La resistencia a Neptuno, la planta potabilizadora impulsada por el Gobierno uruguayo

“Hoy podemos ver con cierta tranquilidad la calidad del agua”, dijo el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, tras anunciar en agosto de 2023 el fin de la emergencia hídrica. Desde abril se habían vivido meses críticos en el sur de Uruguay, que atravesaba la peor sequía en 70 años. El embalse Paso Severino, principal fuente de abastecimiento de Montevideo, registraba mínimos históricos –almacenaba 1,1 de los 67 millones de metros cúbicos habituales– y el suministro parecía tener los días contados. No se interrumpió, pero fue a costa de la calidad del agua, que en ese periodo se volvió salada e imbebible. Antes de la crisis, los expertos habían alertado de esa posibilidad remitiéndose a la “regla de oro” del abastecimiento que Uruguay no cumple: disponer de (por lo menos) dos fuentes de agua potable, sobre todo en poblaciones como las de Montevideo y el área metropolitana, con 1,7 millones de habitantes. Un año después, no hay visos de que eso pueda concretarse en el corto plazo.

El riesgo permanece intacto, a pesar de que los últimos gobiernos acusaron recibo de las advertencias, plantearon y avanzaron en posibles respuestas. En el caso de la actual administración, una coalición de centroderecha, se optó por aprobar el proyecto Neptuno, una iniciativa privada que prevé la construcción de una nueva planta potabilizadora en la localidad sureña de Arazatí, que tomaría agua bruta del Río de la Plata. Esa usina cubriría el 30% de la demanda metropolitana y es defendida por las autoridades como parte de la solución: “Es la inversión en agua potable más importante en 150 años”, sostienen. Sin embargo, desde que se anunciara en marzo de 2021, Neptuno mantiene varios frentes abiertos: sociales, académicos y políticos, que lo consideran inconveniente e inviable desde la perspectiva jurídica, ambiental y económica.

Parte de los cuestionamientos que plantean quedaron plasmados en una sentencia judicial del 24 de junio pasado, que ordenó a OSE –empresa pública responsable de la gestión del agua potable– no firmar el contrato con el consorcio privado Aguas de Montevideo, hasta que no se despejen las dudas sobre su viabilidad. “Para nosotros es un hito haber obtenido un fallo favorable de esta envergadura”, señala María Selva Ortiz, integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, que junto a la agrupación ambiental Tucu-Tucu había solicitado esta medida cautelar en agosto de 2023. Entienden que Neptuno vulnera el artículo 47 de la Constitución uruguaya, según el cual “el servicio público de abastecimiento de agua” para el consumo humano debe ser prestado “exclusiva y directamente” por el Estado.

Ortiz recuerda que, en 2004, Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en incluir al agua potable como derecho humano fundamental en su Constitución, blindándola de la intervención de los privados en los procesos de potabilización. También establece, en sintonía con el Acuerdo de Escazú, la participación de la sociedad civil “en todas las instancias de planificación, gestión y control” de los recursos hídricos. “Cuando nos enteramos del proyecto, en marzo de 2021, no tuvimos acceso a la información, ni pudimos participar en las etapas tempranas para estudiarlo. Recién en diciembre de 2022, después de aprobado, nos entregaron la información”, asegura.

En una de las audiencias judiciales celebradas en Montevideo participó el investigador Luis Aubriot, doctor en Ciencias Biológicas, para explicar los problemas ambientales que según la academia tiene el proyecto en cuestión. “La calidad del agua del Río de la Plata ha ido empeorando en las últimas décadas y un síntoma bien claro de ese deterioro es la floración de cianobacterias tóxicas”, dice. Junto a un grupo de científicos, Aubriot ha analizado este fenómeno, mapeando las zonas del Río de la Plata donde ocurre con mayor frecuencia. Entre los cuatro lugares más afectados por estos microorganismos tóxicos lo peor se lo lleva Arazatí, donde el proyecto instalará la toma de agua bruta. “Desconocemos los argumentos, los pros y los contras, de la elección de ese lugar; no hay una evaluación de más casos en los que se haya descartado otras opciones”, comenta.

Actualmente, la planta potabilizadora de Aguas Corrientes, que se nutre del embalse Paso Severino en el río Santa Lucía, puede producir 700.000 metros cúbicos diarios. De esa cantidad, los habitantes de Montevideo y el área metropolitana, 1,7 millones de personas, consumen aproximadamente 600.000 metros cúbicos de agua por día, y se estima que esa cifra pueda aumentar hasta los 880.000 metros cúbicos diarios en 2045. De concretarse, la planta Neptuno suministraría un 30% del total requerido. “En el caso de un colapso de Aguas Corrientes –un derrame tóxico, una inundación– Neptuno no será una planta alternativa”, abunda Aubriot. Para que realmente lo fuera, continúa el científico citando “la regla de oro” de los expertos, tendría que cubrir el 70% de la demanda.

“Por un pedido de acceso a la información pública sabemos que [la empresa pública] OSE no tiene ningún estudio propio de fuentes alternativas de agua para el sistema metropolitano”, asegura el meteorólogo y ambientalista Raúl Viñas. “El Río de la Plata puede ser el lugar adecuado, pero evidentemente no en Arazatí. Allí la salinidad [86 días al año, según mediciones de OSE] hace necesaria una reserva de agua que le agrega al proyecto 50 millones de dólares de costo”, detalla Viñas. El ambientalista apunta contra los costos de Neptuno, que también han levantado críticas de la oposición política: la inversión privada en la ejecución del proyecto rondará los 300 millones de dólares, pero el Estado terminará pagando, en el transcurso de 17 años, 890 millones de dólares. Eso repercutirá inevitablemente, alegan los demandantes, en la tarifa del servicio.

La estatal OSE apeló el fallo judicial que suspende temporalmente la firma del proyecto, que por otro lado aún tiene pendiente la aprobación del estudio de impacto ambiental. Este periódico se contactó con el organismo, pero las autoridades declinaron comentar. Antes de esta sentencia habían asegurado que la gestión del agua –su potabilización, entre otros– estará en manos del Estado y no del sector privado. También manifestaron que Neptuno irá acompañado de un plan de reparación de cañerías, otro blanco de críticas, por donde se pierde alrededor del 40% del agua que se potabiliza. Y además no descartan la construcción de una nueva represa sobre el arroyo Casupá, en la cuenca del río Santa Lucía, prevista en un proyecto entregado en 2019 por el Frente Amplio (centroizquierda) a la actual administración. Casupá permitiría almacenar 118 millones de metros cúbicos de agua y reforzaría la reserva de Paso Severino, que cuenta con una capacidad de 67 millones de metros cúbicos y es la fuente de abastecimiento del 60% de la población del país.

Por su parte, las organizaciones ambientalistas iniciarán un juicio contra OSE que podría extenderse durante dos años. “La medida cautelar [del 24 de junio] implica dejar las cosas como están hasta tanto no se disipen las dudas que existen”, dice el abogado Juan Ceretta, que patrocina a estas agrupaciones. El juicio buscará que la iniciativa no se materialice, porque la consideran inconstitucional además de arriesgada. “Tenemos datos suficientes como para demostrar que el proyecto Neptuno es por lo menos peligroso y puede generar daños irreversibles”, acota. El abogado destaca el hecho de haber accedido a la Justicia: “s la demostración de que la lucha de 2004 para establecer el derecho al agua en la Constitución no fue en vano”. “Hoy estamos invocando esa norma ante los tribunales”, enfatiza.

La cultura del agua en Uruguay

Mientras el Gobierno avanzaba en la concreción de Neptuno, la crisis del agua potable sorprendía a una sociedad acostumbrada a la aparente sobreabundancia de este recurso limitado. Tras el impacto que eso generó, los expertos sugirieron no bajar la guardia. “Uno de los desafíos principales del país está en la cultura del agua, de repensar la relación entre la sociedad y el agua desde una perspectiva sostenible”, dice Ernesto Fernández Polcuch, director de la Oficina Regional de la Unesco en Montevideo. En este contexto, considera necesaria “una mirada más realista” sobre el cambio climático así como la profundización del conocimiento de sus recursos hídricos, vinculándolo a la toma de decisiones políticas.

Fernández Polcuch recuerda el rol clave que desempeñó en Uruguay el GACH (Grupo Asesor Científico Honorario) durante la pandemia de Covid-19 en el diseño y aplicación de políticas públicas. “¿Por qué no pensar en algo similar acerca del conocimiento científico sobre el agua y su gestión integral?”, pregunta. Se refiere al agua para el consumo humano, pero también a la que se emplea en la agricultura y en la industria. “[El GACH] fue un ejemplo de la relación entre el conocimiento y la política pública que nos gustaría ver más, no sólo en situaciones de crisis”. Y concluye: “En el caso del agua tal vez tengamos una buena oportunidad para avanzar con ese modelo”.