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Inmigración
Tribuna

No están solos

Los inmigrantes colombianos detenidos en Estados Unidos son parte de una creciente crisis humanitaria que golpea al mundo. La Cancillería ha garantizado el retorno seguro de 5.862 connacionales a través de 57 vuelos de repatriación

Agentes federales custodian un Centro de Detención de ICE, en Illinois, el 19 de septiembre de 2025.Jim Vondruska (REUTERS)

La prensa colombiana le ha dado mucha importancia en los últimos días a la situación de los nacionales que han sido detenidos y dirigidos a los Centros de Detención del ICE (Servicios de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos). Esa preocupación se ha exacerbado a propósito de la detención del hijo de una congresista colombiana, con cuyo drama nos solidarizamos y estamos actuando. El debate sobre este asunto debe situarse más allá de casos individuales y mostrar un panorama general de la dimensión del fenómeno en que estamos situados y cómo el gobierno ha actuado y analiza este asunto.

Desde la Cancillería hemos abierto los canales diplomáticos necesarios para el retorno seguro de los colombianos y las colombianas. Hemos enviado vuelos humanitarios de repatriación de los connacionales que se encuentran en esos centros de detención, usando los recursos de la nación. Desde el 28 de enero de 2025 hasta el 11 de febrero de 2026, se han realizado 57 vuelos de repatriación, permitiendo el retorno de 5862 compatriotas sin cadenas y sin esposas.

Ante el oportuno debate, cabe preguntarse: ¿hasta qué punto es justo decir que no se hace lo suficiente para ayudar a los connacionales detenidos en los Estados Unidos para garantizar su pronto regreso a Colombia?

La respuesta debe comenzar por entender que la segunda Administración del presidente Donald Trump parece no tener intención de detener la persecución de inmigrantes irregulares o “sin papeles” en el territorio estadounidense. No se trata de encontrar culpables sobre la situación que padecen los inmigrantes, sino de precisar y analizar desde una perspectiva clara y ponderada la dimensión de la crisis humanitaria generada por la puesta en marcha de la política antimigratoria de Estados Unidos.

En primer lugar, la administración norteamericana ha fortalecido de modo inédito la fuerza de deportación, al hacer aumentar el protagonismo del ICE en los últimos meses, sobre todo en Minneapolis. Recientemente, además, traslapó las funciones de las dos ramas del ICE. La Oficina de Detención y Deportación (ERO) y la Oficina de Investigaciones y Seguridad Nacional (HSI). La primera se encarga de las detenciones y la segunda de las investigaciones sobre delitos transnacionales. ¿Qué pasa cuando estas dos ramas se juntan?

Como lo ha dicho el presidente Trump, Estados Unidos se prepara para la mayor deportación de su historia porque, según él, es un asunto de seguridad nacional. Su estrategia es la de cruzar las detenciones del ERO con los asuntos de seguridad de la HSI. En otras palabras: hoy las deportaciones se han convertido en el principal problema interno de seguridad, de modo que continuarán y acrecentarán. Como lo he sostenido en otros lugares, acá se encuentra la gran injusticia de nuestro tiempo. Se está produciendo una criminalización de la inmigración irregular al tratarla con un enfoque securitista en ciertas latitudes del norte global. Creo que si no tomamos en cuenta esta catástrofe de las políticas migratorias de los Estados Unidos, estaremos viendo esta coyuntura de un modo incompleto.

Es injusto, desde esa perspectiva, señalar que el Gobierno de Colombia no está haciendo lo suficiente para abordar el fenómeno. No solo porque el país no está en capacidad de repatriar de modo inmediato a todos los colombianos sin papeles detenidos en Estados Unidos, sino porque creer que en ello consiste la solución definitiva descuida que las deportaciones y las detenciones seguirán ocurriendo. Por supuesto, se seguirán enviando vuelos humanitarios con la frecuencia que el gasto público responsable lo permita. Sin embargo, hago un llamado a que la opinión pública comprenda que hay una inflexión en la coyuntura interna estadounidense: la inmigración se ha vuelto un asunto primordial en la confrontación política. Esto explica no solo el fortalecimiento del ICE, sino también la proliferación de lugares de detención con todos los peligros que ello conlleva —en estos momentos hay 200 y la cifra irá en aumento, anudado a la solicitud de Trump al presidente Nayib Bukele para la recepción de inmigrantes en los Centros de Confinamiento del Terrorismo (CECOP). Pero hay un elemento más para este análisis.

Los acontecimientos recientes han cambiado profundamente la condición de los “sin papeles” y de los inmigrantes en Estados Unidos a una velocidad no imaginada. Esta nueva etapa comenzó con un incremento en el presupuesto del ICE a mediados de 2025 (a una cifra que supera los 100.000 millones de dólares hasta 2029). En la historia de Estados Unidos una agencia jamás había tenido un presupuesto tan alto. En la era Trump II, y hasta finales de enero, los integrantes de este aparato de inmigración y aduanas ya se han duplicado. Además, se está gestando una logística de vigilancia, seguimientos y capturas que ha llevado al director del ICE, Todd Lyons, a decir que se necesita “un Amazon Prime con seres humanos”.

La inmigración aparece de modo explícito como un problema donde los seres humanos deben ser tratados como objetos, donde los inmigrantes aparecen como cosas sin dignidad, sin ningún derecho a ser tratados como seres humanos. Creo que los peligros que acá aparecen no corresponden solamente a las palabras. Decir que se necesita un “Amazon Prime con seres humanos” es el reto que el presidente Trump ha puesto en su política de deportación. Él prometió expulsar a 15 o 20 millones de seres humanos, de modo que estamos asistiendo a una iniciativa de deportación sin precedentes, al menos en Estados Unidos. La historia enseña que cuando han emergido estas metas absurdas de deportaciones y expulsiones, el mundo asiste a una catástrofe humanitaria que puede terminar muy mal.

Las cifras de las personas en los centros de detención son muy opacas. Se dice que hay 73.000 seres humanos —incluyendo niños—, de los que 2.200 son colombianos y colombianas. Como han documentado El Espectador y varios medios internacionales, el trato que reciben es brutalmente inhumano y cruel. No hay información precisa de dónde están cada una de las personas direccionadas a esos centros de detención. La pregunta que cualquiera se hace es: ¿por qué tratan a los connacionales y a todo inmigrante de esa forma?

Creo haber dado un panorama general del porqué de esto. Reitero que nos encontramos ante una política muy real de tratar a la migración en Estados Unidos como un asunto de seguridad nacional. Esto hace que esas personas sean capturadas sin ninguna protección jurídica y sean tratadas como criminales. Los centros de detención se han convertido en instancias en donde aparece un estado de excepción, es decir, un territorio donde no existe ningún ordenamiento jurídico que brinde a las personas la protección de los derechos humanos. La historia reciente nos ha demostrado que en este suelo de indeterminación jurídico-política todo puede ocurrir. ¿Cómo evitamos que esto ocurra?

Como canciller, estoy comprometida con el retorno seguro de los colombianos y colombianas a su patria. Este tipo de retornos no son fáciles, pero estoy segura de que, en medio de todo, en nuestro país tienen los derechos que en Estados Unidos tienen suspendidos. Las políticas de redistribución de la riqueza que ha emprendido este Gobierno permitirán que el retorno se dé sin mayores tropiezos y que la propensión a emigrar disminuya. En todo caso, la Cancillería seguirá enviando vuelos humanitarios; seguiremos apoyando a todos los connacionales a través de los consulados. Seguiremos leyendo el problema de una manera sistémica y estructural para encontrar alternativas reales.

Estamos, además, comprometidos con el fortalecimiento de los canales diplomáticos para que las detenciones cesen y que se les den las garantías a los connacionales que se encuentran detenidos. Las personas detenidas no están solas, tienen un Estado que está comprometido con su bienestar. Sin embargo, como lo señalé, el problema es complejo, es estructural y la erradicación de sus causas no está en nuestras manos. Lo que sí está en nuestro poder es recordarle a la diáspora colombiana que existe una nación multicultural a la que pertenecen y que su trabajo y su vida son de vital importancia para la era que inició en este Gobierno en el que creo profundamente, el Gobierno del Cambio.

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