Milei propone un alto al fuego sobre su ley de desguace del Estado y renuncia a sus principales reformas fiscales

El presidente Javier Milei ha pedido un alto al fuego en medio de la guerra que lo ha enfrentado estas semanas a gobernadores provinciales y a buena parte del Congreso argentino. El viernes a última hora, el Gobierno anunció que eliminará las grandes reformas fiscales que plantea su megaley de desguace del Estado. Miley tiene la esperanza de que la medida contente a lo que llama la “oposición razonable”, que en un par de días pasó de aprobar —con muchas reservas— el dictamen de la norma para su votación en el Parlamento a condenarla a muerte. Tras una semana larguísima, en la que el presidente afrontó su primer paro general de los sindicatos y despidió a uno de sus ministros entre acusaciones de filtrar información a la prensa, Milei se prepara para encarar otra. El Gobierno argentino está convencido de que ahora sí podrá aprobar lo que se conoce como su ley ómnibus.

La ley —de más de 500 artículos y con la que Milei busca hacerse de facultades legislativas de emergencia—encalló este viernes después de casi un mes de negociaciones. La reforma del sistema que mide los aumentos de las jubilaciones y la subida de los impuestos a las exportaciones regionales terminaron de enfrentar al Gobierno con la mayoría de los congresistas del centro a la derecha y con los gobernadores a quienes esperaba convencer Milei.

Desde mediados de enero el Gobierno afirma que no negocia el contenido de esta ley que pretende modificar buena parte de la estructura política, económica y social del país. Pero ha ido cediendo ante la soledad de su minoría en el Congreso. Milei ya no pretende hasta cuatro años de facultades especiales que le permitan gobernar por decreto, ahora solo pide dos, y ha dado marcha atrás en otras cuestiones. El presidente aceptó los “errores” en la redacción del capítulo de Seguridad, en el que un artículo proponía controlar las reuniones de más de tres personas en público y ha eliminado a la petrolera YPF de la lista de las 41 empresas estatales que pretende privatizar. También ha dado marcha atrás en la desfinanciación del Insituto Nacional del Cine o el cierre del Fondo Nacional de las Artes, que gestiona becas para artistas y cuya pretendida clausura ha convocado a los trabajadores de la cultura a protestar en las calles de Buenos Aires.

Milei también había desistido en su pretensión de modificar por decreto la fórmula de las pensiones para mantener el esquema de aumento trimestral que, programado para marzo, llegará tarde con una inflación que solo en diciembre superó el 25%. La propuesta no contentó a los opositores que negocian con el Gobierno, el PRO del expresidente conservador Mauricio Macri, la centroderechista Unión Cívica Radical, y un amplio bloque de peronistas federales y otras fuerzas minoritarias, que tampoco aceptan la fórmula actual. De igual forma, el Gobierno había aceptado dar marcha atrás en el cobro retenciones de hasta un 15% a las exportaciones de los productores agropecuarios de las provincias alejadas de Buenos Aires, pero su intención de mantener los aumentos de hasta un 33% a productos como la harina, el aceite, el maíz o la pesca, terminó de enfadar a los gobernadores.

El anuncio de que estas dos medidas, junto a otras como la flexibilización del blanqueo de capitales o la condonación de intereses moratorios, serán eliminadas de la ley, llegó mientras el país especulaba sobre el despido de Guillermo Ferraro, uno de los artífices de la victoria de Milei en la segunda vuelta de noviembre que había sido nombrado ministro de Infraestructura, una megacartera que condensó Obra Pública, Energía, Transporte, Minería, Telecomunicaciones y Vivienda.

Según reconstruyó la prensa local, Ferraro había filtrado al diario Clarín un berrinche de Milei contra los gobernadores que tensaban la cuerda de la negociación. “Los voy a dejar sin un peso, los voy a fundir a todos”, habría dicho el mandatario en una reunión de gabinete de esta semana, mientras corría contra el reloj para convencer a esa “oposición razonable” de que vote la ley.

La amenaza no era la primera que el Gobierno lanzaba en público. Tanto el vocero presidencial, Manuel Adorni, como el ministro de Economía, Luis Caputo, llevan semanas advirtiendo al resto del arco político que, de no aprobar la ley, el ajuste fiscal seguirá cayendo en la población. “Si alguno de los artículos económicos es rechazado, habrá partidas provinciales que se recortarán inmediatamente”, amenazó Caputo el miércoles, pero dos días después fue el encargado de anunciar en conferencia de prensa que al final eliminará los artículos en discordia. “De ninguna manera esto implica que vamos a dejar nuestro compromiso de ir al equilibrio fiscal, nuestro objetivo de déficit cero. Lo que no queremos es que por este capítulo fiscal se demore algo que consideramos necesario y urgente. Los ojos del mundo están puestos en este cambio”, dijo el ministro de Economía.

Habiendo cerrado 2023 con un déficit fiscal del 3%, la incógnita está ahora sobre cómo cumplirá el Gobierno su meta de llevarlo a cero o incluso terminar 2024 con un superávit, como le prometió al Fondo Monetario Internacional. El FMI ha vuelto a abrir la válvula para que Argentina reciba divisas para pagar su deuda con el organismo siempre y cuando Argentina mantenga el ajuste fiscal. Esta semana Milei, vuelve a la mesa de examen: el directorio del Fondo se reunirá el próximo miércoles para definir si libera los fondos necesarios para que Argentina respire sin deudas hasta abril. La aprobación de la ley, que según el Gobierno se discutirá en la cámara baja del Congreso el martes, será fundamental.

El ministro de Interior, Guillermo Francos, ha afirmado este sábado que ya “hay acuerdos” para aprobar las facultades extraordinarias a Milei y que espera que el proyecto pase al Senado “rápidamente”. El Presidente y Caputo decidieron retirar la parte fiscal y mientras tanto avanzar en la ley en la parte que tenemos consensos”, afirmó Francos.

El peronismo alerta sobre las “trampas”

Milei ha dado marcha atrás en los puntos que le exigían la oposición con la que dialoga, pero no aceptará que no se le den facultades legislativas de emergencia. La ley propone una declaración de emergencia pública por un año —prorrogable por otro— para que el Ejecutivo tenga facultades legislativas sobre materia económica, entre otras. “Todos los presidentes han tenido facultades extraordinarias. Todos han tenido esa oportunidad”, dijo este sábado el ministro de Interior, que ha afirmado que el Gobierno tiene los votos para aprobar su ley.

Para el peronismo, que tiene la primera mayoría en el Congreso y se ha negado a participar de las negociaciones, el anuncio del viernes es una trampa. “Milei solo quiere superpoderes (facultades delegadas). Es el corazón de la ley”, escribió en sus redes el jefe de los diputados peronistas, Germán Martínez. El consenso que tenga Milei está por verse. El martes se reunirá los diputados y, pase o no la ley al Senado, la sesión será histórica, con más de 500 artículos para discutir uno por uno el futuro de un país en crisis y sin más propuestas que un salto a lo desconocido.

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