El Gobierno valenciano y el sector cerámico dialogan para reducir el sobrecoste de la tasa de residuos

Seis meses por delante para dialogar y alcanzar la implantación “negociada” y “progresiva” de la tasa de depósito de residuos en vertedero recientemente aprobada en el Parlamento valenciano para evitar que sume sobrecostes al sector cerámico y frene su competitividad. Es el margen anunciado por el presidente del Consell, Ximo Puig, durante una reunión de trabajo con la patronal cerámica Ascer para alcanzar una salida satisfactoria a una medida, la de la tasa, que no ha caído bien en la ...

Seis meses por delante para dialogar y alcanzar la implantación “negociada” y “progresiva” de la tasa de depósito de residuos en vertedero recientemente aprobada en el Parlamento valenciano para evitar que sume sobrecostes al sector cerámico y frene su competitividad. Es el margen anunciado por el presidente del Consell, Ximo Puig, durante una reunión de trabajo con la patronal cerámica Ascer para alcanzar una salida satisfactoria a una medida, la de la tasa, que no ha caído bien en la industria azulejera. El gobierno valenciano podría rebajar hasta un 90% el tributo, ha adelantado Puig. Se trata de un nuevo impuesto que gravará el depósito de residuos en los vertederos y también la incineración, coincineración y valorización energética de los desechos industriales.

La patronal estima en 1,5 millones de euros el sobrecoste anual del aumento de la tasa, aprobado por las Cortes Valencianas el pasado 13 de diciembre, y que según Ascer implica un incremento de entre el 400% y el 700% para los residuos no valorizables. Pero más que por el montante, que no afectará excesivamente a las previsiones de la industria azulejera, según ha reconocido el secretario de Ascer, Pedro Riaza, la molestia del sector viene por la falta de consenso que ha rodeado al nuevo gravamen. Todo lo contrario de lo que, dicen, ocurrió con la polémica tasa turística. “Ha sido sorpresiva”, señala Riaza.

Apenas una semana después de las críticas de Ascer, motivadas también por la “falta de implicación de la Administración en el crecimiento de un sector que es un “bien para la sociedad”, el Consell ha dado un paso atrás y ha organizado una reunión de trabajo con representantes de la patronal para calmar tensiones. Ha sido este miércoles en Castellón, sede del organismo, y con la tasa de residuos entre los puntos destacados. El ejecutivo autonómico no renuncia a ella: según el presidente Puig, es un instrumento necesario para combatir el “turismo de residuos” tras observar en algunos vertederos valencianos “que estábamos recibiendo residuos que no se producen aquí”. Pero ha garantizado que la implementación del gravamen irá acompañada de diálogo codo con codo con las empresas azulejeras, para las que no se descartan bonificaciones de hasta el 90% en el cobro de este impuesto.

Puig ha insistido en la voluntad del Consell de cumplir con el mandato parlamentario y con la normativa medioambiental europea “pero de una manera lo más dialogada posible”. Por su parte, el presidente de Ascer, Isidro Zarzoso, ha agradecido el gesto y se ha limitado a decir que dedicarán los seis meses que quedan por delante para la elaboración del nuevo reglamento para “analizar este impuesto y que, cuando abramos diálogo, podamos llegar al máximo de acuerdos”.

La reunión también ha servido para poner fecha al primer encuentro de la Mesa Cerámica. Será el 9 de enero y tratará cuestiones relacionadas con la rehabilitación, que es en gran medida "el futuro de la edificación". Puig ha señalado que la Generalitat ha duplicado la dotación destinada al Plan Renhata en los presupuestos para 2018, lo que permitirá pasar de 3 a 5,5 millones de euros.

También se ha anunciado la puesta a disposición de las empresas valencianas por parte del Consell de 100 millones de euros, “que les permitirán tener esa financiación del 0% al 1% para lanzar o mejorar proyectos existentes". Por último, en el encuentro se ha hecho referencia también las exportaciones y a la necesidad de adoptar fórmulas para asegurarlas, como ya ocurre en Italia. “Hay países que tienen garantizado este seguro a la exportación desde el ámbito público y nos gustaría que España fuera así; no tenemos competencias pero nos gustaría que se valorara un convenio y nuestra voluntad de aportar recursos para proteger las exportaciones”, ha concluido.