Milei declara la guerra a la oposición tras el rechazo a su megaley de desguace del Estado

El Gobierno de Javier Milei sufrió este martes una inesperada y durísima derrota en la Cámara de Diputados de Argentina. El rechazo opositor a numerosos artículos de su megaley de desguace del Estado enfureció al oficialismo, que optó por levantar la sesión y dejar congelado el proyecto de ley hasta nuevo aviso. “Los gobernadores [provinciales] tomaron la decisión de destruir la Ley Bases y Puntos para la Libertad de los Argentinos artículo por artículo, horas después de acordar acompañarla”, escribió el Gobierno en un comunicado oficial. “No vamos a seguir discutiendo con quienes exigen mantener sus privilegios”, agregó.

Tras el revés legislativo, Milei optó por tensar aún más la cuerda en la polarizada sociedad argentina y subrayó que se trata de una pelea de “la casta contra el pueblo” en la que no va a dar su brazo a torcer. “Vamos a continuar con nuestro programa con o sin el apoyo de la dirigencia política que destruyó nuestro país”, advirtió desde Israel, donde se encuentra de viaje, escala previa a una visita al papa Francisco en el Vaticano.

La estrategia de Milei es simple: culpar a los políticos opositores, incluso a aquellos que estaban dispuestos a apoyarlo, de no dejarle gobernar. No está claro, sin embargo, cuál es su plan para desarrollar el programa ultraliberal que quiere llevar a cabo si se niega a negociarlo con el Congreso.

El partido de Milei, La Libertad Avanza (LLA), está en minoría en ambas cámaras parlamentarias: tiene 38 de 257 diputados y 7 de 72 senadores. Su poder territorial es todavía más débil, ya que no controla ninguna de las 24 provincias del país. Tras renunciar a casi la mitad de los 664 artículos de la megaley, el oficialismo había logrado el viernes la aceptación general y las negociaciones parecían encarriladas para la aprobación también de una gran mayoría de los puntos que quedaban en pie. No fue así. La postura inflexible del Ejecutivo en los últimos días frente a los cambios que pedían algunos gobernadores provinciales derivó en un rechazo de artículos muy superior al previsto, por lo que el Gobierno dio marcha atrás y decidió devolver el proyecto a la discusión en comisiones. Aunque el jefe de LLA en el Congreso, Oscar Zago, se ha mostrado dispuesto a retomar el debate parlamentario antes de que concluya la semana, hay muchas dudas de que pueda concretarlo. Ya sea por el vértigo del momento o por inexperiencia política, los diputados opositores se enteraron tras la retirada de que la vuelta a comisiones supone, por reglamento, la vuelta a foja cero: la aprobación en general se anula y hay que empezar todo de nuevo.

Milei se apoya en el respaldo popular que obtuvo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales contra el peronista Sergio Massa para justificar su negativa a ceder en artículos como la delegación de facultades legislativas, la privatización de empresas públicas y la concesión de más fondos para las provincias. “Nuestro programa de gobierno fue votado por el 56% de los argentinos y no estamos dispuestos a negociarlo con quienes destruyeron el país”, advirtió a través de las redes sociales.

Las encuestas muestran que la imagen de este economista de 53 años ha empeorado en sus dos primeros meses de Gobierno, pero es todavía alta. Solo en tres provincias periféricas la imagen negativa del mandatario argentino se impone a la positiva, según el sondeo de CB Consultora Opinión Pública publicado por el diario Clarín.

El eslogan presidencial de “la casta contra el pueblo” se convirtió con rapidez este martes en tendencia en las redes sociales y proliferaron los ataques contra los políticos opositores. Los kirchneristas, por el contrario, festejaron la retirada —al menos temporal— de la ley. La noticia llegó también a través de los teléfonos celulares hasta las puertas del Congreso, donde un grupo de manifestantes protestaba contra la ley. “Y ya lo ve y ya lo ve, es para [la ministra de Seguridad, Patricia] Bullrich que lo mira por TV”, comenzaron a cantar al enterarse de que el oficialismo había levantado la sesión.

La derrota de este martes ha desnudado la fragilidad legislativa de Milei, pero también ha reafirmado su voluntad de ir al choque con todo aquel que se oponga a sus intereses. Una de las posibilidades que se barajan es que el presidente llame a una consulta popular para convalidar el proyecto legislativo, pero esta sería no vinculante. “Si no se entiende que el presidente tiene la vocación de transformar la realidad, se equivocan, lo va a seguir haciendo. Si tiene que recurrir a consultas populares lo va a hacer también”, anticipó el ministro de Interior, Guillermo Francos, uno de los políticos más veteranos del Ejecutivo. Las advertencias van acompañadas de una amenaza: si la ley no se aprueba, el ajuste fiscal será mayor del previsto inicialmente.

Crisis interna

El proyecto legislativo estrella de Milei comenzó a debatirse hace más de un mes en sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo en pleno verano austral. La arremetida del Gobierno contra la clase política ha crispado los ánimos incluso entre sus aliados. Esta tarde, los 10 gobernadores de la coalición de centroderecha Juntos por el Cambio se mostraron molestos por las críticas y aseguraron haber trabajado “incansablemente” para lograr los consensos necesarios para la aprobación del texto. “No corresponde entonces que nos responsabilicen a todos por igual ni que nos falten el respeto aduciendo poca vocación de diálogo e incapacidad de nuestra parte”, señalaron en un comunicado.

Desde su discurso de investidura, el pasado 10 de diciembre, Milei insiste en que no hay alternativa a su plan económico, que contempla un durísimo ajuste fiscal de cinco puntos del Producto Interior Bruto, equivalente a unos 20.000 millones de dólares. “No hay plata”, reitera en discursos y redes sociales al justificar los sucesivos recortes del gasto. El último de ellos ha sido el aumento del precio del transporte público, que durante el Gobierno del peronista Alberto Fernández estuvo hipersubsidiado.

Entre principios de enero y ahora, el precio del billete mínimo de autobús en Buenos Aires se ha multiplicado por cinco, de 52 pesos a 270. Convertido a dólares —equivale a 31 céntimos en la cotización oficial— su valor es inferior al del transporte en los países vecinos, pero supone un nuevo golpe al bolsillo de cientos de miles de trabajadores que cada día se desplazan desde la periferia hacia la capital argentina y ven como la inflación galopante del país —211,4% en 2023— devora cada vez más rápido sus sueldos. De no haber una mejoría en el corto plazo, es probable que el apoyo popular a Milei siga en caída.

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