86 adolescentes detenidos en las protestas en Venezuela quedan en libertad condicional

En las puertas de los penales se repitieron las escenas de gritos, aplausos y abrazos de alivio. Un total de 86 adolescentes, de entre 13 y 17 años, han sido excarcelados en las últimas semanas del grupo de más 100 procesados por delitos de terrorismo e instigación al odio. Son parte del saldo 1.600 personas detenidas en protestas que ha generado la falta de pruebas creíbles los resultados que dieron ganador a Nicolás Maduro y que su Gobierno ha reprimido duramente. Los adolescentes han sido liberados con restricciones como presentarse semanalmente en tribunales, prohibición de salida del país y presentación de constancia regular de estar estudiando o trabajando.

A través de X, la ONG Foro Penal informó que entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre, se produjeron un total de 86 liberaciones con medidas cautelares. Los jóvenes son de los estados Caracas (16), Táchira (13), Miranda (9), Lara (8), Mérida (8), Anzoátegui (6), Zulia (6), Portuguesa (5), Carabobo (4), Nueva Esparta (4), Cojedes (2), Amazonas (1) y Yaracuy (1), según el recuento de la ONG.

Con la detención masiva de adolescentes, el chavismo cruzó una línea que no ha pisado antes. Los defensores de derechos humanos denunciaron violaciones al debido proceso, la reclusión de menores de edad con adultos, así como la negación del acceso a defensa privada y al contacto con sus familiares. Aún quedan 28 menores de edad en prisión y Edmundo González, que ha pasado a una situación de clandestinidad y que no publicaba en sus redes sociales desde hace tres días, ha escrito este lunes un mensaje en el que aboga por su liberación.

“86 niños, niñas y adolescentes han sido liberados tras sufrir detenciones injustas que jamás debieron ocurrir. Exigimos la liberación inmediata de los 28 adolescentes restantes y todos los presos políticos”, escribió en X. “Es hora de poner fin a la persecución y avanzar hacia una transición ordenada para un cambio en paz y con garantías”, agregó el candidato opositor que con 83,5% de las actas de votación del 28 de julio ha denunciado un fraude para arrebatarle la victoria que demuestra con los documentos.

La oposición ha exigido el cese de la represión contra dirigentes y ciudadanos comunes para iniciar una negociación política con el Gobierno. Estas excarcelaciones son las primeras que se producen desde que el chavismo se ha atrincherado para defenderse de los señalamientos de fraude que vienen de las propias organizaciones que participaron como observadoras del proceso, en torno a los cuales se ha desatado una nueva crisis de legitimidad en la que la comunidad internacional ha levantado un cerco diplomático para no reconocer los resultados según los cuales Maduro quedó reelecto para un tercer período.

Maduro dispuso de dos cárceles de máxima seguridad, Tocuyito y Tocorón, en la región central del país, para recluir a los arrestados durante las manifestaciones contra los resultados electorales a los que acusa de “fascismo”. El Gobierno ha impulsado una narrativa en la que adolescentes fueron captados por la oposición como parte de unos supuestos planes para desestabilizar el país durante las elecciones. Por ello han pedido cárcel contra González Urrutia y la líder de la coalición, María Corina Machado. El candidato opositor fue citado tres veces a la Fiscalía la semana pasada para declarar en calidad de investigado, pero no se presentó al señalar la falta de independencia de los poderes públicos en Venezuela, todos bajo el control de la cúpula en el poder.

Ambos penales estuvieron por años bajo control de bandas criminales hasta que fueron ocupados por las fuerzas del orden en 2023. La semana pasado comenzaron a trasladar a unos 700 detenidos, según la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones. Los traslados se realizaron el 25, 27 y 30 de agosto y “se llevaron a cabo con muchas irregularidades, incluso algunos bajo engaño, pues no les avisaron a sus familiares. Muchos de ellos se enteraron cuando fueron a llevarles la comida a las comandancias policiales”, denunció la ONG. En estos penales tampoco han tenido acceso a sus familiares y abogados de confianza. Familiares de las reclusas de la cárcel de mujeres denunciaron que el fin de semana hicieron una violenta requisa en la que “les quitaron libros, comida, agua, cobijas, solo los colchones”, contó un familiar de una de las 230 presas políticas que hay en Venezuela.

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