Condenada a 15 años de cárcel una joven por publicar videos de las protestas en Cuba

A sus 22 años, Mayelín Rodríguez Prado recibió la mayor de las condenas con las que el Gobierno cubano castigó a un grupo de 13 personas que se manifestaron en agosto de 2022 en el municipio de Nuevitas, en el centro de la Isla. Prado, quien es madre de una niña pequeña, pagará con 15 años de cárcel por ser quien transmitió las protestas a través de la red social Facebook.

Conocida como La Chamaca, Prado grabó el momento en que la policía cubana golpeaba a tres niñas durante la manifestación y otras escenas represivas contra los participantes de la revuelta. La joven, cuya hija en ese momento tenía menos de un año, fue detenida en su casa tras la protesta e incomunicada en una sede de la Seguridad del Estado.

La sentencia judicial dictada recientemente por el Tribunal Municipal de Camagüey, a la que tuvo acceso el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), detalla que el tribunal acordó sancionar a Prado como “autora de un delito intencional y consumado de propaganda enemiga de carácter continuado” y como “autora de un delito intencional y consumado de sedición”. También anunció sentencias de entre 4 y 14 años a otros 12 participantes de la manifestación por los mismos delitos. Según el Código Penal cubano, la sedición es un “delito contra la seguridad interior del Estado”, y se condena por ello a quien “tumultuariamente y mediante concierto expreso o tácito, empleando violencia, perturbe el orden socialista”.

“Mayelín fue quien dio visibilidad a las protestas y a la represión de las autoridades, por eso esta condena como una forma de castigarla”, asegura el abogado cubano Raudiel Peña Barrios, miembro del grupo de asesoría legal Cubalex. El abogado insiste en que el objetivo de estas altas condenas es criminalizar la protesta pacífica y la libertad de expresión. “El mensaje está claro. Cualquier persona que proteste, por muy pacífico que lo haga, en cualquier parte de Cuba, será sancionada. El delito de sedición tiene un contenido muy político, porque la sedición tiene que cometerla alguien que quiere cambiar al régimen político. El mensaje es transmitir que cualquier persona, que incluso no participe en la manifestación pero que la grabe, haga fotos o vídeos, va a ser también sancionada”.

Cansados de la falta de electricidad y otras necesidades básicas, cientos de residentes de Nuevitas salieron hace dos años con cacerolas, las linternas de sus celulares y cláxones a las calles del reparto Pastelillo pidiendo a gritos “libertad”. Dicha manifestación tuvo lugar a solo un año de las protestas masivas del 11 de julio de 2021, que el Gobierno de La Habana disolvió con represión y condenas que dejaron tras las rejas a más de 1.000 personas, algunas pagando con hasta 30 años de prisión.

“Condenas ejemplarizantes”

El activista cubano Marcel Valdés hizo público en X que Fray Claro Valladares, de 22 años, otro de los 13 detenidos por la protesta, “intentó ahorcarse” en la prisión Cerámica de la provincia Camagüey tras conocer su condena de 10 años de privación de libertad.

Dichas condenas “buscan ser ejemplarizantes” en medio del descontento provocado por la situación socioeconómica en el país, de acuerdo con Yaxys Cires, director de estrategias del OCDH. “Esas condenas forman parte de un contexto altamente represivo como el actual, en el que también han ocurrido otros hechos: la detención del periodista José Luis Tan desde el pasado viernes 26 de abril; la detención arbitraria por varias horas de la intelectual Alina Bárbara López Hernández, quien además fue golpeada; y el reciente recordatorio en un programa de la televisión cubana de que hay delitos, como el de sedición, que podrían conllevar pena de muerte. Son algunos ejemplos”, sostiene.

El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian A. Nichols, también criticó las condenas a los manifestantes. “La dura sentencia esta semana de hasta 15 años de prisión para los cubanos que se reunieron pacíficamente en Nuevitas en 2022 es indignante”, dijo en X. “La continua represión del Gobierno cubano contra los cubanos que se esfuerzan por cumplir con sus derechos y necesidades básicas es inconcebible”.

Hay otros casos de personas que el Gobierno ha sentenciado por expresarse públicamente en redes sociales. Entre los manifestantes de julio de 2021, Yoan de la Cruz, quien transmitió en vivo a través de Facebook la primera manifestación desde San Antonio de los Baños, estuvo 10 meses encarcelado y condenado a cinco años de trabajo correccional sin internamiento.

Con el auge de internet en los últimos años en la Isla, el acceso de cada vez más cubanos a la red y las muestras de desobediencia popular de los últimos tiempos, el Gobierno ha implementado herramientas que restringen la libertad de expresión en estos espacios y sancionan con la Ley cualquier publicación considerada una amenaza. El Decreto Ley 370, aprobado en 2019, tipifica como delito divulgar en redes sociales “información contraria al interés público, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”. Asimismo, en el Decreto Ley 35 de 2021 queda legislada la restricción del uso de información “a través de las infraestructuras, plataformas o servicios de telecomunicaciones /TIC, de contenidos que atentan contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado”.

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