunidad, le faltaban los datos que justifican su mayor protección patrimonial. La modificación supondría la obligación de los propietarios de mantener no solo la fachada, sino también la estructura de la construcción. El municipio cuenta con tres meses para subsanar las deficiencias detectadas.

Aunque el pasado junio el grupo Riu adquirió el Edificio España por unos 300 millones y ya ha iniciado su reforma para convertirlo en hotel de lujo, las administraciones municipal y regional aún no han determinado el grado exacto de protección de la edificación. Riu prevé inaugurarla a mediados del próximo año.

Pero ahora la Comunidad que gobierna Cristina Cifuentes (PP) ha devuelto el expediente al Ayuntamiento para incrementar su protección por falta de justificación. Un portavoz de la Concejalía de Desarrollo Urbano Sostenible aseguró ayer que la decisión del Gobierno regional les ha sorprendido, porque el proyecto cuenta con las licencias municipales. El Ayuntamiento de Manuela Carmena (Ahora Madrid) añade que si existe un error se solucionará. “Otra cuestión es que haya una falta de voluntad para devolver al edificio la protección que nunca debió perder”, aseveran.

En concreto, la modificación propuesta por el Consistorio solicita que el inmueble recupere la catalogación 2 de protección de la que gozó entre 1997 y 2015 antes de que el Ayuntamiento (gobernado entonces por Ana Botella, PP) lo rebajara al nivel 3 para poder reformarlo sin problemas.

El nivel 2 garantizaba la conservación de la volumetría y de los elementos arquitectónicos más destacados (no se podían modificar muros interiores ni la distribución). La protección 3 solo obliga a conservar la fachada principal, las laterales y determinados elementos singulares del interior.

Pero Ecologistas en Acción se opuso a ello e interpuso un recurso contencioso-administrativo, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) admitió a trámite el 30 de marzo de 2015. El procedimiento abierto suponía un importante lastre a la hora de continuar con los planes de remodelación. La situación se desbloqueó en febrero del año pasado, cuando Ayuntamiento, ecologistas, y el entonces propietario, Trinitario Casanova, alcanzaron un acuerdo: los conservacionistas retirarían el contencioso si el Ayuntamiento se comprometía a subir el grado de catalogación que había reducido Botella.

El 27 septiembre 2017 el pleno municipal aprobó provisionalmente la reversión, con los votos a favor de Ahora Madrid y el PSOE, pero con la abstención del PP y Ciudadanos. En octubre se envió este acuerdo a la Comunidad de Madrid, que considera ahora que la propuesta no está suficientemente justificada.

La Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio no entiende el planteamiento propuesto por el Ayuntamiento, porque con la protección actual (nivel 3) ya se dejaba claro que, aunque el régimen de obras era flexible, se debían conservar determinadas fachadas. Ahora, para conseguir lo mismo, se pretende aprobar una nueva modificación que entra en contradicción con el anterior acuerdo, argumentan.

La propuesta municipal no incluye ningún estudio de los criterios de valor que tiene el edificio para que sea merecedor de esa protección. En ningún momento se “desvirtúan o incrementan” los valores que fueron fijados por la modificación de 2015. Así que, manteniéndose las mismas características, no parece que quede justificado aumentar el grado de protección, a juicio de los técnicos del Gobierno regional.

En cuanto al argumento esgrimido por el Ayuntamiento de la dificultad técnica que entraña mantener las fachadas protegidas si se tira el interior del edificio, el Gobierno regional replica que es tan solo un problema técnico solventable. Por lo tanto, tampoco supone una justificación válida.

Otra de las dificultades observadas por los técnicos se refiere a la posibilidad planteada por el Consistorio de introducir una exención a la obligación de construir más plazas de aparcamiento, exigidas para garantizar la movilidad en la zona dado que se subió el uso comercial del edificio. Si hay menos plazas, hay que justificarlo, dicen los técnicos.

La Comunidad también advierte de que desaparece la configuración de una zona de transición para poner en valor la iglesia de San Marcos, calificada como Bien de Interés Cultural (BIC).