El expresidente Álvaro Uribe vuelve a ser candidato al Senado de la República de Colombia

El expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, condenado a 12 años de prisión domiciliaria en primera instancia por soborno y fraude procesal, se propone seguir aglutinando a su alrededor a los sectores más conservadores de Colombia. Para ello, volverá a aspirar al Congreso de la República en las elecciones del 2026. Así lo anunció por sorpresa este miércoles Gabriel Vallejo, el director del Centro Democrático, el partido fundado y presidido de forma vitalicia por el exmandatario. “Hasta el momento el único puesto fijo que tenemos claro es Álvaro Uribe Vélez, que será el número 25” de la lista al Senado, confirmó Vallejo en declaraciones a la prensa.

El expresidente ha sido protagonista en mayor o menor medida de todas las grandes citas electorales en lo que va del siglo, en carne propia o en cuerpo ajeno, y el ciclo de legislativas y presidenciales del próximo año no será la excepción. La candidatura de Uribe (Medellín, 73 años) aún depende de las definiciones judiciales, pues esa aspiración es también un desafío a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por ocho años que acompaña a la condena en el llamado juicio del siglo, pendiente de una ratificación en segunda instancia. El lejano lugar de la lista es ilustrativo, pues refleja que el partido referente de la derecha más dura se propone afianzar una robusta bancada de al menos 25 senadores –hoy tiene 19 entre las 108 curules–.

“Esta condena, a pesar de los años que tengo, me anima a seguir luchando por Colombia y a denunciar estas anomalías, que hoy me afectan, mientras siga así el proceso de consolidación de la dictadura neocomunista que afectará a otros compatriotas”, había declarado Uribe el mes pasado en la propia audiencia en la que conoció el veredicto, en referencia al Gobierno del izquierdista Gustavo Petro, en las antípodas ideológicas, al que le queda menos de un año en el poder. “Ha predominado la política sobre el derecho para condenarme”, aseguró entonces. El uribismo ha endurecido el tono desde que conoció la sentencia, incluso ha convocado marchas de apoyo a su líder, y juega con insistencia la carta de la persecución política.

Incombustible, el presidente de la “mano firme y el corazón grande” es probablemente el político que más divide a la sociedad colombiana, y el que más pasiones desata. Es todavía el único mandatario que ha logrado ser elegido con más de la mitad de los votos sin necesidad de una segunda vuelta desde que se instauró el sistema de balotaje con la Constitución de 1991, una carta política que reformó en su día para poder presentarse a la reelección.

Tras dejar la Presidencia después de ocho años en 2010, Uribe se las ha arreglado para mantenerse como un gran fenómeno electoral. Durante los dos periodos de su sucesor, Juan Manuel Santos (2010-2018), se convirtió en el más férreo opositor a las negociaciones con la guerrilla de las FARC, y al acuerdo de paz sellado a finales de 2016. En el camino congregó a los sectores más religiosos y conservadores en torno al Centro Democrático y propulsó la llegada a la Casa de Nariño de Iván Duque (2018-2022), el antecesor de Petro.

En ese mismo ciclo electoral, Uribe se convirtió en el senador más votado de la historia al encabezar las listas de su partido, con 870.000 votos. A su alrededor se consolidó una corriente política que en la práctica encarna posiciones de derecha radical. Aunque mantuvo altísimos niveles de popularidad a lo largo de sus dos periodos, su aceptación en las encuestas ha mostrado un constante declive. Un 10% de los encuestados declara una afinidad partidista con el Centro Democrático en un reciente estudio de Cifras y Conceptos, solo por detrás del 17% que registra el Pacto Histórico, la coalición de izquierdas que llevó a Petro al poder.

El proceso judicial que lo tiene contra las cuerdas se remonta a 2012, cuando fue el propio Uribe el que presentó una denuncia contra el senador Iván Cepeda, hoy uno de los precandidatos presidenciales del Pacto Histórico. Lo acusaba de un supuesto complot en su contra que, según su versión, involucraba falsos testigos en cárceles colombianas para vincularlo a las actividades de grupos paramilitares. Sin embargo, el caso dio un brusco giro en 2018, cuando la Corte Suprema se abstuvo de procesar a Cepeda y, por el contrario, pidió investigar al expresidente bajo la sospecha de que había sido él quien manipuló testigos para que se retractaran y acusaran a Cepeda. Uribe llegó a renunciar al Senado para salir de la órbita del alto tribunal encargado de procesar a los legisladores, pero el caso siguió su dilatado trámite en la justicia ordinaria.