Polémica en Río de Janeiro por un plus salarial para policías que maten criminales

El gobernador de Río de Janeiro, el bolsonarista Claudio Castro, tiene la última palabra sobre el plus salarial para premiar a los agentes de policía que maten criminales o decomisen armas de alto calibre. En su mano está vetar, o no, la ley aprobada la semana pasada por la asamblea estatal que reinstaura la conocida como gratificação faroeste (gratificación del lejano Oeste), que estuvo vigente en los años noventa. El gobernador Castro tiene un plazo de 15 días. La vuelta del controvertido bonus salarial, eliminado en su día por la presión de la sociedad civil, llega en un momento en que Río tiene los menores índices de letalidad policial en una década.

El plus salarial fue introducido en un proyecto de ley sobre la reforma de la carrera de los policías civiles, que se dedican principalmente a la investigación, no a patrullar las calles. El texto contempla un bonus de entre el 10% y el 150% del sueldo para los agentes “en caso de aprensión de armas de gran calibre o uso restringido”, y “en caso de neutralización de criminales”, informa O Globo. Añade el diario que fue aprobado con 45 votos a favor y 17 en contra el pasado día 23.

El Ministerio Público ha recomendado al mandatario fluminense que vete el polémico apartado con dos argumentos: es inconstitucional y viola el derecho fundamental a la seguridad pública. Los promotores del plus del oeste sostienen que es un premio a los agentes que arriesgan sus vidas para combatir el crimen. Para Human Rights Watch, este proyecto de ley “estimula la fuerza letal” y “es una receta para más brutalidad e impunidad”. La ONG insta al gobernador a vetarlo. Castro pertenece al Partido Liberal, el de Jair Bolsonaro, que cuando era presidente también intentó flexibilizar las normas policiales para abrir fuego.

Río de Janeiro fue durante muchos años el Estado brasileño donde la policía más sospechosos mataba hasta que, en 2022, fue superado por Bahía. El año pasado, la policía fluminense mató a 469 sospechosos, que suponen más de una víctima mortal diaria, pero también la cifra más baja de una década. El pico fueron los más de 1.800 fallecidos en intervenciones policiales alcanzado en 2019, el primer año del mandato de Jair Bolsonaro. Las víctimas suelen ser hombres jóvenes, negros, de las periferias.

Entre los factores que han impulsado la espectacular reducción, las cámaras en las solapas de los agentes. Unos dispositivos que las autoridades de Río se resistieron a implantar pese a los buenos resultados que dieron en otros Estados de Brasil y a que el Tribunal Supremo les ordenó hacerlo.

Las cámaras fueron introducidas en Río en 2023. El efecto fue inmediato. Un año después, la policía había aflojado el gatillo del tal manera que las muertes en operaciones policiales cayeron un 35%, lo que arrastró la cifra global de víctimas, que disminuyó un 5%.

La prensa brasileña apunta a que el gobernador Castro se inclina por el veto, por varios motivos. El primero, el fuerte impacto que supondría a las arcas públicas de un Estado que está en proceso de recuperación fiscal tras declararse en bancarrota hace casi una década. Y la mala imagen de premiar a quien mata delincuentes en vísperas de un año electoral. En 2026, el gobernador quiere concurrir al Senado o a la Cámara de Diputados.