El ELN baja la tensión en la mesa de negociación al levantar el paro armado en el Chocó

En medio de la crisis más honda que ha enfrentado la mesa de negociación entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Gobierno de Gustavo Petro, esa guerrilla finalizó este lunes un paro armado que mantuvo a unos 50.000 habitantes del Chocó confinados en sus territorios por más de una semana. En la zona de los ríos Cajón, Sipí y San Juan, desde el municipio de Istmina hasta los de Medio Baudó, Nóvita y Medio San Juan, la movilidad estuvo restringida para toda la población como medida de control territorial de esa guerrilla. La medida ilegal, rechazada por las autoridades y organizaciones humanitarias, se dio pese a que un año antes el ELN había acordado con el Gobierno proteger a la población civil del Chocó.

El pasado 3 de agosto se terminó el cese al fuego bilateral pactado por el Gobierno y el ELN que a diferencia de casos anteriores no acordaron una prórroga. Acusaciones mutuas de incumplimientos a lo pactado en la mesa llevaron a la ruptura, en una crisis que el paro armado acentuó. Mientras el Gobierno insiste en llamarlos a volver a la negociación, el anuncio del fin del paro reduce, por lo pronto, las tensiones. Sin embargo, esa guerrilla mantiene su exigencia de ser retirados de la lista de Grupos Armados Organizados (GAO) a través de un decreto presidencial que impediría que el Ejército adelante operaciones en su contra.

Esa demanda pende como un ultimátum, pues el ELN ha dicho que solo esperará hasta este viernes, 23 de agosto, para que se haga efectiva. Vera Grabe, la jefa del equipo negociador del Gobierno con ese grupo armado, ha dicho en una rueda de prensa que no negociará con presiones. A esa opinión se sumó el alto comisionado de Paz, Otty Patiño, quien dijo a RCN Radio que “no existe un ambiente favorable” para sacar a esa guerrilla de la lista de GAO. Explicó, además, que la vía para ello sería el Congreso de la República, en tanto la lista no la confirma el Gobierno de manera libre, sino que aplica los requisitos de una ley que caracteriza a todos los grupos armados del país.

Mientras el pulso político se mantiene, la Defensoría del Pueblo ha documentado las afectaciones que dejó un paro de ocho días. En las primeras horas de este lunes, cuando la medida ilegal aún estaba en vigor, un soldado resultó herido por la explosión de una mina antipersonal en una zona rural de Nóvita. Además, la Defensoría reportó tres muertes, incluyendo la de una bebé de 18 meses que no pudo ser trasladada a un centro de atención médica por el río San Juan, y la de una mujer embarazada y su bebé, que fallecieron por complicaciones en el parto que no pudieron ser atendidas por falta de gasolina para desplazarse al puesto de salud.

La institución que vela por los derechos humanos advirtió que, en 2023, el departamento de población mayoritariamente afrocolombiana vivió seis paros armados ilegales y, que en lo que va de 2024 ya suman dos más. “Ponen en riesgo y amenazan el ejercicio de derechos y libertades civiles, sociales, económicas y culturales de los pueblos étnicos, toda vez que las personas están siendo expuestas a reiterados eventos de confinamiento, restricción a la movilidad, accidentes con minas antipersona o artefactos explosivos y desplazamiento forzado”, se lee en un comunicado de la Defensoría.

El canciller Luis Gilberto Murillo, chocoano y exgobernador de ese departamento, también se ha pronunciado. Calificó como “inaceptable” los hechos violentos que han protagonizado no solo el ELN sino también el grupo conocido como Clan del Golfo, con el que el Gobierno ha anunciado recientemente otra mesa de negociaciones y que es rival local del Frente Occidental del ELN. El político recordaba el impacto del conflicto y el paro armado en la educación, pues este domingo, cerca de 1.000 jóvenes chocoanos no pudieron presentar la Prueba Saber 11, el examen del Estado para los estudiantes de secundaria, y a lo largo de la semana al menos 5.000 niños y niñas tuvieron que abandonar sus clases.

Más allá de la crisis por el paro, el panorama humanitario en el departamento —uno de los más pobres de Colombia— no ha sido alentador. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), ha alertado que, entre enero y mayo, las víctimas de desplazamiento forzado han aumentado en un 36 % con respecto al mismo periodo en 2023. Además, han advertido que el porcentaje de personas confinadas por los grupos armados se incrementó en un 171 %, lo que representa unas 53.600 personas.

Sobre el terreno, varias organizaciones sociales han intentado mediar con el ELN y el Gobierno para lograr el cese de las acciones contra la población civil. Una de ellas es el Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan), la segunda agrupación de comunidades afro más grande de Colombia, con 15.500 personas. Desde esa asociación han confirmado que establecieron diálogos con el comisionado Otty Patiño para conocer qué salidas dialogadas pueden garantizar la seguridad de la población del Chocó. “Solo con garantía de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, y mediante diálogos con los actores armados, es posible superar la guerra”, explican.

Acadesan tiene una larga trayectoria en protección a sus comunidades. Desde 2019, cuando sus pobladores solicitaron protección al Estado, consolidaron un modelo de protección colectiva en el que solicitaron casas comunitarias que pudieran servir como lugar de refugio en momentos de combates armados en poblaciones vecinas. La idea era que la Unidad de Gestión del Riesgo, construyeran estas estructuras en las que las comunidades pudieran hacer fortalecimiento organizativo, pero también en los que las personas desplazadas pudieran refugiarse en las oleadas más fuertes de violencia. Pero esa medida nunca llegó, aunque Acadesan ha seguido insistiendo al Gobierno Nacional para que implemente esa medida colectiva.

La región chocoana del litoral del San Juan ha sido un escenario del conflicto armado en Colombia durante décadas. Dominada inicialmente por el frente 30 de las extintas FARC, en los años ochenta el ELN hizo presencia y comenzó a disputarse el territorio. En la última década, el ahora autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), o Clan del Golfo, también han consolidado su presencia. Esta área conecta el Pacífico con la región del Darién y sirve como una vía de salida hacia Panamá, y es una de las centrales en los acuerdos humanitarios que el ELN ha negociado con el Gobierno.

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