Sentenciado a 18 años de cárcel un alto mando de la Marina peruana por el asesinato de 70 personas en la guerra sucia contra el terrorismo

Tenía 22 años, un hijo y un carné de periodista que no impidió su muerte. La última vez que Jaime Boris Ayala Sulca fue visto con vida, antes de cruzar el portón del estadio municipal de Huanta, el ímpetu en sus ojos podía distinguirse a leguas. Durante la madrugada, unos hombres habían irrumpido en la casa de su madre para amenazarla con una pistola y, además, le habían fracturado el tabique a su hermano de unas cuantas patadas. Ayala Sulca tenía la sospecha de que habían sido policías y, como en la comisaría se habían negado a aceptar su denuncia, se dirigió a la base de la Marina, apostada en el estadio, a pedir explicaciones. Fue la mañana del 2 de agosto de 1984 en las alturas de Ayacucho. La ciudad estaba tomada por las Fuerzas Armadas en respuesta a la subversión. Han pasado cuarenta años y el corresponsal del diario La República y conductor de un programa en Radio Huanta 2000 todavía no aparece.

Apenas la noche anterior, una patrulla de infantería de la Marina había ingresado con violencia a un templo de la Iglesia Presbiteriana, en medio de un culto, en la comunidad de Callqui, también ubicada en la provincia de Huanta. Sacaron a la fuerza a seis feligreses y los condujeron al patio. Después de preguntarles si eran terroristas, los acuchillaron, les dispararon y los dinamitaron. Dos de ellos eran menores de edad. Poco después, entre el 9 y 13 de agosto de 1984, se produjo la desaparición de 42 personas en la comunidad de Culluchaca, un anexo de Huanta. El 22 de ese mismo mes se descubrieron cuatro fosas en la zona de Pucayacu, en la región colindante de Huancavelica, con medio centenar de cadáveres. Su avanzado estado de descomposición no escondió los signos de tortura: manos atadas, lesiones por cuchillo y orificios en la cabeza.

Esta breve cronología del horror prueba el contexto de violencia que se vivía en Ayacucho, donde la población, dedicada a la agricultura y el ganado en su mayoría, vivía entre dos fuegos: el terrorismo y las Fuerzas Armadas. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, solo en Huanta se produjeron el 22.16% de los asesinatos y el 18.52% de las desapariciones de toda la región. Este lunes, después de 40 años de espera y una larga batalla en los tribunales, uno de los grandes responsables de aquellos crímenes ha sido sentenciado a 18 años de prisión. Se trata de un alto mando de la Marina, Alberto Rivera Valdeavellano, exjefe político militar del área de seguridad nacional de Huanta.

A Rivera se le atribuye la autoría mediata de estas graves violaciones a los derechos humanos. En este fallo de ribetes históricos, la sala le impuso una inhabilitación de cinco años y una reparación civil de 100 mil soles (26.700 dólares) para los familiares de cada una de las víctimas. También se señaló que el Estado peruano les debe unas disculpas públicas, pues se demostró que las “víctimas no tenían ninguna vinculación con elementos terroristas. Más bien, eran humildes campesinos a los cuales les recortaron sus derechos y sus proyectos de vida”, se leyó durante la sentencia.

Otro de los imputados en estas masacres es el exmarino Augusto Gabilondo García del Barco, quien por aquellos años asumió la jefatura de la Base Contrasubversiva de Huanta. En su caso, los magistrados declararon en reserva el fallo, y emitieron una orden de captura a nivel nacional e internacional debido a que se encuentra en España. García del Barco, cuyo apelativo de guerra era ‘Barrabás’, huyó del Perú y fue capturado en 2022 en Fuengirola, un balneario en Málaga, pero fue liberado sin fianza. Él, además, está implicado en la desaparición de Benito Baldeón, un trabajador de la Oficina de Reclutamiento del Ejército que, al igual que el periodista Jaime Ayala Sulca, está no habido desde el 2 de agosto de 1984.

Augusto Gabilondo García del Barco es el primer militar que ha solicitado la aplicación de la Ley N° 32107, conocida como la ley de impunidad, promulgada por el Congreso en agosto pasado que exime de todo proceso judicial a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra antes de julio de 2002, cuando entró en vigencia en Perú el Estatuto de Roma. Los jueces, sin embargo, desestimaron su pedido y decidieron inaplicar la ley por el control de la convencionalidad y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Originalmente entre los acusados también se encontraba Adrián Huamán Centeno, exjefe del comando político militar de Ayacucho, pero murió y el juicio continuó con los otros imputados. Un protagonista principal de estas torturas también fue el capitán de coberta Álvaro Artaza Adrianzén, conocido como ‘comandante Camión’. En febrero de 1986, a dos años de los crímenes, la Corte Suprema de Justicia resolvió que aquellos casos pasaran al fuero común. Y fue justo por esos días que el ‘comandante Camión’ fue presuntamente secuestrado cerca a un restaurante en Lima. Tres años después fue declarado muerto, aunque su desaparición nunca dejó de despertar suspicacias.

El histórico fallo sucedió en la víspera del Día del periodista peruano. A propósito de ello, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú ha señalado que la “sentencia es un paso firme en la lucha contra la impunidad, pero para que exista justicia plena es urgente hallar los restos del periodista (Jaime Ayala Sulca)”. Por otra parte, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) remarcó que se mostrará vigilante para que la condena sea confirmada por la Corte Suprema, también para que se “cumplan las reparaciones integrales” y, finalmente, para que se “logre la extradición de Augusto Gabilondo García del Barco”.