La estrategia comunicacional de Milei y sus milicias digitales: disciplinar y amedrentar

Aunque suele destacarse que los resultados positivos del Gobierno de Javier Milei se circunscriben a la economía, quizá su mayor éxito resida en otro campo: el de la comunicación. En su primer año de mandato, el presidente ha conseguido posicionarse como el protagonista central de la agenda de los debates públicos en Argentina, como el gran ordenador de los temas a discutir y de los interlocutores a intervenir. Su estrategia para lograrlo ha incluido, advierten los expertos consultados, el disciplinamiento de los grandes medios de comunicación y constantes ataques contra periodistas y voces críticas, ejecutados por el propio Milei, por sus funcionarios o por sus milicias digitales.

“Mentirosos por dinero”, “torturadores profesionales”, “basuras”, “pedazos de soretes” son algunas de las expresiones habituales de Milei para referirse a periodistas y comunicadores, además de su preferida “ensobrados”, es decir, sobornados. Desde que asumió el 10 de diciembre pasado, el presidente ultraderechista avanzó sobre los medios de comunicación públicos y privados. A los primeros los desarticuló, a los segundos los desfinanció.

Como parte del desguace general del Estado que puso en marcha, el Gobierno de Milei dispuso la intervención y el vaciamiento de Radio Nacional y la TV Pública, después de ver frustrada su intención inicial de privatizarlas. También resolvió el cierre de Télam —la agencia de noticias estatal más grande de América Latina, con más de 750 trabajadores en todo el país—; desfinanció al Instituto del Cine y al único fondo que fomentaba a los medios audiovisuales comunitarios (FOMECA), entre otras medidas. En paralelo, el Ejecutivo conformó una estructura propia de Comunicación y Medios, una secretaría con 208 agentes, y otra de Prensa, con 60 agentes.

Los medios privados se vieron perjudicados por la eliminación de la exención del IVA que beneficiaba a periódicos, revistas y publicaciones digitales, pero más aún por la suspensión total del gasto en publicidad por parte del Estado nacional, en el contexto de una profunda recesión económica y de una crisis de audiencias.

“El objetivo central de la política comunicacional de Milei es el disciplinamiento de los medios tradicionales. Y lo ha logrado”, dice Martín Becerra, investigador del Conicet y profesor de las universidades de Buenos Aires y de Quilmes. Mientras se suprimía la pauta publicitaria nacional, se asignaba publicidad desde otras empresas o sociedades que controla el Gobierno, como la petrolera YPF, Aerolíneas Argentinas o el Banco Nación. “La pauta oficial ya se distribuía de una manera muy discrecional en Argentina, pero era auditable. Con estos fondos, la rendición de cuentas es mucho más opaca”, explica Becerra. Desde su perspectiva, “los grandes medios han sido muy dóciles ante el Gobierno” en parte porque este mantuvo abiertas vías de negociación con las corporaciones que están detrás de las empresas de comunicación y que tienen intereses en otras áreas de la economía, donde la predisposición del Ejecutivo es crucial.

El asedio económico sobre las empresas de comunicación tuvo como correlato las agresiones a periodistas y directivos de medios. El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) registró, en lo que va del año, 153 casos de ataques a la libertad de expresión en el país; el 30% de los hechos los atribuyó al Poder Ejecutivo y otro 6% a funcionarios nacionales. “Se ha instalado en Argentina la persecución de la crítica”, advirtió Amnistía Internacional en una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó sobre los reiterados ataques a periodistas por parte del Gobierno y ha exhortado a Milei “a mostrar tolerancia frente a la crítica y el disenso”.

“Durante este año se produjo un grave deterioro de las condiciones para el debate público y particularmente para el ejercicio del periodismo, mientras observamos una retracción del Estado en su rol de garante del derecho a la información y la comunicación”, advierte Luis Lozano, docente e investigador que participó en la elaboración del Informe sobre libertad de expresión en Argentina 2024, a cargo de la carrera de Ciencias de la Comunicación (UBA) y los sindicatos de prensa Fatpren y Sipreba. El informe da cuenta, por un lado, del aumento de la represión policial de las protestas sociales y, en ese marco, de la represión en particular contra decenas de periodistas, que fueron heridos o detenidos por las fuerzas de seguridad. “Vimos un creciente hostigamiento contra periodistas. En algunos casos, a través de patotas digitales más o menos vinculadas al Gobierno y que actúan en las redes sociales. Y en otros casos es directamente el presidente quien hostiga a periodistas”, dice Lozano. Hay medio centenar de hechos enumerados en el informe.

Las redes y la violencia

Para el presidente, los periodistas son “delincuentes del micrófono” a los que “gracias a las redes sociales se les terminó el privilegio de casta [...] se les acabó el monopolio de la palabra”. Desde esa convicción, Milei interviene en la esfera pública con la difusión en distintas plataformas de sus discursos en actos oficiales o privados; o se expresa directamente a través de sus redes, en especial de X, o en entrevistas a unos pocos comunicadores afines. Cuenta con el respaldo de un ejército virtual, una estructura que se reveló durante la campaña electoral y que luego se institucionalizó en la Dirección Nacional de Comunicación Digital, con sede en la Casa Rosada.

“El Gobierno y Milei en particular tienen una gran capacidad para generar eventos comunicacionales”, afirma Natalia Aruguete, doctora en Ciencias Sociales, profesora e investigadora del Conicet. “Tanto las decisiones que toman como las expresiones de Milei, sus funcionarios o sus influencers generan conmoción en la agenda pública y mediática. Ya eso les da una suerte de ventaja no solo para instalar los temas alrededor de los cuales el resto de los actores políticos tienen que responder, sino también para elegir a los adversarios con los que les conviene confrontar”.

Entre las estrategias de comunicación que ensayan sobresale “el ataque, que puede incluir o no la desinformación. El ataque es usado como una forma de amedrentar al otro y de ubicarlo en un lugar defensivo, con lo que mantienen bastante dominio sobre el tipo de reacciones que habilitan”, dice Aruguete. Además, agrega, “tienen un importante manejo de redes en términos de la expansión que logran”, gracias a “un mecanismo muy aceitado de descentralización de la comunicación, una suerte de externalización de tareas que se distribuyen en un grupo amplio de comunicadores y de seguidores que amplifican la información y les permite penetrar en distintas comunidades de usuarios virtuales”.

La agresión y la descalificación sistemáticas como respuesta a las objeciones o críticas al Gobierno redundan en un efecto disciplinador sobre toda la sociedad, observa Becerra. Y contribuyen a naturalizar un clima de violencia. El mes pasado, funcionarios del Gobierno y dirigentes del partido de Milei lanzaron una nueva agrupación y, en los videos de difusión, la presentaron como “el brazo armado”, “la guardia pretoriana” del presidente ultraderechista. Aunque luego intentaron moderar la amenaza y aseguraron que sus armas son los teléfonos móviles, el mensaje estaba instalado. “El volumen de violencia que hay online no se reproduce directamente en la realidad material”, dice Becerra. “Pero, en un país donde hace dos años la vicepresidenta [Cristina Kirchner] fue gatillada en vivo y en directo por una bandita vinculada con grupos que actúan en las redes, pensar que la violencia se queda ahí está desautorizado por la empiria. La realidad ya demostró que eso es falso”.

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