Venezuela rechaza las nuevas sanciones de Estados Unidos contra 16 funcionarios

La Cancillería de Venezuela ha rechazado, “en los términos más enérgicos”, la imposición de nuevas sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra 16 funcionarios señalados de cooperar en la realización del fraude electoral en Venezuela. Las ha calificado de “crimen de agresión”. “Las erróneamente llamadas ‘sanciones’, que ha sido vergonzosamente promovidas por la derecha fascistas, rompen y violan los acuerdos de Qatar y que pretenden imponer a todo un país sus intenciones políticas de ‘cambio de régimen’ como parte de la doctrina Monroe”, señala en un comunicado.

Con la mención a los acuerdos de Qatar, que el Gobierno de Nicolás Maduro hizo públicos hace unas semanas, el chavismo señala el levantamiento de sanciones al que se comprometió Washington si se concurría a unas elecciones libres y competitivas. En la declaración oficial, Caracas asegura que fracasarán en sus intentos de cercarlos diplomáticamente y que Venezuela continuará “consolidando su proceso democrático participativo y protagónico” y “afianzando sus lazos con otras naciones que sí entienden de diplomacia, respeto y cooperación”.

La tensión en la crisis política del país ha aumentado desde que el candidato opositor Edmundo González se vio forzado a irse al exilio en España, donde el Congreso de Diputados pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconocerlo como presidente electo —lo que todavía no ha ocurrido— y este lo ha recibido en la Moncloa. El jefe del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, ha pedido romper relaciones con el país europeo aunque aún no se ha producido ningún movimiento ni comentario desde Miraflores.

Las medidas de Washington complican aún más el panorama internacional y configuran una nueva temporada de aislamiento para Maduro, que ha sido proclamado ganador de las elecciones sin todavía presentar los resultados completos. Con estas premisas, la oposición acusa de fraude al chavismo y defiende su triunfo según las actas oficiales recogidas por los testigos el 28 de julio. Desde Maduro, incluido su esposa Cilia Flores y su hijo Nicolás Maduro Guerra, el fiscal Tarek William Saab, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, ministros, antiguos magistrados del Supremo, jefes militares tienen sanciones al menos desde 2017. Los rectores del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso y Carlos Quintero, también tenían medidas desde hace varios años.

Las sanciones individuales que implican congelamiento de bienes y suspensión de visas para 16 funcionarios implicados en violaciones de derechos humanos, corrupción y prácticas antidemocráticas. En la lista anunciada este jueves figuran la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia que condujo el supuesto peritaje de la Sala Electoral para convalidar los cuestionados resultados electorales con los que el Consejo Nacional Electoral dio ganador a Nicolás Maduro. Además, se han incluido a los otros magistrados de esa sala Inocencio Figueroa, Malaquías Gil, Juan Carlos Hidalgo y Fanny Márquez. También se incluye a la rectora principal del CNE, Rosalba Gil, y al secretario general de este organismo, Antonio Meneses.

Tienen sanciones Luis Ernesto Dueñez, fiscal asignado a la investigación contra Edmundo González, y al juez del tribunal contra terrorismo, Edward Briceño, que dictó la orden de arresto contra el candidato opositor y ha seguido los procesos de la mayor parte de los más de 1.700 detenidos luego de las elecciones, al igual que Dinorah Bustamante, fiscal militar incluida en el listado. También se ha señalado al vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Pedro Infante.

En un segundo grupo de sancionados con medidas como el congelamiento de bienes y la suspensión de visas para entrar a Estados Unidos están cinco militares que son parte del brazo represivo del Gobierno de Maduro, como el general Domingo Hernández Lárez, jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, Johan Hernández Lárez y Elio Estrada de la Guardia Nacional, además de Asdrúbal Brito, de la Dirección de Contrainteligencia Militar, y Miguel Muñoz, director adjunto del Servicio Bolivariano de Inteligencia.