Ebullición

La paz total del presidente Gustavo Petro agoniza en medio del fuego cruzado entre los distintos actores armados y el fin de las treguas pactadas entre bandas criminales. Sin haber solventado la crisis humanitaria desatada en el Catatumbo, que hasta la fecha deja más de 50.000 personas desplazadas, el Gobierno se enfrenta a nuevos focos de violencia que han empeorado la situación de derechos humanos en varias regiones del país. Sobre algunos, ...

La paz total del presidente Gustavo Petro agoniza en medio del fuego cruzado entre los distintos actores armados y el fin de las treguas pactadas entre bandas criminales. Sin haber solventado la crisis humanitaria desatada en el Catatumbo, que hasta la fecha deja más de 50.000 personas desplazadas, el Gobierno se enfrenta a nuevos focos de violencia que han empeorado la situación de derechos humanos en varias regiones del país. Sobre algunos, la Defensoría del Pueblo ya había alertado su inminencia.

Si imagináramos un mapa de Colombia, varios fuegos se encenderían en puntos cardinales donde la guerra siempre ha embestido con mayor fuerza. Chocó, Cauca, Guaviare, sur de Bolívar, Valle del Cauca, Nariño y Meta son algunos de los territorios donde las comunidades, a través de comunicados públicos y redes sociales, han documentado desplazamientos forzados, confinamientos e incursiones armadas. La preocupación de organizaciones sociales, autoridades locales y consejos comunitarios no es menor; temen que se repita la crisis de El Catatumbo en sus territorios.

Ejemplo de lo anterior lo que ocurre desde el pasado 6 de febrero en el Medio San Juan, Chocó, donde más de 15.000 personas están confinadas y otras 1.000 se han desplazado forzadamente, según denunció la Gobernación. La falta de respuesta del Gobierno, con acciones que contrarresten la ofensiva de los grupos armados y la carencia de un despliegue institucional que garantice la gobernanza, ha acelerado la incertidumbre de las comunidades.

Desde diciembre de 2023, las organizaciones sociales han insistido al Gobierno en cumplir las 50 medidas de protección colectiva aprobadas en diciembre de ese mismo año. No ha ocurrido. Así como tampoco el cumplimiento del pacto por la Paz y la Vida, que pretendía garantizar el buen vivir y la convivencia territorial con presencia de las distintas entidades nacionales. Es una deuda histórica que este Gobierno tampoco ha podido subsanar.

La explicación del nuevo ciclo de violencia obedece a dos dinámicas nacionales y a varios conflictos locales. A sangre y fuego el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y la guerrilla del ELN se disputan la expansión y consolidación territorial sobre corredores estratégicos del narcotráfico y otras economías de uso ilícito como la minería. Mientras el EGC pretende llegar fortalecido a la mesa de diálogos socio-jurídica con el Gobierno, los ‘elenos’ buscan afianzarse en nuevos departamentos buscando implantar su gobernanza armada, la cual ha incluido -históricamente- la captura del Estado a partir de la contratación.

Por otro lado, los conflictos en la Amazonia colombiana, entre las disidencias de las FARC de alias ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ han mostrado su lado más sangriento y enunciado quiénes están haciendo la guerra: los menores de edad. Tras los enfrentamientos, autoridades denunciaron que la mayoría de los muertos eran adolescentes entre los 14 y 16 años. Según cifras de la JEP, más de 18.000 niños y niñas fueron reclutados por las FARC para el conflicto, una realidad que nos sigue atravesando como nación y que evidencia las particularidades locales de donde el Estado nunca ha podido hacer presencia.

Al panorama rural, se suma la estocada que tuvo la paz urbana con el fin del pacto de las bandas criminales de Shottas y Espartanos en Buenaventura. Lo que en el año 2022 se conoció como la ciudad laboratorio de la Paz Total, hoy nuevamente está al alza en las tasas de homicidios, luego del asesinato de 18 civiles en el mes de enero. Esta mesa de conversaciones socio-jurídica había logrado reducir los índices de homicidios, desdibujar las fronteras invisibles y sacar a Buenaventura de las ciudades más peligrosas de Latinoamérica. En manos del Gobierno está volver a buscar un cese al fuego entre las bandas y avanzar en la materialización de los programas sociales para la inclusión y no reincidencia, una apuesta que no ha logrado mostrar avances significativos.

Con la guerra a cuestas, la realidad con la que se enfrentan estos territorios la describió el mismo exministro de Defensa Iván Velásquez durante el Consejo de Ministros del pasado 4 de febrero, cuando aseveró que, a sitios como El Plateado, Cauca, no habían entrado por la imposibilidad de articular las distintas instituciones para hacer presencia en el territorio más allá de la fuerza pública. Un choque de realidad certero y diciente sobre la desconexión interinstitucional y su apuesta de volcar la institucionalidad a los territorios con presencia de actores armados.

Con la renuncia de Velásquez quedó en evidencia que la reforma a las FFMM, en lo que respecta a la eliminación de las fuerzas de tarea conjunta y la modificación de los comandos conjuntos- resolución 4760 del 1 de noviembre de 2024- no dio los resultados esperados. La operación independiente de cada fuerza -Ejército, Armada y Fuerza Aérea- no respondió a la nueva dinámica y reconfiguración del conflicto, y deja un balance negativo en materia de seguridad en las áreas históricas de la confrontación.

Seguirán entonces las comunidades en medio del fuego cruzado hasta que se instale una nueva gobernanza armada e imponga orden territorial. No es de ahora, es el eterno ciclo del reciclaje y degradación de la guerra que vuelve a repetirse en medio de advertencias de las comunidades y oídos sordos de las autoridades nacionales.