Ecuador se sitúa como el país más violento de América Latina: un asesinato cada hora

El funeral de un pandillero no se limita a colocar flores ni rezar ante un ataúd. El ritual incluye disparos al aire que asustan a los vecinos de alrededor. Las puertas de las casas de los barrios controlados por las mafias se cierran de golpe. Los deudos visten de negro y portan armas por si se presentan sus enemigos. Así es la vida en Ecuador, que está más violenta que nunca. Según el informe 2024 de la organización Insight Crime, Ecuador se posiciona como el país más violento de América Latina, registrando una alarmante tasa de 38 homicidios por cada 100 mil habitantes.

En los primeros 50 días del año, el país ha registrado 1.300 asesinatos, lo que equivale a un crimen por hora. Esta cifra refleja un aumento del 40% en comparación con 2023, un año que ya ostenta el título de ser el más violento en la historia reciente del país. En medio de este contexto de sangre, al menos 50 menores de edad han perdido la vida, solo en enero. Entre ellos, se encuentran al menos tres bebés, víctimas de una violencia desmedida que no parece dar tregua. Con estas cifras, el 2025 se perfila como un nuevo hito en la tragedia de la inseguridad, acercándose cada vez más a un récord de muertes que nadie quiere ver.

Según el Gobierno, el repunte de la violencia en el país se explica por factores políticos, con la advertencia de que la situación podría empeorar antes de las elecciones presidenciales de segunda vuelta. “Tenemos información de que estos grupos armados organizados estarían reagrupándose y reabasteciéndose para un posible aumento de la violencia en marzo”, afirmó Giancarlo Loffredo, ministro de Defensa. Tras la primera vuelta electoral, Daniel Noboa realizó cambios en las direcciones de las instituciones encargadas de la seguridad, que conforman el bloque de seguridad creado tras la declaración de conflicto armado interno a principios del año pasado.

Estos ajustes han generado un remezón al interior de las fuerzas policiales y militares, dos instituciones que el mandatario utiliza para reforzar su imagen de “mano dura” frente a la creciente ola de delincuencia. A ello se suma la falta de recursos para mejorar la eficiencia de las operaciones de estas fuerzas y las dudas sobre la transparencia y calidad en la compra de chalecos antibalas para las tropas militares.

La última propuesta de Daniel Noboa ha sido solicitar ayuda militar extranjera a países aliados para reforzar el apoyo a las Fuerzas Armadas y la Policía. Aunque no existen impedimentos constitucionales para dicha solicitud, el presidente, a través de su bancada en el Congreso, propuso discutir una resolución que, más allá de lo institucional, se percibe como un movimiento de campaña electoral. Sin embargo, sus opositores terminaron aprobando de manera unánime el pedido de Noboa, que hasta el momento no ha revelado qué países han mostrado interés en enviar tropas especiales a Ecuador para combatir la creciente criminalidad. Sin embargo, la estrategia para enfrentar la crisis sigue siendo la misma: militares patrullando las calles y operativos en los que las fuerzas policiales regresan una y otra vez a los mismos puntos de conflicto, sin obtener avances significativos.

Mientras tanto, la inseguridad en Ecuador parece replicar escenas sacadas de un guion de ficción. Como el asesinato de un hombre mientras se bañaba en una playa turística, donde los sicarios se adentraron en el mar para dispararle sin que nadie pudiera intervenir. O el ataque de sujetos vestidos con ropa similar a la de los militares, que irrumpieron en un conjunto habitacional de una zona residencial en Samborondón, acabando con la vida de cuatro personas mientras estaban en sus casas. A lo largo de Guayaquil, Durán y Manta, diversos barrios han sido escenario de al menos cinco masacres a plena luz del día, en las que niños han quedado atrapados entre las víctimas colaterales. En medio de este caos, el director del hospital Teodoro Maldonado, Rony Camba, permanece secuestrado desde el 31 de enero, sin que ninguna autoridad se haya pronunciado sobre su paradero o su situación.

Ecuador enfrenta ahora una nueva configuración de bandas criminales, más armadas, mejor entrenadas y más violentas que nunca. Un fenómeno que ya habían anticipado varios expertos en seguridad, cuando el Gobierno les otorgó el estatus de enemigos de guerra, con la intención de frenar el avance de estas organizaciones. Para la organización Insight Crime, la intervención militar en Ecuador no logró disolver a los grupos criminales, sino que los obligó a transformarse y adaptarse a nuevas estrategias.