Santos desmiente a Petro ante la ONU sobre el acuerdo de paz, la constituyente y la JEP

Funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Gustavo Petro han atribuido a algunos párrafos del acuerdo de paz firmado con la extinta guerrilla de las FARC “un significado que es contrario a su objeto, alcance y finalidad”, advierte el expresidente de Colombia Juan Manuel Santos en una carta al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres. Esa idea es “posiblemente incompatible con...

Funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Gustavo Petro han atribuido a algunos párrafos del acuerdo de paz firmado con la extinta guerrilla de las FARC “un significado que es contrario a su objeto, alcance y finalidad”, advierte el expresidente de Colombia Juan Manuel Santos en una carta al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres. Esa idea es “posiblemente incompatible con el principio de buena fe”, alerta el también merecedor del Nobel de Paz por esa negociación en la misiva fechada el 31 de mayo, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. El presidente que selló la paz con las extintas FARC considera absurdo invocar ese histórico pacto para promover una Asamblea Constituyente, como han propuesto voces del Gobierno o cercanas a él, y se propone atajar esa teoría, que ya ha sido desmentida por prácticamente todos los negociadores.

La ONU ha cumplido un papel definitivo en la consolidación de la paz en Colombia, y cuenta con una Misión de Verificación sobre el terreno en el país sudamericano. Santos comienza por recordar en su carta que, en su condición de jefe de Estado, transmitió a Guterres –y a través suyo, al Consejo de Seguridad– el texto completo del acuerdo de paz que suscribieron el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia a finales de 2016. “Al transmitirle el Acuerdo Final me referí expresamente al principio de buena fe, de enorme importancia en la interpretación y aplicación del Acuerdo”, subraya el expresidente. “Lo resalto porque funcionarios y exfuncionarios colombianos le han atribuido a algunos párrafos del Acuerdo un significado que es contrario a su objeto, alcance y finalidad, lo cual es posiblemente incompatible con el principio de buena fe”.

Hace una semana, Santos ya había calificado de “absurdo” usar el acuerdo de paz para convocar una Asamblea Constituyente, en un rechazo frontal a una idea que el Gobierno de Petro ha mencionado en más de una ocasión. Así lo ha insinuado el propio mandatario, haciéndose eco de las tesis de su excanciller Álvaro Leyva. “Esa fue precisamente una de las líneas rojas que mantuvimos en la negociación”, afirmó Santos entonces. Una Constituyente solo se puede convocar usando los procedimientos que establece la carta política colombiana, y “cualquier intento de hacerlo por otra vía se enfrentaría con el poder Legislativo, con el poder Judicial, con las Fuerzas Armadas y con la gran mayoría de los colombianos”, apuntaló en ese pronunciamiento. La carta conocida este lunes va un paso más allá.

El acuerdo de paz, le escribe Santos a Guterres, “lejos de prever mecanismos extrainstitucionales o de buscar eludir los procedimientos establecidos en la Constitución de Colombia”, fue ratificado en su día por el Senado y la Cámara de Representantes, de acuerdo a lo acordado por las partes. Además, señala, cuando la implementación exigió cambios constitucionales, su Gobierno siguió el procedimiento establecido en la Constitución.

“Ningún aparte del Acuerdo Final propone o insinúa que se puedan desconocer en el futuro las reglas establecidas en la Constitución vigente”, enfatiza Santos en referencia a la carta política de 1991. “La Corte Constitucional revisó la compatibilidad con la Constitución, no solo de las leyes que desarrollaron el Acuerdo, sino también de las reformas constitucionales, de conformidad con las reglas y doctrinas constitucionales comúnmente aceptadas en esa materia en Colombia, país que se enorgullece de una tradición más que centenaria de respeto al principio de supremacía constitucional”.

Santos, quien gobernó entre 2010 y 2018, también se refiere específicamente a la Jurisdicción Especial para la Paz, el sistema de justicia transicional encargado de juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado. La JEP ha sido un blanco de críticas de parte del presidente Petro, quien no lo considera el tribunal de cierre que le gustaría. El acuerdo de paz, recuerda Santos, “consideró esencial que, además de darles verdad a las víctimas, les fuera garantizado su derecho a la justicia, mediante la investigación y sanción de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y otros graves delitos expresamente enumerados”. Afirma que nada en el texto “puede ser distorsionado para abrir la posibilidad de conceder amnistías, indultos, exoneraciones o perdones por tales crímenes de connotación internacional, mucho menos a los máximos responsables”.

“Se ha pretendido desconocer la letra y el espíritu del Acuerdo, así como la independencia de la JEP creada para evitar la impunidad, tratando de imponerle una manera de proceder”, señala Santos al citar una serie de afirmaciones que hizo el propio presidente Petro, de su puño y letra, en una carta dirigida a Guterres el 19 de octubre de 2023. La Misión de Verificación de la ONU también es la encargada de verificar el cumplimiento y aplicación efectiva de las sanciones que imponga la JEP, que se acerca a sus primeras decisiones de fondo sobre los dos macrocasos más avanzados, que involucran a la cúpula de las extintas FARC por el crimen del secuestro y a militares por los asesinatos de civiles que hicieron pasar por guerrilleros, los llamados “falsos positivos”.

Los expresidentes Felipe González de España y José Pepe Mujica de Uruguay, que son garantes de componente internacional de verificación de los acuerdos, están “totalmente de acuerdo con el espíritu y el contenido de esta comunicación”, afirma Santos al final de la carta, que llega en un momento de elevada crispación política en Colombia por cuenta de las constantes alusiones del presidente Petro al poder constituyente, nunca del todo aclaradas.

Aunque Petro se posicionó como un defensor del acuerdo de paz, desde que llegó al poder ha tenido varios roces con Santos y con los demás arquitectos de ese proceso, que a su turno han criticado el curso de las negociaciones con la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC en el marco de la política de paz total. Las múltiples negociaciones de la paz total de Petro no deben opacar la implementación, había subrayado el propio Santos en noviembre durante el séptimo aniversario de la firma del acuerdo del Teatro Colón. La implementación, subrayó entonces al lamentar la lentitud del actual Gobierno, es una condición fundamental para que cualquier otra negociación de paz pueda prosperar en Colombia.

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