La ‘guerra’ del atún rojo

Las banderas de la Cofradía de Pescadores de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre), lucen un crespón negro. “Es en señal de duelo por la tristeza que nos causa que unos pescadores se hayan querellado contra otros", remarcan fuentes de la entidad. Y es que el Juzgado de Instrucción número 5 de Tortosa (Baix Ebre) ha imputado a 15 pescadores de la cofradía, además del patrón mayor y el secretario, a raíz de una querella criminal presentada por el Grupo Balfegó. El conflicto comenzó cuando los armadores trataron presuntamente de bloquear la bocana del puerto en protesta por la decisión unilateral de la em...

Las banderas de la Cofradía de Pescadores de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre), lucen un crespón negro. “Es en señal de duelo por la tristeza que nos causa que unos pescadores se hayan querellado contra otros", remarcan fuentes de la entidad. Y es que el Juzgado de Instrucción número 5 de Tortosa (Baix Ebre) ha imputado a 15 pescadores de la cofradía, además del patrón mayor y el secretario, a raíz de una querella criminal presentada por el Grupo Balfegó. El conflicto comenzó cuando los armadores trataron presuntamente de bloquear la bocana del puerto en protesta por la decisión unilateral de la empresa de abandonar la cofradía. Balfegó, una compañia familiar de l'Ametlla que arrancó hace cinco generaciones, es en la actualidad una de las empresas líderes en España en captura, engorde y comercialización de atún rojo; en 2011 facturó 35 millones de euros en parte debido al mercado japonés, donde operan con gran éxito.

La disputa se inició en 2010, cuando Balfegó solicitó por escrito darse de baja de la entidad al considerar que su negocio se basa en las granjas de engorde y que, por tanto, no necesita pasar las capturas por la cofradía. La empresa tenía tres embarcaciones en la organización. Sin embargo, la cofradía rebatió el escrito negándose a aceptar la renuncia. “Balfegó no lo impugnó con lo que aún son socios, están en nuestro listado”, explica uno de los imputados, Josep Tomàs Margalef, secretario de la entidad. El conflicto latente acabó de estallar el año pasado, cuando la agrupación de pescadores reclamó a la empresa atunera el pago de 74.000 euros en concepto de cuotas atrasadas. Balfegó se negó a abonarlas causando gran malestar entre los pescadores del municipio, puesto que esta cifra representa un 9% del presupuesto anual de la entidad.

Ante esta situación, el 3 de mayo alrededor de quince barcos escenificaron una protesta durante dos horas desplegándose alrededor del puerto del municipio, justo en el momento en que estaba prevista la salida del Tuna Tour, un catamarán turístico de Balfegó dedicado a realizar visitas a las granjas de engorde de la empresa. También se desplegaron pancartas con los lemas “Grupo Balfegó: la historia de una mentira” o “Grup Balfegó: pagad lo que debéis”. El Tuna Tour acabó cancelando el viaje. Pocas semanas después, la compañía presentó una querella por calumnias, injurias, atentado contra el honor y contra la imagen. La Cámara de Comercio de Tortosa incluso acusó a los manifestantes de “coaccionar y difamar” a Balfegó solicitando a su vez a la Generalitat “impedir la repetición de cualquier acto de este tipo”.

Ha pasado casi un año desde entonces pero el conflicto, lejos de solucionarse, se ha agudizado con las imputaciones de los armadores de las embarcaciones participantes en la protesta y de la cúpula de la cofradía, que comenzaron a declarar la pasada semana dentro de las diligencias previas que instruyen el caso. “No bloqueamos el puerto, su barca no llegó a salir nunca del amarre, hicimos uso del libre ejercicio de manifestación”, asegura Margalef, quien relata cómo apoyaron desde la organización a la compañía en la época de reducción de cuotas de atún rojo o viajando hasta Brasil para reunirse con la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT por sus siglas en inglés).

En cambio, un portavoz de Balfegó sostiene que la empresa “sintió vulnerados sus derechos, no dejaron salir un barco que tenía todas las licencias de actividad”. La deuda ahora ascendería a 85.000 euros, asegura Margalef, quien también remarca que la cofradía presentó una demanda civil reclamando el cobro de las tasas pendientes. “Esta deuda no existe, ya que Balfegó no tiene obligación de pagar, al ser la corporación de derecho público de asociación libre”, rebate un portavoz de la compañía atunera. La cofradía pide la mediación del Ejecutivo catalán para restaurar la convivencia.