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El Senado argentino aprueba por un voto el proyecto de desguace del Estado de Milei

La norma avanza sobre los organismos reguladores, habilita privatizaciones y promueve beneficios fiscales a los grandes inversores. El Gobierno cede en cientos de artículos para conseguir el apoyo opositor. La norma regresa a Diputados para su aprobación definitiva

El Senado durante la discusión de la Ley de Bases, el 12 de junio de 2024.Foto: NATACHA PISARENKO (AP) | Vídeo: EPV

A seis meses de llegar a la presidencia de Argentina y tras múltiples concesiones, Javier Milei consiguió en la madrugada del jueves la aprobación en la Cámara de Senadores de su proyecto de Ley Bases, una versión mutilada del marco legal con el que pretende desregular la economía, desguazar el Estado y asumir facultades legislativas. El suspenso sobre el resultado sobrevoló una tensa sesión que se extendió más de 13 horas hasta la votación en general y que luego continuó con el debate en particular y el tratamiento de una reforma fiscal. El voto de los senadores arrojó un empate 36 a 36, que definió la vicepresidenta Victoria Villarruel a favor del Gobierno. Fue el cierre de una jornada marcada por las protestas sociales contra la ley y por la represión policial ordenada por la administración ultraderechista en los alrededores del Congreso, con heridos y detenidos, gases, balas de goma y autos incendiados.

Apenas concluida la votación, el Ejecutivo celebró el resultado. “Con grupos terroristas atacando el Congreso, debiendo desplegar las fuerzas de seguridad en defensa de la democracia (...) el de esta noche es un triunfo del pueblo argentino y el primer paso hacia la recuperación de nuestra grandeza, habiendo aprobado la reforma legislativa más ambiciosa de los últimos 40 años”, indicó un comunicado de la Oficina del Presidente.

Los mercados también se mostraron eufóricos. El riesgo país arrancó el jueves con una caída cercana a los 60 puntos, hasta los 1.424, y las acciones argentinas en Wall Street abrieron con alzas superiores al 10%. Para convertirse en ley, el proyecto de Milei debe volver a ser tratado en la Cámara de Diputados, dado que se introdujeron cambios en la media sanción aprobada allí en abril. Pero ese es un paso que se da por descontado.

Mientras en la mañana del miércoles los senadores comenzaban a debatir, en la calle organizaciones políticas, sociales y sindicales ligadas a la izquierda y el peronismo se concentraban para expresar su rechazo a las medidas que impulsa el Gobierno. “La patria no se vende, se defiende”, fue la consigna más gritada. Después del mediodía estallaron los incidentes. Los numerosos agentes de seguridad desplegados en la zona intentaron desocupar la vía pública y se multiplicaron los choques con los manifestantes.

Piedras de un lado, balas de goma y gases lacrimógenos del otro. La policía detuvo a unas 30 personas y entre las decenas de heridos hubo incluso diputados opositores. Por la noche, tras la aprobación de la ley, se produjeron nuevos incidentes. En la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos del territorio bonaerense se escuchaban el jueves cacerolazos de protesta.

La negociación

La aprobación le costó cara al Gobierno. En amplia minoría en un cuerpo de 72 senadores, con solo siete bancas propias y otras seis de sus aliados del PRO —liderado por el expresidente Mauricio Macri—, el oficialismo de La Libertad Avanza tuvo que declinar muchas de sus propuestas iniciales. Para alcanzar la mitad más uno de los votos, negoció hasta último momento, incluso durante la sesión, con los representantes de lo que Milei desprecia como “casta política”.

La ambición del presidente de privatizar más de 40 empresas estatales ya había sido podada en Diputados y el Senado redujo aún más la lista. Al inicio de la sesión en el Senado se anunció que Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y el conglomerado de medios Radio y Televisión Argentina eran excluidas del proyecto y, así, apenas ocho empresas quedaban en condiciones de pasar, total o parcialmente, a manos privadas.

El Ejecutivo también debió declinar la reforma previsional que pretendía, entre otras cosas, eliminar la moratoria que les permite jubilarse a personas —principalmente mujeres— sin la cantidad de aportes salariales exigidos por ley. Además, tuvo que aceptar darles continuidad a las obras públicas avanzadas o con financiamiento internacional —Milei mantiene frenado todo gasto en trabajos de infraestructura—. El presidente tampoco podrá disolver los organismos públicos vinculados con la ciencia y la cultura.

El senador de Unión Cívica Radical (UCR) Martin Lousteau (centro), durante la sesión en el Senado.
El senador de Unión Cívica Radical (UCR) Martin Lousteau (centro), durante la sesión en el Senado. Mariana Nedelcu (REUTERS)

Avanzada la sesión, cuando era evidente que los votos no le alcanzaban, el oficialismo hizo una nueva concesión y admitió acotar los sectores productivos en que se podrá aplicar el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), que prevé beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios para intentar seducir a capitales extranjeros.

La administración de Milei no tenía alternativa y cedió para lograr el voto favorable de la oposición dialoguista, los legisladores de la Unión Cívica Radical, el peronismo no kirchnerista y partidos provinciales que finalmente acompañaron al oficialismo. Un nuevo fracaso, después de largos meses de discusión y de que una primera versión de la ley se hundiera por completo en Diputados en febrero, habría sido un golpe difícil de superar.

El debate

Las negociaciones en busca de votos se sucedían fuera de cuadro, mientras la discusión avanzaba en el recinto de la Cámara alta. Hubo duros intercambios en el clímax de la represión policial, cuando legisladores opositores reclamaron, sin lograrlo, una suspensión transitoria del debate para pedir informes sobre la situación en la calle.

“La gente votó a este Gobierno y nosotros debemos darle herramientas. Vamos a acompañar y tratar de ordenar la Argentina hacia un futuro mejor”, fue el argumento que eligió el senador Eduardo Vischi, de la UCR, para explicar el apoyo del radicalismo al proyecto. “¿En serio quieren que le deleguemos facultades legislativas para mejorar el funcionamiento del Estado al presidente que dice que ama ser el topo que va a destruir desde adentro al Estado?”, preguntó la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio, de Unión por la Patria, al argumentar su voto negativo.

El senador libertario Ezequiel Atauche pidió el apoyo para “una ley que viene a plantar las bases para cambiar la Argentina de verdad”. La vicepresidenta Villarruel se sumó a los discursos cuando tuvo la oportunidad de desempatar: “Hoy vimos dos argentinas, una violenta y otra de los trabajadores que están esperando que se respete la votación que el año pasado eligió un cambio”, dijo, con un coro de gritos de fondo.

La vicepresidente Victoria Villarruel, este miércoles en el Senado de Buenos Aires.
La vicepresidente Victoria Villarruel, este miércoles en el Senado de Buenos Aires. Juan Ignacio Roncoroni (EFE)

En la votación en particular de cada apartado de la ley, Villarruel tuvo también que desempatar para aprobar la delegación de facultades legislativas al presidente y la declaración de las emergencias en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año. Volvió a hacerlo para validar la reforma del Estado y las privatizaciones de empresas públicas. Por mayoría simple se aprobaron la reforma laboral y del empleo público, así como la reforma de los procedimientos administrativos y de la política energética. Una de las iniciativas que más discusión despertó fue la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), cuestionado por las desregulaciones que podrían propiciar la entrega de recursos naturales y causar riesgos ambientales.

Después de esa votación, el Senado sesionó otras 12 horas y aprobó también la segunda pata de los proyectos de Milei, el llamado paquete fiscal. Pero otra vez le dejó un sabor agridulce al Gobierno, pese a que obtuvieron luz verde el blanqueo de capitales y otras reformas tributarias: el tratamiento en particular terminó rechazando la restauración del impuesto a las ganancias (a la renta) y la ampliación del impuesto a los bienes personales, dos iniciativas que el Gobierno consideraba fundamentales. Milei no esperó el desenlace de este segundo proyecto y embarcó antes rumbo a Italia, a participar de la cumbre del G-7.

Cuando la Ley Bases y el paquete fiscal hayan sido abordados nuevamente en Diputados, donde el Ejecutivo apuesta a un resultado favorable, el mandatario convocará a gobernadores, expresidentes, legisladores y dirigentes “a abandonar las viejas recetas de fracaso, olvidar las diferencias políticas, abrazar las ideas de libertad y establecer 10 políticas refundacionales para devolverles el futuro a los argentinos”, informó la Oficina del Presidente, en pleno entusiasmo por el resultado parlamentario. El corolario al que aspira Milei es la firma de “un compromiso histórico para sacar a la Argentina del pozo en el que la han sumido las vendettas personales, los intereses mezquinos y la ideología pobrista de los últimos 100 años”.

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