La acción climática argentina se vuelca en las provincias frente al negacionismo nacional

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Por vulnerabilidad a los impactos, oportunidad financiera y/o postura política, algunos gobiernos provinciales de Argentina comienzan a hacer sentir sus voces en pos de la necesaria acción climática, e independientemente de la postura negacionista y contraria a la Agenda 2030 del gobierno nacional de Javier Milei. “Antes de este Gobierno, el foco había estado en la política climática nacional. Cuando empezamos a ver que esa política estaba detenida, que no había una continuidad ni del Gabinete Nacional ni de otros espacios, se empezó a prestar más atención a las provincias y a tratar de entender cuál es el rol que ellas tienen o pueden tener en la acción climática”, asegura Camila Mercure, coordinadora de Política Climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). “Al final del día, las políticas se terminan implementando en los territorios y los eventos climáticos extremos tienen sus impactos en las distintas provincias”, añade.

En la política nacional, Milei rebajó el Ministerio de Ambiente a Subsecretaría, recortó su presupuesto en un 41,5% y desmanteló políticas ambientales. En la política internacional, expresó en reiteradas ocasiones sus intenciones de seguir los pasos de Donald Trump y sacar a la Argentina del Acuerdo de París, aunque no ocurrió en la práctica. En la COP29 celebrada en Bakú el año pasado, sólo llegó a retirar físicamente de la conferencia climática a la delegación de negociadores. Hoy, Argentina sigue siendo parte del Acuerdo de París y participó -con sólo una delegada- en las reuniones preparatorias de junio pasado en Bonn, Alemania.

“Por más que no tengamos el apoyo nacional, las provincias debemos fortalecernos frente al cuestionamiento de la ciencia y la política climática”, asegura Vanina Basso, secretaria de Ambiente y de Cambio Climático de la provincia de La Pampa y subraya: “No hay acción climática nacional si no se construye desde los territorios, desde las provincias”.

Milei y las provincias, entre lo dicho y lo hecho

El negacionismo climático que Milei ha viralizado en discursos y redes haría pensar que todo trabajo climático está suspendido. Pero, puertas adentro y sin los micrófonos, otra pareciera ser la realidad. “El Gobierno nacional ha participado siempre de manera permanente y presencial en las asambleas del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) -espacio de formulación de políticas ambientales entre los gobiernos provinciales y el nacional-“, le dice a América Futura Federico Javier Cacace, secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de San Luis, y agrega: “Como presidente del COFEMA, la verdad es que tenido una excelente recepción por parte de Nación en todo lo que tiene que ver con cambio climático”.

Con él coincide Mariano Moro, subsecretario de Ambiente de la provincia de Chaco: “No puedo decir cuál es el lineamiento político o lo que manifiesta el gobierno nacional que va a hacer. Sí puedo decir lo que ocurre. Venimos trabajando en el marco del COFEMA con el apoyo de la subsecretaría. Sus equipos técnicos nos están ayudando para avanzar, por ejemplo, en la elaboración del plan de respuesta al cambio climático”.

Si bien la continuidad de esos espacios no es algo menor, también es cierto que no es suficiente para el avance de las políticas climáticas provinciales. “El único diálogo sobre cambio climático que tenemos con Nación es a través del COFEMA, pero es difícil construir porque estamos en polos opuestos de la visión de la acción climática“, contó Basso y añade: “Apelamos al federalismo climático porque es ahí donde está el trabajo, en los territorios”.

Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Misiones y Santa Fe conformaron en abril pasado la Alianza Verde Argentina como una red de cooperación para compartir experiencias y unificar políticas públicas federales. Desde la Subsecretaría de Ambiente, no quisieron dar declaraciones a América Futura sobre la articulación de trabajo con las provincias.

El estado de la acción climática local

De las 24 jurisdicciones (23 provincias y el distrito federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), el 54% cuenta con área de gobierno dedicada al cambio climático, el resto aborda el tema bajo ministerios generales sin equipos técnicos exclusivos. Así lo registra el informe Compromisos climáticos provinciales que la organización no gubernamental Sustentabilidad Sin Fronteras presentó este mes.

El análisis evidencia un desarrollo desigual en la elaboración y convalidación de los planes provinciales de respuesta al cambio climático que servirían como hoja de ruta para la acción climática en los territorios y que los gobiernos subnacionales debieran haber presentado a 2023. Al momento, sólo tres provincias los han convalidado a nivel nacional, 11 los siguen trabajando técnicamente y nueve aún no presentaron sus versiones borrador.

En cuanto al conocimiento técnico de la procedencia de las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs), sólo siete provincias han desarrollado inventarios propios, el resto depende de la serie desagregada del inventario nacional. “Esto limita la calidad de la información para diseñar políticas específicas”, analiza el informe.

De las provincias que más emisiones generan, Buenos Aires trabaja en la elaboración del plan de respuesta y otro de transición energética, Santa Fe implementa un plan con 35 medidas de mitigación y adaptación, Córdoba creó el año pasado un gabinete provincial especializado y Neuquén se centra su política climática en el monitoreo y mitigación de las emisiones del sector hidrocarburífero.

En esta última se ubica el yacimiento petrolífero Vaca Muerta -que todo gobierno nacional, sin importar el partido político, promueve- que despierta opiniones encontradas sobre su rol o no en un plan de transición energética considerando que es explotación de combustibles fósiles. “Para nosotros el desafío es desarrollar Vaca Muerta de manera sostenible con una política con bajas emisiones y de forma que nos permita llevar adelante una transición”, dice Santiago Nogueira, subsecretario de Cambio Climático de la provincia.

Desde el punto de vista normativo, sólo ocho jurisdicciones cuentan con leyes provinciales de cambio climático. Si bien su existencia no es condición exclusiva ni garantía absoluta, la ausencia de una legislación pone en riesgo la continuidad de las políticas climáticas ante los cambios de gestión.

Mariano Villares, cofundador de Sustentabilidad Sin Fronteras, enfatiza la relevancia no sólo de asumir compromisos sino también de hacerles seguimiento, analizar la implementación de las políticas e identificar qué elementos mejorar. El informe de la organización recomienda que los gobiernos subnacionales concentren los próximos pasos de acción en tres prioridades: planes de respuesta convalidados e inventarios de GEIs actualizados, marcos legales fortalecidos que garanticen continuidad, articulación entre provincias, municipios y Nación para generar las condiciones que permitan acceder a financiamiento internacional.

El financiamiento como elemento clave

“Lo que siempre se escucha es que para poder implementar políticas climáticas se necesita financiamiento externo y, por supuesto eso es importante, pero también hay que generar las capacidades dentro del propio Gobierno”, dice Florencia Mitchell, jefa del área de Gestión Ambiental y Acción Climática del Consejo Federal de Inversiones, y agrega: “Hay capacidades que aún no están para poder desarrollar proyectos de mayor envergadura, sea por falta de recursos disponibles para sostener equipos técnicos o por la acotada incidencia que pueden tener en otras áreas de gobierno”.

El pedido por recursos económicos suele predominar como antesala a la preparación de políticas climáticas. Debiera ser a la inversa, según sugiere el estudio de SSF. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la Agencia Francesa de Desarrollo, el CFI aparecen como los principales proveedores de financiamiento externo, destinado a iniciativas asesoría técnica, actualización de inventario de GEIs, elaboración del plan de respuesta al cambio climático, fortalecimiento de medidas de adaptación, desarrollo de proyectos de gestión de residuos, movilidad urbana o eficiencia energética.

“Las provincias coincidimos en que poder contar con financiamiento internacional sería fundamental. Hoy no lo estamos consiguiendo porque no tenemos la garantía soberana de Nación”, explica Basso y agrega: “La idea es mostrar a los organismos internacionales las alianzas entre provincias y el trabajo en territorio para lograr que el financiamiento llegue”.

Para acceder a financiamiento internacional, las provincias deben contar con el apoyo del Gobierno nacional, de allí que acceder a él de forma directa e independiente es complejo. Mitchell destaca que algunos fondos multilaterales y bancos de desarrollo parecieran empezar a trabajar en algunas líneas para las que no se necesitaría tal requisito, pero enfatiza que, llegado el caso, las provincias debieran estar preparadas para asumir endeudamiento y otros desafíos por sí mismas.

Mientras que Jujuy impulsa financiamiento por bonos de carbono y formación técnica para identificarlos, Catamarca prevé la emisión de bonos de compensación de huella de carbono y la posible creación de un sistema de comercialización y mercados voluntarios. “Cada vez hay más provincias interesadas en los mercados de carbono para poder acceder a financiamiento a través de ellos. Pero es algo muy incipiente y nuevo en el país”, afirma Cacace. La comercialización de reducción de emisiones presenta la transparencia en la trazabalidad, el respeto de los derechos de las comunidades locales y el evitar la doble contabilización como sus desafíos principales.

Pensando en alternativas de aprovechamiento de recursos locales, en junio pasado organizaciones de la sociedad civil presentaron una sugerencia para la ley que busca modificar el régimen de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), es decir, de esos fondos que se destinan exclusivamente a atender emergencias -como inundaciones, sequías, incendios- y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales. Del 1% de esos fondos, la iniciativa propone destinar un 40% a obras públicas de prevención, mitigación y adaptación, y el 60% restante al abordaje de impactos climáticos vía un fondo fiduciario.

¿El problema actual? El Gobierno de Milei vetó la ley. Si bien la semana pasada el Senado rechazó el veto, aún falta que se trate en Diputados para saber si, con ley en marcha, se puede dar lugar a la discusión más profunda sobre el destino de los fondos. Según el análisis de FARN, de los casi 680.000 millones de pesos recaudados en 2024, más del 93% no fue ejecutado.

El camino a la COP30

Durante los últimos meses, se realizaron eventos en diferentes localidades argentinas para anticipar la conferencia climática que tendrá lugar en Belém, Brasil, en noviembre próximo, y compartir las experiencias y los desafíos propios. Mientras, el Gobierno nacional pareciera estar trabajando en la elaboración de su plan nacional de acción climática con compromisos concretos de reducción de emisiones y medidas de adaptación. Es lo que se conoce como contribución determinada a nivel nacional (NDC) y que todos los países deben presentar de manera más ambiciosa previo a la COP30.

El subsecretario Fernando Brom le dijo al diario La Nación hace un mes que “estaban preparando la NDC” y que “esperaban cerrarla en noviembre” -de ser así, no entraría en el informe de análisis de la CMNUCC. El proceso de elaboración de la NDC debiera ser consultivo e involucrar a los distintos sectores y actores. Hace diez días, la Subsecretaría “presentó avances” de la NDC a representantes del sector agropecuario. Los distintos actores consultados negaron haber sido consultados. “Aún no hemos tenido ningún tipo de acercamiento del gobierno”, remarca Mercure.

Cuando en la COP29, el Gobierno de Milei retiró a la delegación argentina, también dispuso la no continuidad de las acreditaciones como Party Overflow que, vía Cancillería, se habían entregado a representantes de la academia, sociedad civil y gobiernos subnacionales del país. Ello sentó un antecedente de preocupación respecto de la participación de los actores no estatales en la COP30.

“Nación tiene que reconocernos un lugar de participación en los foros internacionales y escuchar nuestras necesidades”, afirmó Moro y subrayó: “Es indispensable que las provincias tengan un lugar en la postura nacional y que Nación no actúe de forma unilateral”.

Algunos representantes provinciales ya iniciaron el trámite, uno incluso afirmó a América Futura que ya recibió la confirmación de acreditación. Los representantes de sociedad civil, por su parte, prefieren no arriesgarse ni con un intento. “Ni intenté pedirla por el riesgo que implicaría quedarse sin ella. No confiar en las instituciones ya es todo un tema. En otros países puedes pedir acreditación como Party Overflow, ¿acá se volvió riesgoso?”, dijo una representante de sociedad civil que prefirió resguardar su nombre. Desde Cancillería dijeron que no iban a hacer declaraciones por el momento, sino más próximo a la conferencia.

Una vez con la acreditación en mano, ¿con qué propósito ir a Belém siendo un gobierno subnacional? “La mayoría de los representantes provinciales tiene plena disposición de participar en la COP. El objetivo de participación será expresar las cuestiones climáticas de cada gobierno subnacional y del COFEMA, y llevar la voz de aquellas provincias que no puedan participar all, como un ámbito de concertación plural”, explicó Cacace.

Las provincias consultadas están aún trabajando en los objetivos concretos de su participación en la COP30. Mercure les sugiere: “Las COP nuclean en un mismo espacio a distintos actores y hay mayor permeabilidad en escuchar necesidades y demandas. Si un gobierno subnacional va a la COP30, puede ser una oportunidad para, por ejemplo, reunirse con otros gobiernos subnacionales de otros países e intercambiar conocimientos y prácticas”.

Un estudio de la Universidad de Maryland muestra que si estados, ciudades, empresas e instituciones de Estados Unidos lideran la acción climática de manera más ambiciosa, podrían contrarrestar la inacción del Gobierno de Donald Trump y contribuir a una reducción de las emisiones del país del 54% al 62% para 2035. Considerando las diferencias entre ambos países y que Argentina aún continúa en el Acuerdo de París, ¿podrán los actores subnacionales sostener la acción climática del país sudamericano, y hacerlo con ambición?