Gustavo Petro elige a Daniel Quintero como superintendente de Salud

El presidente Gustavo Petro ha elegido a Daniel Quintero para vigilar el sistema de salud de los colombianos. La Presidencia de la República ha publicado este miércoles la hoja de vida del exalcalde de Medellín como requisito previo a su nombramiento oficial como superintendente nacional de Salud, un cargo que asumiría en medio de la crisis del sistema, y del proceso penal que enfrenta por corrupción en el caso Aguas Vivas. El mandatario de izquierdas lo ha escogido luego de que el martes renunciara a dicha posición el médico Bernardo Camacho. Quintero se convertiría así en el quinto superintendente de Salud de este Gobierno.

“Desde la Supersalud y con tecnología de punta voy a desmantelar el cartel de la salud que uribismo y neoliberales armaron para robarse la plata de los colombianos”, escribió Quintero a través de su cuenta de X, luego de que se publicara su hoja de vida, en la que se destaca una maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Boston. Aunque Quintero —quien buscaba llegar a la Presidencia pero resultó derrotado en la consulta del Frente por la Vida— es ingeniero electrónico y fue viceministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, no cuenta con trayectoria previa en el sector de la salud.

El exalcalde añade en su publicación: “Cuántas madres han llorado a sus hijos, cuántos ancianos han muerto sufriendo porque las EPS prefieren el lucro antes que la vida. Empieza la verdadera reforma: intervención total, vigilancia férrea y justicia para los que saquearon hospitales. ¡El pueblo recuperará su derecho a la vida! No más lágrimas por avaricia”. Una declaración que muestra una total alineación con la narrativa del Gobierno, que acusa a las Entidades Promotoras de Salud o EPS —las empresas públicas o privadas a las que deben estar afiliados los ciudadanos para estar asegurados— de mala gestión y corrupción, y al sistema de haber sido diseñado para beneficiar a unos pocos. Para el Gobierno, no se trata de falta de recursos, sino del mal manejo que le han dado estos intermediarios desde pasadas administraciones.

Por el contrario, Camacho sí tuvo desacuerdos con la Administración de Petro, y fue esa la razón por la que habría decidido apartarse del cargo, que asumió en octubre de 2025, tras varios meses de cambios e interinidad. Según Caracol Radio, el saliente superintendente se negó a cumplir la orden presidencial de seguir liquidando las EPS y trasladando sus usuarios a la estatal Nueva EPS, bajo el argumento de que dicha entidad ya no tenía capacidad para atender más pacientes. Aunque Camacho ha asegurado que su salida se debe a motivos personales, el mismo presidente habría pedido su renuncia.

Petro, feroz crítico del sistema de salud, ha fracasado en su intento de que el Congreso avale una reforma sanitaria que elimine las EPS o reduzca significativamente sus funciones y concentre en el Ejecutivo la gestión del sistema. Ante ello, lo ha ido interviniendo poco a poco. Hasta el momento, el Estado ha tomado el control de ocho EPS, que suman más de 23 millones de afiliados. También ha venido reduciendo el financiamiento a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el monto que el Estado gira a las entidades por cada afiliado, y que luego estas administran para pagar a las redes de clínicas y hospitales. Las agremiaciones sanitarias han alertado que el monto es insuficiente para solventar los rezagos y ofrecer una atención de calidad. Incluso, más de 200 organizaciones de pacientes han denunciado penalmente al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, al considerar al Estado como responsable de varios casos de negligencia.

Quintero llega a la Superintendencia con la promesa de profundizar la intervención estatal, pero con el desafío de que eso no implique el deterioro de la atención de los colombianos, que es uno de sus principales deberes como jefe del órgano de control: el de proteger los derechos de los usuarios. El reto es grande y lo deja en una posición ambigua, pues la mayoría de EPS enfrenta un déficit financiero, incluso las ya intervenidas. La Nueva EPS, la entidad con mayor número de usuarios —cerca de 11,5 millones de personas—, y que concentra cerca del 20% del servicio sanitario en el país, no ha logrado salir a flote. Este lunes, el Gobierno prorrogó su intervención, que se remonta a abril de 2024, y que continuará hasta el mismo mes de 2027.