Referéndum en Ecuador: “Catapulta y otorga oxígeno al presidente”

El Gobierno de Ecuador intenta por segunda ocasión, en un año, preguntarle a la gente sobre reformas legales y constitucionales en temas de seguridad, en busca de herramientas para hacer frente a la creciente violencia en el país. Este domingo los ecuatorianos van a las urnas para decidir si quieren que las Fuerzas Armadas complementen el trabajo de la Policía en la política de seguridad, ampliando las atribuciones del Ejército para permanecer en las calles, la extradición de criminales, así como reformas en el sistema de justicia. Pero también hay preguntas que han generado controversia como que el país reconozca el arbitraje internacional para inversiones y asuntos comerciales y permitir el trabajo por horas.

De las once preguntas, ocho tienen relación con la seguridad. La primera pregunta es una enmienda a la Constitución para que las Fuerzas Armadas puedan actuar junto con la Policía Nacional. Una consulta similar a la que Guillermo Lasso propuso en el 2023 y que ganó el “no”. La justificación sigue siendo la misma, movilizar a los militares a las calles ante el avance del crimen organizado, sin que sea necesario declarar un estado de excepción.

Aunque en la actualidad, bajo el decreto de conflicto armado interno que emitió Daniel Noboa el 9 de enero, los militares continúan a cargo de la seguridad ciudadana. Han realizado 237.000 operativos, en los cuales han detenido a 300 personas por terrorismo. “Se pretende entregar a los militares la potestad constitucional para asumir el diseño y la política de seguridad ciudadana, algo que ahora es exclusivo de la Policía Nacional”, dice Luis Carlos Córdova, analista en seguridad. Y eso “puede incluir la posibilidad de expandir la frontera minera y petrolera que genera ya conflictos en algunas comunidades”, agrega.

Las dudas sobre cuál es la estrategia y el rol de las Fuerzas Armadas en la política pública de seguridad persiste cuando a pesar de la presencia militar en las calles y los miles de operativos que realizan, la violencia ha repuntado en el último mes. Nuevamente han ocurrio masacres y crímenes violentos que han incluido el asesinato a tres alcaldes. Pero el presidente ha prometido “construir una paz duradera”, lo dijo en un encuentro en la Amazonía, cuando llamaba a participar en la consulta popular. “Será el golpe más duro que podemos dar a los terroristas”, continuó el mandatario. “Van a votar para que haya protección de los militares en todos lados”, añadió. Pero en un país con múltiples crisis, con enorme zozobra e incertidumbre, ¿la consulta es la solución a la crisis de inseguridad que se agrava día a día? Para Luis Carlos Córdova, analista político, la consulta tiene objetivos vinculados más con los intereses políticos y económicos, que con verdaderas soluciones a los problemas de los ecuatorianos.

Y los ciudadanos también entienden este juego de la política. Hay un patrón de comportamiento del electorado en las 14 consultas y referéndum que ha tenido el país en su historia, analiza Stephanie Macías, politóloga. Es que las veces que ha ganado el “sí”, el gobierno de turno ha gozado de más del 40% de popularidad. “Entonces no solo se habla del contexto, ni de lo que contiene la consulta, sino de la confianza y legitimidad que el ciudadano le quiere dar con el voto al Gobierno de turno”, dice Macías. En eso coincide Córdova, pero añade que “la consulta también debe ser interpretada como política publicitaria que requiere el Gobierno para legitimar su accionar durante estos cuatro meses y lo que hará en el futuro”. Sobre todo en este momento, en el que el presidente no se ha bajado de la tarima de campaña y trabaja mirando la reelección de 2025. “El plebiscito, catapulta y le da oxígeno al presidente para ver si puede o no presentarse en buenas condiciones a la reelección”, dice Córdova. Pero el mandatario, que ya ha dicho que buscará la Presidencia, ha respondido a sus seguidores que hay que ir paso a paso: “Primero ganemos la consulta”.

Para el analista, otra pregunta sensible es que el país reconozca el arbitraje internacional para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales y comerciales. “Esto es central para los grupos económicos y fundamentalmente transnacionales. Son miles de millones de dólares que el país tendría que pagar en demandas que ya ha perdido”, explica Córdova. La papeleta incluye otra pregunta repetida del Gobierno anterior, que ganó el “no”, y es sobre la extradición de ecuatorianos por delitos de narcotráfico transnacional y terrorismo.

Daniel Noboa parecía tener allanado el camino para que la mayoría de la población le diera su respaldo en este nuevo plebiscito. Se jactaba de una alta popularidad de casi el 70% de aprobación en marzo, había aumentado el optimismo en la gente, logró gobernabilidad con los grupos políticos de la Asamblea. Parecía haber conseguido contener la violencia las primeras semanas luego de los decretos de estado de excepción y de conflicto armado interno, e incluso el asalto a la Embajada de México para capturar a Jorge Glas, parecía no haberle traído mayores consecuencias internamente en el país. Sin embargo, el aumento de tres puntos al IVA, que ha disparado los precios de la canasta básica, la crisis energética que ha dejado sin luz hasta por diez horas a la población, el aumento de los crímenes violentos, de delitos como extorsiones y secuestros, han comenzado a desgastar la imagen del mandatario.

Aún si el presidente ganara la consulta se enfrenta al grave problema de “satisfacer la expectativa que ha construido”, recalca Córdova. “Como por ejemplo que el problema del desempleo se va a resolver aprobando el contrato por horas, o que el modelo de militarización va a resolver los problemas de inseguridad”, añade.

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