La inflación en Argentina alcanza el 58% interanual en un clima de creciente conflictividad social

Los movimientos piqueteros argentinos han tomado la calle. Miles de personas confluyeron en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, bajo el lema “trabajo y salario”. Llegaron a la capital argentina desde todo el país, en el marco de una gran “marcha federal” que buscó plantar cara el Gobierno de Alberto Fernández. La manifestación coincidió con la difusión de un nuevo índice de inflación, el gran mal de la economía del país sudamericano. Según el Indec, la oficina que elabora las estadísticas oficiales, el IPC de abril subió un 6%, y ya suma 58% interanual, en el que es el peor acumulado desde 1992.

La inflación es la variable que pega más duro entre los más pobres. La subida del IPC ha sido especialmente dura para los alimentos, que hasta este mes llevaba registros por encima del promedio. En marzo, subieron 7,2%, medio punto más que el índice general. Este mes subieron 5,9%, apenas una décima por debajo.

“Vinimos desde Jujuy [extremo norte de Argentina] a reclamar trabajo y salarios dignos. Los trabajadores rurales, hasta los que están en blanco, cobramos por debajo de la canasta familiar, son salarios de hambre”, dice Benjamín Rodríguez, integrante de la Unión argentina de trabajadores rurales y estibadores. Un peón rural cobra hoy cerca de 60.000 pesos (menos de 500 dólares, al valor oficial), 30.000 pesos por debajo de los ingresos que necesita una familia para no ser pobre en Argentina, según el piso elaborado por el Indec. Rodríguez denuncia que el aumento salarial pactado para su sector este año es del 47%, cuando se prevé que la inflación rondará el 60%, lo que supondrá un duro golpe al ya mermado poder adquisitivo de los trabajadores rurales.

“Con hambre no se puede estudiar”, se lee en una pancarta sostenida por docentes vestidos con la bata blanca que distingue a maestros y alumnos de la escuela pública argentina. Mariel Chávez, profesora de primaria, cuenta que desde 2018 hasta ahora cada vez son más los casos de niños que llegan a la escuela con hambre y para quienes la comida que reciben allí es el plato fuerte del día. “Algunos quieren repetir y no pueden, porque no hay más”, denuncia. Muchas familias no tienen tampoco ingresos suficientes para comprar útiles escolares ni vestimenta adecuada a sus hijos. “Hay chicos que llevan zapatillas que les quedan grandes, porque los heredan de sus hermanos y no tienen otras de su talla”, señala. El 37% de la población argentina es pobre, pero la cifra asciende al 51% en los menores de 15 años.

“Villa 31″, “Villa 32″, “Villa 21-24″, “Oculta”, puede leerse debajo de cada bandera del Polo Obrero desplegadas en la columna que ingresó a la Plaza de Mayo desde el Obelisco. Esos números identifican a villas miseria de Buenos Aires y su periferia, en las que la mayoría de sus habitantes sobrevive gracias a subsidios estatales con los que complementan lo que obtienen de changas, pequeños trabajos informales. En los últimos 12 meses, los ingresos de estos trabajadores han aumentado un 41,6%, casi 17 puntos porcentuales menos que la inflación.

La subida de los precios lleva en dos dígitos anuales desde la salida de la convertibilidad del peso con el dólar, en 2002. Ningún Gobierno, ya sea de izquierda o de derecha, ha encontrado la fórmula para bajarla. La cuestión de fondo es el déficit fiscal crónico que padece el Estado argentino. Según la vereda ideológica en la que se pare el presidente de turno, se financiará con emisión monetaria (el caso del kirchnerismo) o con endeudamiento (como hizo Mauricio Macri entre 2015 y 2019). Hoy, Argentina no puede hacer ni una cosa ni la otra: las tasas de interés que debe pagar la mantienen fuera de los mercados de crédito internacional y la emisión monetaria está al límite. Solo en 2021, el Tesoro giró al Estado nacional 2,1 billones de pesos, equivalentes al 4,8% del PIB.

Al Gobierno de Alberto Fernández no le queda otro camino que reducir el déficit, una estrategia acordada con el Fondo Monetario Internacional. Según el texto firmado con el Fondo para refinanciar pagos por 44.500 millones de dólares, Argentina bajará su rojo desde 3% al 0,9% del PIB en 2025. El ajuste tiene el repudio de la pata kirchnerista de la coalición de gobierno. La expresidenta y actual vicepresidenta, Cristina Kirchner, considera que reducir el gasto redundará en menos ayuda social y aniquilará las chances electorales del peronismo en 2023. Para Alberto Fernández, en cambio, el camino es el de la prudencia fiscal, única forma de sostener el crecimiento económico registrado tras la pandemia.

El PIB de Argentina creció 10,3% en 2021, incluso por encima de la caída de diez puntos registrada en 2020. “Estamos creciendo mucho en la economía, estamos generando muchos nuevos trabajos formales, pero nos está costando mucho corregir la distribución del ingreso, y en eso tiene mucho que ver la inflación”, dijo el presidente Fernández en una rueda de prensa celebrada en París, donde se reunirá este viernes con su par Emmanuel Macron. “Y aun cuando nosotros alentamos que las paritarias [negociaciones salariales] resuelven ese problema y que los salarios estén por encima de la inflación tenemos que trabajar sobre todas las causas que la generan”, dijo.

Entre las causas que identifica el Gobierno, y también el FMI, están los subsidios a la energía, una estrategia iniciada por el Gobierno de Cristina Kirchner para contener la inflación. El Estado paga hoy buena parte de la cuenta mayorista de gas y electricidad para que las subidas no se trasladen a los hogares. El año pasado, la cifra alcanzó el 2,3% del PIB. Este año será peor, por la disparada de los precios internacionales. El Ejecutivo de Fernández ha propuesto como solución un retiro gradual de los subsidios según el nivel de ingresos de las familias, empezando por el 10% más rico, que deberá pagar la factura completa. Para los sectores medios y bajos también habrá aumentos de tarifas. El kirchnerismo no quiere saber nada con retirar esas ayudas. La guerra es fratricida. Dos referentes de Kirchner están al frente de los entes que regulan el precio de la energía y este jueves se ausentaron de las audiencias públicas iniciadas para debatir un nuevo cuadro tarifario.

“Los aumentos suponen la aplicación de la segmentación, que el 10% más pudiente, que se ve beneficiado con los subsidios, deje de ser subsidiado”, dijo Fernández. “Son aumentos que se vinculan con la evolución del salario en Argentina. Nunca pueden ser más altos que el aumento salarial de las personas, será siempre un porcentaje menor. Eso no es una imposición del Fondo, lo hacemos porque hay que hacerlo, es difícil pensar que la economía puede subsidiar a los más ricos en materia energética”, explicó.

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