Alberto Fernández exige 800.000 dólares a una líder opositora por “daños contra el honor”

Alberto Fernández exige 100 millones de pesos (800.000 dólares) para reparar el “daño contra el honor” del que se sintió víctima hace un año. El dinero deberá salir del bolsillo de Patricia Bullrich, exministra de Seguridad durante la presidencia de Mauricio Macri y hoy una de las voces más radicales de la oposición conservadora. A finales de mayo de 2021, Bullrich acusó a Fernández y a su exministro de Salud, Ginés González García, de no comprar la vacuna de Pfizer porque la compañía se había negado a pagar sobornos. Tanto el presidente como el entonces ministro anunciaron querellas y demandas, pero Bullrich se plantó, sin prueba alguna, en sus afirmaciones. Este martes, ambos se presentaron ante un juez en una mediación. La exministra se mantuvo en sus dichos y el presidente en su demanda. El juicio durará años y, seguramente, llegará a la Corte.

En mayo de 2021, en Argentina escaseaban las vacunas contra la covid-19. Menos del 10% de la población había recibido una dosis y la oferta estaba limitada a los viales de la británica AstraZeneca, además de la rusa Sputnik y los productos chinos. La oposición cargaba entonces contra la ausencia de la vacuna de Pfizer, de origen estadounidense.

La historia de las vacunas de Pfizer en Argentina se sigue en capítulos. En julio de 2020, cuando Argentina llevaba ya casi cuatro meses confinada por el virus, el Gobierno anunció que Pfizer iba a realizar en el país uno de sus testeos clínicos. Miles de argentinos se someterían a una vacuna experimental y, a cambio, Argentina dispondría de un trato preferente (en precios y prioridad de envíos) cuando el producto estuviese listo. La relación entre el Gobierno y Pfizer era óptima. Pero las cosas no salieron como se esperaba. El Gobierno de Buenos Aires se negó a pagar la distribución a DHL (la compañía a la que Pfizer otorgó la exclusividad para garantizar la cadena de frío) y Pfizer no aceptó la posibilidad de sufrir denuncias por “negligencia”, conforme establecía la ley aprobada de urgencia por el Parlamento por todas las fuerzas políticas. En medio de una gran escasez mundial de vacunas, Argentina se quedaba sin los productos de Pfizer.

La oposición se apuró a aprovechar el flanco débil de la Casa Rosada. De un día para el otro, la prensa aseguraba que si había muertes por covid en Argentina era porque no se había aplicado la vacuna de Pfizer. La culpa de la catástrofe sanitaria estaba en la apuesta oficial por los viales rusos, chinos y británicos, El ambiente estaba agitado. En febrero de 2021, había estallado el escándalo de los “vacunatorios VIP”. Centenares de personas, entre ellos políticos, empresarios y periodistas vinculados al peronismo y el kirchnerismo, habían recibido la inyección fuera de turno y, en algunos casos, en la propia sede del Ministerio de Salud. Bullrich se subió a la ola del descontento y denunció en televisión que si Pfizer no estaba en Argentina era porque se había negado a pagar los sobornos que le exigía Fernández. Dijo entonces que si “el vacunatorio VIP” fue un delito, el pedido de una coima a Pfizer había sido “cien veces peor”. La farmacéutica negó la denuncia, Bullrich jamás presentó pruebas y Fernández presentó una querella por “daño al honor”. Un año después, poco ha cambiado.

Bullrich se presentó ante el juez y a la salida del juzgado se erigió en voz de aquellos que murieron por la pandemia, poco más de 129.000 personas desde marzo de 2020. “Ratifiqué mis dichos, por la opinión que yo di respecto a que el presidente de la nación debía saber que no se había firmado un contrato fundamental para los argentinos. Ese contrato no se firmó y él debía saberlo. Eso trajo dolor a los argentinos. Hoy fui un canal de expresión de todos los argentinos que sufrieron por no tener una vacuna a tiempo”, dijo, aunque ya no habló de sobornos. La exministra no se vio, como se esperaba, cara a cara con el presidente Fernández, que se mantuvo en una habitación contigua. “Se quedó en un cuartito guardado”, disparó Bullrich. En lugar de Fernández habló su abogado, Gregorio Dalbón. La denuncia, dijo, se mantendrá porque la líder opositora no quiso retractarse. Y anticipó que, de ganar, el presidente donará el dinero al Instituto Malbrán, encargado de investigar enfermedades infecciosas de Argentina.

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