Argentina sostiene ante la justicia de EE UU que entregar acciones de YPF atenta contra su soberanía

Argentina presentó ante la justicia de Estados Unidos sus argumentos de rechazo al fallo judicial que le ordenó entregar todas las acciones que posee de la petrolera YPF. La jueza Loretta Preska dictaminó en junio que el país sudamericano debe ceder su participación del 51% en la compañía a los fondos litigantes que ganaron un juicio por la nacionalización de YPF. “Ningún otro tribunal estadounidense ha dictado jamás una orden como esta”, indica la apelación argentina y califica a la sentencia como una “intrusión en la soberanía extranjera” que, de concretarse, generaría un “desastre legal y diplomático”.

El alegato de Argentina fue presentado el jueves en la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Esa cámara dispuso, el 15 de julio pasado, una suspensión transitoria de la orden de Preska hasta que las partes eleven sus argumentos. La postura argentina se materializó en dos escritos que, entre otros planteos, sostienen: “El tribunal de distrito ha ordenado a un soberano extranjero violar sus propias leyes y transferir sus bienes ubicados dentro de sus fronteras a los Estados Unidos, para que estos puedan ser objeto de ejecución en cumplimiento de una sentencia estadounidense”.

El origen de la causa se remonta a 2012, cuando el Gobierno de Cristina Kirchner, con amplio respaldo parlamentario, estatizó parcialmente Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), entonces bajo control accionario de la española Repsol. Tres años después, tras comprar los derechos de litigio del grupo Petersen, que había sido accionista minoritario de la petrolera, la inglesa Burford Capital y la estadounidense Eton Park demandaron al Estado argentino en los tribunales de Nueva York por incumplir su obligación de lanzar una oferta de adquisición al resto de accionistas de YPF. En 2023, la jueza falló en favor de los demandantes y condenó a Argentina a pagar 16.099 millones de dólares (hoy, debido a los intereses, la cifra superaría los 18.000 millones).

Los alegatos argentinos fueron elaborados por la Procuración del Tesoro de la Nación, el cuerpo de abogados del Estado. Su principal argumento es que el fallo incurre en una “violación de la inmunidad soberana”, porque “la práctica y el derecho estadounidense reconocen que la propiedad de un Estado en el extranjero está absolutamente protegida frente a embargos o ejecuciones”.

También argumenta que no es aplicable al caso la ley de inmunidades soberanas (FSIA, su sigla en inglés), dado que “las acciones de YPF no están en los Estados Unidos, nunca fueron utilizadas en una actividad comercial en Estados Unidos ni en la actividad comercial que dio origen al reclamo”. La apelación añade que, “a menos que sea revertida, esta orden creará un mundo al revés”, un mundo donde los bienes de un Estado tendrían menos protección dentro de su propio territorio que asentados en Estados Unidos. “En pocas palabras, esto sería un desastre legal y diplomático”.

Finalmente, la presentación sostiene que “la orden judicial fuerza a Argentina a desconocer su propia legislación, que desde 2012 exige la aprobación del Congreso por mayoría especial para cualquier transferencia de esas acciones. Además, contradice el principio de cortesía internacional (comity) y la doctrina del acto de Estado (act-of-state doctrine), pilares de las relaciones entre naciones”.

El Departamento de Justicia de EE UU se ha presentado ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York como amicus curiae (amigo del tribunal) a favor de Argentina. La relación entre ambos Gobiernos es óptima: el presidente argentino, el ultraderechista Javier Milei, no pierde oportunidad de declarar su alineamiento incondicional con su par estadounidense, Donald Trump. Esta semana, el republicano recibió a su aliado sudamericano y anunció un multimillonario rescate para sostener al plan económico de Milei, a un mes de las cruciales elecciones legislativas argentinas.

La apelación de Argentina incluye una alusión a ese respaldo: “Como ha dejado claro el Gobierno de Estados Unidos en autos y ante este tribunal, la orden [de la jueza Preska], de confirmarse, sería profundamente lesiva para los intereses de Estados Unidos, lo que incluye el riesgo de un trato recíproco para Estados Unidos y sus bienes y perjudicaría sus relaciones con un aliado importante. Este tribunal debería revocar la orden”, alegaron los abogados argentinos.

La petrolera YPF es un activo clave para Argentina, su mayor productora de hidrocarburos: genera el 40% del petróleo y el 30% del gas, tiene tres refinerías, una red nacional de gasolineras, participación en oleoductos, distribución de gas y generación de energía renovable. La firma cuenta con activos por 29.015 millones de dólares y un patrimonio de 11.924 millones de dólares. El juicio ante los tribunales estadounidenses tiene agendada una nueva audiencia el 29 de octubre, cuando está previsto que las partes presenten sus argumentos en forma oral.