Milei logra superar el primer escollo parlamentario para su megaley de desguace tras retirar casi la mitad de los artículos

Javier Milei logró este viernes su primera victoria parlamentaria en Argentina. Después de tres días de intenso debate y en medio de tensas protestas en las calles, la Cámara de Diputados de Argentina votó a favor del proyecto de desguace del Estado presentado por el Gobierno ultraderechista. La iniciativa tuvo 144 votos positivos y 109 negativos. Es un triunfo agridulce para el presidente argentino. Milei, en minoría en el Congreso, tuvo que recortar a casi la mitad los 664 artículos del proyecto original para obtener los apoyos necesarios, pero falta por saber si deberá ceder aún más. Los puntos más polémicos —como la delegación de facultades legislativas y la privatización de empresas públicas— serán sometidos a una segunda votación uno a uno el próximo martes en la Cámara Baja. Terminada la maratónica sesión, una de las más largas de la historia de la democracia de Argentina, la propuesta de megaley pasará al Senado, que tendrá la última palabra.

“Es hora de que los representantes del pueblo decidan si están del lado de la libertad de los argentinos o del lado de los privilegios de la casta y la república corporativa”, señaló Milei a través de un comunicado en las redes sociales cuando el debate entraba en su recta final.

La Libertad Avanza, el partido encabezado por Milei, tiene sólo 38 de los 257 diputados de Argentina, pero mantiene una alianza gubernamental con el PRO del expresidente Mauricio Macri, que cuenta con 37 diputados. Los demás votos afirmativos salieron de las bancas de la socialdemócrata Unión Cívica Radical (UCR), de algunos legisladores de fuerzas regionales y de peronistas que abandonaron la coalición de Unión por la Patria (UxP), que retiene aún 99 diputados y es la principal fuerza opositora.

Después de la aprobación general del proyecto de la “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” —conocida como ley ómnibus por la multitud de temas que abarca—, los negociadores oficialistas trabajan ahora contrarreloj para garantizar también el respaldo de los puntos más conflictivos.

El Gobierno renunció días atrás a las reformas fiscales que planteaba la megaley, como aumentos impositivos a las exportaciones y a los trabajadores con mayores salarios—que chocaban con su promesa de campaña de bajar impuestos— y la modificación del sistema actual de actualización de las pensiones que suponía un nuevo recorte en el poder adquisitivo de los jubilados. El paquete de medidas fiscales se debatirá por separado con los distintos gobernadores provinciales.

Milei tuvo también que resignar su pretensión de obtener facultades legislativas de emergencia para todo su mandato presidencial. En la redacción original del texto estaba contemplado que el Congreso le concediese estas facultades por dos años prorrogables por otras dos. En el borrador aprobado, el período es de un año prorrogable a otro más, pero aún tiene que someterse a la votación particular dado el recelo de varios diputados a conceder poderes extraordinarios a un presidente que no ha dudado en atacar una y otra vez al Estado y quiere reducirlo a su mínima expresión.

Otro de los artículos sobre los que hay más discrepancias para la votación en particular será el de las privatizaciones. Milei quiere vender todas las empresas estatales, pero se trata de una opinión poco popular: las encuestas muestran que más del 60% de la población se opone y cree que debe haber excepciones. La lista inicial se ha reducido de 41 a 27 empresas y ha dejado fuera a algunas de las más conocidas, como la petrolera YPF. Otras compañías sólo podrán ser privatizadas de forma parcial.

Tampoco hay consenso sobre las atribuciones del Gobierno para tomar deuda externa ni en el endurecimiento de la política de seguridad que pide la ministra Patricia Bullrich. Milei quiere tener las manos libres y deshacerse de la obligatoriedad de pasar por el Congreso para obtener préstamos como el que en 2018 recibió Macri del Fondo Monetario Internacional, 44.0000 millones de dólares que Argentina aún no ha terminado de devolver.

El debate se realiza en sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno durante las vacaciones del verano austral. El Ejecutivo pretendía darle un tratamiento exprés al proyecto y finiquitarlo en dos semanas, pero tuvo que extender el plazo por el rechazo que encontró. La discusión parlamentaria comenzó el miércoles pero fue interrumpida esa medianoche para volver a retomarse doce horas después. Al día siguiente se repitió la dinámica. Con un Congreso blindado por fuerzas antidisturbios, la maratón parlamentaria se reanudó este viernes a las diez de la mañana mientras puertas afuera volvían a repetirse las protestas. En total suman ya más de 30 horas de debate.

Represión policial

Las dos noches previas se vivieron momentos de tensión ante las puertas del Parlamento. El miércoles fuerzas federales se desplegaron pasadas las cinco de la tarde cuando un grupo de manifestantes, convocados por partidos políticos y organizaciones de izquierda, intentaron cortar algunas de las calles que rodean el Congreso. Esa noche, los agentes reprimieron con golpes y gases a las personas que se manifestaban. Eran unos pocos miles y reclamaban hacer oír su rechazo al proyecto de ley que impulsa el oficialismo. “Es innecesario este despliegue”, criticaba una manifestante ante el gran número de agentes.

La tensión creció al día siguiente, el jueves, cuando las fuerzas de seguridad reprimieron también con balas de goma. Más de 20 trabajadores de prensa fueron impactados por los proyectiles y hubo, además, al menos ocho manifestantes detenidos. También resultaron heridos siete agentes, según el Gobierno. En el recinto, diputados de izquierda y peronistas abandonaron sus bancas para bajar a la calle.

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires criticó “la violencia institucional desplegada” y denunció ante la Fiscalía el “operativo represivo” que “trasgredió la Ley de Seguridad Pública”, según la cual deben “garantizarse la protección de los derechos de quienes participan” en manifestaciones. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en cambio, valoró que los incidentes no habían sido “graves” y pidió a los periodistas que usen distintivos durante las coberturas “porque si no, no se sabe”. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, felicitó a los agentes por “la titánica tarea”. “Estamos haciendo lo que corresponde. No estamos dispuestos a que un grupito de violentos logre frenar un debate”, dijo en la rueda de prensa del Gobierno, en la que defendió el protocolo antiprotestas que desde diciembre acciona el Gobierno para limitar las manifestaciones callejeras.

Este viernes los manifestantes volvieron a la plaza. “Miles salimos por todos lados para gritar basta”, se leía en una pancarta desplegada ante en el Congreso. En un día que la temperatura máxima supera los 38 grados en Buenos Aires, fueron pocos miles los protestantes reunidos. A las primeras concentraciones convocadas por partidos políticos y organizaciones de izquierda se sumaron este viernes acciones convocadas desde otros grupos sindicales, políticos y culturales, que organizaron un “festival de lucha”.

Las personas reunidas en la plaza del Congreso supieron con algunos minutos de retraso el resultado de la votación. Una artista que se disponía a cantar una milonga sobre el escenario como protesta interrumpió la música desconcertada. Cuando supo la noticia la comunicó a los presentes que reclamaron a gritos un “paro general”. “Esta es una votación en general. La semana que viene va a seguir en particular. Es importante te que sepamos que la lucha continúa”, intervino uno de los presentes. La artista, Julieta Laso, pidió no abandonar las calles y retomó con una canción de los Redonditos de Ricota, Blues de artillería: “No abandonemos las calles, quedémonos acá”.

Las protestas el viernes transcurrieron sin incidentes hasta pasadas las siete de la tarde. Entonces, empezaron los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad, que lanzaron gases y bastonazos para dispersar a los manifestantes, y algunos de los asistentes a la protesta, que respondieron arrojando piedras y botellas y quemaron contenedores. La noche acabó con 13 detenidos, según la agencia de noticias Télam.

Desde que asumió el pasado 10 de diciembre, Milei ha enfrentado ya una huelga general y numerosas protestas, pero todo hace prever que la conflictividad social irá en aumento a partir de marzo, cuando arranque el año escolar y comiencen a sentirse con más fuerza los efectos de la recesión que sufre el país. A mitad de 2023, cuatro de cada diez habitantes de Argentina era pobre —y casi seis de cada diez niños— y el próximo dato oficial será peor. La inflación va también en aumento, por más que Argentina ha desbancado a Venezuela de lo más alto del podio mundial. Los precios se incrementaron un 211,4% en 2024 y el ritmo se acelerará aún más en los próximos meses por la retirada de subsidios a la energía y al transporte y la desregulación en sectores como alimentos, combustibles y medicina y educación privada.

Las protestas de los últimos días, celebradas en medio de la peor ola de calor del verano, son pequeñas en comparación con otras movilizaciones, como la que enfrentó Macri en 2017 cuando cambió el sistema de actualización de las jubilaciones o la que se opuso a beneficios penitenciarios para los condenados por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura. Milei ha advertido que si su megaley encalla en el Congreso el ajuste fiscal será más duro que el que había estimado inicialmente, con un recorte del gasto público superior a los 20.000 millones de dólares.

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