Refundar con políticas de siempre

Casi simultáneamente, al tiempo que el ministro Wert constataba desde las páginas del Boletín Oficial del Estado que la felicidad estaba vetada a los sin Dios, el Parlament se esforzaba por arrojar en brazos del ateísmo a quienes les quedase algo de fe en la familia Pujol y su CDC. Aunque Wert no alberga dudas de cómo debe ser su cruzada, Convergència está sumida en una crisis existencial: se debate entre fumigar su casa contra la corrupción y evalúa si es mejor quedarse dentro —a riesgo de morir intoxicado— o abandonar la vivienda y mudarse a un pisito más modesto. Mientras los exégetas opina...

Casi simultáneamente, al tiempo que el ministro Wert constataba desde las páginas del Boletín Oficial del Estado que la felicidad estaba vetada a los sin Dios, el Parlament se esforzaba por arrojar en brazos del ateísmo a quienes les quedase algo de fe en la familia Pujol y su CDC. Aunque Wert no alberga dudas de cómo debe ser su cruzada, Convergència está sumida en una crisis existencial: se debate entre fumigar su casa contra la corrupción y evalúa si es mejor quedarse dentro —a riesgo de morir intoxicado— o abandonar la vivienda y mudarse a un pisito más modesto. Mientras los exégetas opinan sobre pros y contras, el Gobierno catalán continúa con paso firme su actividad por los derroteros de costumbre: “concesionando” —neologismo de privatizando— servicios y adelgazando las estructuras de estado ya existentes.

Para hablar de refundación, de esas sublimadas nuevas estructuras de estado, hay que empezar por hacer transparente la acción de Gobierno y no permitir que la más mínima sombra planee sobre procedimientos y actuaciones. Y ahora mismo los tiros no van por ahí. Todavía se desconoce cuánto debe pagar la Generalitat a Acciona por el fiasco de la privatización de Aguas Ter Llobregat —en 2012— y su impugnación judicial. Las estimaciones indican que son 300 millones de euros a devolver, más las inversiones efectuadas hasta el momento y la contraprestación por el lucro cesante. Otro éxito ha sido la “operación” de venta de Túneles del Cadí. BTG-Pactual los adquirió en 2012 por apenas 60 millones de euros y el año pasado los vendió por 146 millones. Pero no parece que los procedimientos cambien. Más bien se insiste en la chapuza.

Hace unos días del Departamento de Salud decidió que hubiera participación privada para vender el big data sanitario, es decir los datos “anonimizados” de los usuarios de la sanidad pública catalana. El Parlament había frenado temporalmente el proyecto de vender por 25 millones de euros la gestión de esa información por ocho años a una empresa privada. Pero hace apenas una semana Boi Ruiz volvieron a abrir la puerta a esta posibilidad que está bajo la lupa del Comité de Bioética de Cataluña y de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, y que el Síndic de Greuges ha puesto en cuarentena.

Pero el ambiente business-friendly parece hacer inaudible toda prevención. En una sociedad en la que abundan los “dinamizadores empresariales” —incluso con un apellido que, aseguran, no han utilizado en Cataluña—, hay que vacunarse contra la corrupción con mucha antelación. Las “puertas giratorias” —de las que el Instituto Catalán de la Salud es un prolijo catálogo— se han convertido en estructura de Estado y han cobrado carta de naturaleza antes que la Agencia Tributaria. Por eso no deja de inquietar esa venta de datos sanitarios, como tampoco las prioridades que la Generalitat ha avanzado para la lista Juncker.

Casi simultáneamente con la privatización del proceso del big data de salud, se conoció la noticia de que la Generalitat había enviado al Gobierno central sus peticiones para el plan Juncker, que supone más de 6.800 millones de euros procedentes de Europa para inyectar a la economía catalana. Pues bien, también en eso CiU ha echado por la borda su propia doctrina. El senador Salvador Sedó dijo el 10 de febrero pasado en la Cámara Alta que esas inversiones debían pactarse con entes locales y agentes socioeconómicos. Pero ya era tarde: la lista había sido enviada al Gobierno central —que puede empeorarla— sin contar con tales colaboraciones. Grandes compañías se llevan sobre el papel más de 3.000 millones y ello a pesar de que el propio consejero de Economía Andreu Mas-Colell advirtió que “si se acaba simplemente dando una subvención a una empresa privada, pues, aparte de que esto no esté bien no tendrá ningún efecto expansivo adicional”. Pero las buenas intenciones desaparecieron barridas por las dinámicas de la historia. Cuando se debía negociar la lista de prioridades en cuestión, el Ejecutivo catalán andaba de cabeza preparando el 9-N.

Gobernar no es fácil, pero cuando se hace hincapié en edificar estructuras de estado, cuando se nombran comisionados para la transparencia, cuando se asegura estar preparado para abanderar una nueva forma de hacer política no puede caerse en los vicios de siempre. No es fácil que un partido viejo y enfermo rompa moldes y abandone tics.

La comisión antifraude del pasado lunes no fue un reality show, como sostuvo interesadamente el presidente Mas. El Parlament fue un espejo que devolvió a Cataluña su peor imagen: la de una realidad nacional convertida en negocio familiar, rendida a la cultura del pelotazo, en contra del relato oficial del patriarca Pujol. Urgen amputaciones sin saber a ciencia cierta si el enfermo puede salvar la vida.