Antes barbarie, ahora maltrato: el problema sin fin de las cárceles de Ecuador

En su cara luce la marca indeleble de H, un cóctel mortal de heroína, cemento y pintura. Las mejillas y la cabeza rapada están llenas de granos con pus. Ricardo acaba de salir hace unos instantes por la puerta de la cárcel de Guayaquil: ahora es un hombre libre al que no le despertarán por las mañanas a gritos e insultos, ni con el temor de que la guardia militar del día lo torture. Podrá ducharse e ir al baño con privacidad, sin otros ojos que lo observen. O comerse una hamburguesa o una pizza y no esa pasta asquerosa metida en un cuenco que le lanzaban a la cara. Por primera vez lleva un pantalón y unas zapatillas, ahí dentro siempre estaba en ropa interior. Ha compartido celda con tuberculosos y con los peores criminales que uno se pueda imaginar. Pero lo peor se lo han brindado quienes debían custodiarlo: “He salido del infierno”.

Ricardo, una hora atrás, esperaba en el umbral de la cárcel, esposado y en fila, con otro grupo de presos que también iban a ser liberados. Estaban descalzos, vestidos solo con ropa interior y el cabello corto. Los familiares miraban ansiosos desde afuera, detrás de las rejas metálicas que rodean la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más peligrosa de Ecuador. Era el último filtro para salir de este centro donde más de 300 personas han muerto en crueles masacres en los últimos tres años. Desde que las Fuerzas Armadas tomaron el control de las cárceles en enero, por pedido del presidente Daniel Noboa, ya no se matan entre ellos, pero han surgido multitud de testimonios, denuncias en los juzgados e investigaciones que revelan que en su interior se están produciendo malos tratos y hasta torturas.

Luis (nombre protegido) pasó su cumpleaños 25 en la cárcel. Fue detenido con droga en un operativo policial en la calle. Es consumidor desde hace varios años, admite. Su madre le toca los brazos y busca su barriga en la camiseta holgada. “Está flaquísimo”, dice la señora. Luis es uno de los más de 18.000 capturados desde que entró en vigencia el Estado de excepción, y cuando puso un pie en la prisión, empezaron los malos tratos. “Los militares nos pegan ni bien entramos. Usan látigo, cable, palo o tubo de cañería de agua”, describe, “sin motivo alguno, entraban a lo loco a dar palo”.

En algunas ocasiones, cuenta Luis, seleccionan a algunos presos, los sacan de las celdas para llevarlos a una caseta y continuar con los golpes. “Nos hacían submarino (waterboarding)”, dice el hombre, una forma de tortura denunciado por organismos internacionales de Derechos Humanos. “Te tiran al piso, te ponen un trapo en la cara y te echan agua”, describe Luis.

El momento de la comida es el peor para los presos de la Penitenciaría. Los testimonios recogidos coinciden en que los militares los sacan al patio del pabellón, los obligan a sentarse en fila, con la cabeza agachada y las manos en el cuello. En algunos pabellones les hacen decir una oración:

Señor te damos gracias por estos alimentos

Bendice las manos que los prepararon

Llévalo a los más necesitados

A la mesa de mi comando

A la mesa de mi guía

A la mesa del policía...

Las tres comidas llegaban al día, pero no siempre podían alimentarse, dependía de los militares que están de turno. “Unos nos hacían tragar la comida y, si no lo hacíamos rápido, nos daban un latigazo o nos la quitaban ”. Les imponen un tiempo: a veces un minuto, en otras ocasiones 30 segundos. “Tragamos la comida mientras nos van contando: 20, 15, 10… Dejamos la tarrina en el piso y levantamos las manos”, cuenta Luis. El testimonio coincide con el de Ricardo, otro preso recién liberado esta semana. “Comíamos rápido porque nos lanzaban gas en medio del patio”, dice el hombre, mientras saluda a sus hijos que lo recogieron a la salida del centro.

El Comité de Derechos Humanos de Guayaquil (CDH) ha identificado que estas prácticas no sólo ocurren en la Penitenciaría del Litoral, sino también en las cárceles de Cotopaxi y Machala. “Las Fuerzas Armadas retienen el alimento, dejan que se pudra la comida y ahí se la entregan a los privados de libertad”, dice Fernando Bastias, abogado del CDH. Estas denuncias también fueron expuestas por familiares de los presos ante un juez de Quito, que conoció un pedido de hábeas corpus para exigir al Estado que garantice la alimentación de cerca de 11.000 detenidos de 20 cárceles, que llevaban días sin recibir la comida porque el Gobierno no ha cancelado una deuda de 30 millones de dólares al proveedor desde noviembre de 2023.

Aunque la crisis de alimentación en las cárceles detonó en mayo, desde hace tres meses los presos del centro llamado Turi, en Cuenca, comían galletas y un envase pequeño de jugo una vez al día, según recogió en un informe la Defensoría del Pueblo, el organismo a cargo de prevenir las torturas en el país. Los defensores en cada provincia son los únicos a los que les han permitido ingresar a las cárceles por mandato legal, aunque igual han reportado incidentes para hacer su trabajo. Desde febrero la Defensoría alertó a las autoridades de lo que ocurría en algunos centros. “Les dijimos que los privados de libertad no estaban recibiendo la alimentación que correspondía a las calorías básicas que necesitan”, dice Rodrigo Varela, coordinador de Protección de los Derechos Humano de la Defensoría del Pueblo. Pero las instituciones del Gobierno no tomaron medidas para evitarlo. Durante las visitas que han realizado desde la vigencia del Estado de excepción, los testimonios también evidencian las torturas que han descrito Luis y Ricardo en diferentes cárceles del país. “Toda esa información la hemos enviado a la Fiscalía que es la que deberá determinar si hubo o no torturas, y si los agentes ahí presentes cometieron o no tortura”, señala Varela.

Los presos siguen incomunicados. Las visitas están prohibidas desde hace cinco meses. Ni siquiera les han permitido una llamada telefónica y en la puerta de la Penitenciaría la información es escasa. “Preguntamos por ellos y nos dicen que sí están, pero sin tener certezas de que están vivos”, responden en coro varias mujeres que esperan un milagro: verlos. Ante el silencio de las autoridades, los familiares se plantan afuera todo el día a esperar a que los liberados les cuenten lo que está pasando intramuros. Así se han enterado de las torturas, que también hay un brote de tuberculosis, que los enfermos con patologías graves no son atendidos a tiempo y que la mayoría tiene sarna o abscesos en la piel. Ricardo ya ha salido del “infierno”, pero todavía hay muchos ahí dentro.

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