El Gobierno de Boluarte saca los tanques de guerra a la calle por el tercer paro contra las extorsiones del crimen organizado

“Uno o dos paros no solucionarán el problema”, dijo la presidenta Dina Boluarte en la víspera de la tercera gran medida de protesta que, en menos de un mes, han tomado miles de peruanos atemorizados por el cobro de cupos o extorsiones y el sicariato. El Gobierno ha llegado a sacar tanques a la calle este jueves para disuadir a los manifestantes, acorralados por el avance del crimen organizado. Ya no solo se trata de las empresas de transporte, sino también de otros gremios cercados por las mafias, como los comerciantes en su conjunto, desde los carniceros de los mercados hasta quienes venden polos y pantalones en las galerías. A ellos se suman gremios universitarios, sindicatos, colectivos sociales y los deudos de quienes perdieron la vida durante las protestas al inicio del mandato de Boluarte.

A diferencia de las huelgas anteriores, esta última tuvo carácter nacional, sobre todo en regiones de la costa y la sierra centro y sur. No en todos los casos los gremios de transportistas pararon sus actividades, en algunas ciudades se realizaron marchas o plantones. Sea como fuere, fue una demostración de un rechazo generalizado que se percibe con claridad en las estadísticas, donde el 92% de peruanos desaprueba la gestión de la presidenta Boluarte, según el último sondeo de Datum Internacional.

Después de no hablar con la prensa durante 104 días, el martes la abogada decidió dejar el mutismo, pero en lugar de brindar un mensaje conciliador, le restó importancia al paro y discutió con los periodistas esquivando sus preguntas. “No se dejen sorprender como lo que ocurrió en diciembre del 2022 y enero y febrero del 2023, que querían poner al país en un desastre total. [...] No hagamos eco del odio”, señaló.

Por otro lado, Boluarte responsabilizó a la comunidad venezolana del aumento de la criminalidad. “A los delincuentes extranjeros que están en nuestro país, a ellos les decimos, los botaremos del territorio nacional, no les vamos a permitir que se queden un día más en nuestro territorio”, dijo. Acaba de publicarse un decreto supremo donde a partir de ahora los hospedajes y arrendadores tendrán la obligación de reportar a la Superintendencia Nacional de Migraciones a quiénes les alquilan su inmueble. Los ciudadanos venezolanos deberán acreditar su contrato de trabajo y alquiler o serán multados.

En Lima, los manifestantes colmaron varios tramos de la Panamericana Norte en su largo camino hacia el Congreso. Otros se concentraron directamente en la Plaza Dos de Mayo, en el Centro de Lima. Para contrarrestar la huelga no solo hubo un gran despliegue policial que incluyó el refuerzo de efectivos de diversas regiones, sino también el uso de tanques de guerra que amedrentaron a la población. “Miren cuántos policías, pero cuando nos matan no existen. No sirven para nada”, reclamó un manifestante. Trece mil policías y cuatro mil militares resguardaron el Centro Histórico.

Un grueso de la gente critica que en cada paro el Ejecutivo ha hecho gala de su poderío militar y policial, pero que dicha exhibición no tiene ningún efecto frente a las organizaciones criminales. De hecho en pleno estado de emergencia un mototaxista fue baleado, en el mercado Las Lomas en el distrito de Villa El Salvador al sur de Lima. Un sicario le disparó a bordo de una moto lineal y luego huyó. La víctima, Ángel Flores Canales, fue trasladado al hospital, pero falleció por la gravedad de sus heridas.

Incidentes como estos se repiten a diario. Ni las escuelas han podido escapar a las mafias. La semana pasada un profesor fue acribillado enfrente de sus alumnos en el distrito de Ate. Según la Asociación de Promotores de Educación Inicial (APEIP) alrededor de 250 colegios privados son extorsionados. Les piden cupos que superan los cinco mil dólares. A propósito, los colegios y las universidades suspendieron sus clases presenciales. El Seguro Social de Salud también se vio afectado y debió reprogramar las citas.

En cuanto a la protesta, durante la tarde la turba se apostó en el frontis del Congreso, en la avenida Abancay, pero un cordón policial impidió que continuaran avanzando. “(La inseguridad) no se ha originado en este gobierno, pero sí ha empeorado”, clamó Susana Saldaña, la presidenta del emporio comercial de Gamarra. Los pedidos de los manifestantes fueron la derogación de la ley de crimen organizado, así como la renuncia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, cuya autoridad ha sido mellada por la falsa captura de un líder terrorista que hace veinte años había cumplido su condena y no tenía ninguna requisitoria vigente. Pero las voces gritaron con más fervor, pidiendo la salida de Dina Boluarte, la sucesora de Pedro Castillo que se ha atrincherado en Palacio. Al final de la jornada se detuvieron a 26 manifestantes. Se trata de la marcha que más actores ha reunido, incluso a artistas. Y si bien la medida de fuerza cesará por ahora, los gremios han señalado que la huelga continuará en las próximas semanas.