Milei reforma la administración portuaria de Argentina y avanza en una concesión clave salpicada por denuncias

El Gobierno de Javier Milei clausuró por decreto los organismos que se ocupaban de la administración portuaria en Argentina y creó la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). La nueva entidad tendrá a cargo la concesión de la hidrovía de los ríos Paraná y Paraguay, ruta clave hacia el Océano Atlántico y principal salida de las exportaciones argentinas. Por decisión del presidente ultraderechista, la hidrovía avanza hacia su privatización, en un proceso salpicado por denuncias de supuesto favoritismo en beneficio de una empresa. Se trata de la licitación por al menos tres décadas de un negocio cuya facturación ronda los 410 millones de dólares anuales.

El decreto de Milei, publicado este lunes en el Boletín Oficial, plantea que sus objetivos son reducir “el sobredimensionamiento de la estructura estatal”, “eliminar la burocracia innecesaria y evitar la superposición de funciones”. Con esa justificación, disuelve la Administración General de Puertos, que operaba desde 1956, y la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. Los organismos abolidos eran “un antro de corrupción y privilegios”, según la retórica antiestatista del vocero de la Casa Rosada, Manuel Adorni.

Desde ahora, el decreto dispone que “la única autoridad portuaria nacional” será la ANPYN, un ente autárquico dentro de la órbita del Ministerio de Economía. El nuevo organismo “asumirá el rol de concesionario de la Vía Navegable Troncal hasta tanto se adjudique la licitación pública”. Luego deberá establecer “los procedimientos y mecanismos para llevar a cabo la fiscalización y el control” del operador.

La Vía Navegable Troncal es más conocida en el país como la hidrovía Paraná-Paraguay: dentro de Argentina son cerca de 1.400 kilómetros de aguas fluviales que atraviesan siete provincias. El cauce es la salida al Atlántico del 80% de las exportaciones nacionales —con un valor estimado en unos 65.000 millones de dólares—. Por el mismo canal navegan hacia el océano buques con cargas provenientes de Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay. También es una importante vía de ingreso de importaciones. Cada año, unos 4.000 barcos recorren el corredor.

La hidrovía fue administrada durante 25 años por un consorcio privado conformado por la empresa belga Jan de Nul y la argentina Emepa. Cuando caducó el contrato, en 2021, el Gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023) devolvió su manejo a manos del Estado.

Ahora, Milei pretende volver a privatizar por los próximos 30 años —renovables por otros 30— la operación, el cobro de peaje, el mantenimiento, la señalización y las tareas de dragado de la hidrovía, desde el kilómetro 1.238 del río Paraná, en su confluencia con el río Paraguay, hasta la zona de aguas profundas del Río de la Plata. La convocatoria a la licitación fue anunciada por el Gobierno ultra a fines de noviembre pasado y desde ese momento quedó envuelta en múltiples acusaciones de irregularidades.

Al menos dos empresas interesadas en la licitación, la belga Dredging, del grupo DEME, y la danesa Rohde Nielsen, impugnaron -según trascendió en la prensa local- los pliegos de la convocatoria y señalaron que las condiciones exigidas por el Gobierno favorecen a la Compañía Sud Americana de Dragados, la firma controlada por Jan de Nul que ya tuvo a su cargo la hidrovía. “Resulta claro y manifiesto que nos encontramos ante una licitación ilegítimamente direccionada”, señala la denuncia de DEME.

En el Congreso, voces opositoras de distinto signo político cuestionaron la licitación y también señalaron su direccionamiento en favor de una empresa. La Coalición Cívica, una fuerza de centro, presentó una denuncia con el mismo contenido ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y alertó sobre el “riesgo de exposición a corrupción” del proceso iniciado. El Consejo Portuario Argentino señaló que la licitación contiene “errores estratégicos y económicos que tendrán graves consecuencias” para el país. La Fundación Pensar —ligada al PRO, el partido conservador del expresidente Mauricio Macri— advirtió que el pliego “genera sobrecostos para los productores argentinos” y que su elaboración desatendió los pedidos y las necesidades de las provincias involucradas.

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