Ecopetrol gana 1.000 millones de dólares en un fallo internacional por los retrasos en las obras de Reficar

La petrolera Ecopetrol, la mayor compañía de Colombia, ha ganado un histórico laudo arbitral internacional a través de su filial Reficar en un litigio por los retrasos en la ampliación y modernización de la refinería en Cartagena de Indias, un imponente complejo que se extiende en un área comparable a 170 canchas de fútbol sobre el mar Caribe. La denuncia fue interpuesta en marzo de 2016 por la empresa colombiana contra el conglomerado Chicago Bridge & Iron Company y su subsidiaria colombiana, que tendrán que pagar más de 1.000 millones de dólares, más los intereses desde 2015, por haber incumplido el contrato de construcción que fijaba los costos en 3.777 millones de dólares de entonces y estipulaba un plazo de entrega de tres años. Tanto el plazo de las obras como los costes se duplicaron por responsabilidad del contratista, como explica la decisión de la Cámara de Comercio Internacional, que es un fallo histórico: la multa más alta impuesta en un litigio de estas características en el país.

El varapalo para la compañía angloestadounidense llega tras siete años de proceso arbitral, en el que la defensa de CB&I pedía disminuir la compensación hasta los 400 millones de dólares. El alegato fue desestimado por el tribunal, con sede en Nueva York, y el fallo estipula incluso la liquidación del contrato entre Reficar y CB&I, tal como lo había solicitado la filial de Ecopetrol. Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda y gerente de la petrolera estatal para la época en que se instauró la demanda, explica que el contrato fue mal diseñado porque los costos de la obra se calcularon “sin concluir la ingeniería de detalle, que se terminó dos años después de terminar la construcción”.

Con ese trasfondo Echeverry apunta que la proyección inicial era, básicamente, “ficticia”. Desde entonces, otros líos e imprevistos se fueron amontonando. Echeverry precisa que todas las cifras relacionadas con Reficar son descomunales. Una huelga, durante el proceso de construcción, por ejemplo, llegó a costarle 500 millones de dólares mensuales a la compañía: “En algún momento llegó a haber 18.000 personas trabajando en construir la refinería. La nómina mensual costaba 80 millones de dólares”. Los responsables del proyecto lograron activar la refinería en octubre de 2015 y hoy constituye un gigante que refina 200 mil barriles de petróleo diarios y genera combustibles limpios para la costa Caribe colombiana.

También es un activo central para la autosuficiencia energética del país y, según Ecopetrol, gracias a su operación le ha ahorrado al país unos 15.500 millones de dólares en combustibles que no ha sido necesario importar. Para presentar la solicitud de arbitraje ante el tribunal estadounidense, la compañía presentó un acervo probatorio de tres millones de documentos que los abogados recopilaron desde 2012 para preparar la demanda al detalle. Por eso la decisión despeja múltiples interrogantes en torno a la actuación de una serie de funcionarios, políticos o abogados que formaron parte de la junta de Reficar en aquellos años tumultuosos, y que luego fueron señalados de corrupción por los sobrecostos del proyecto: “Yo comparo el papel de muchos de ellos con esos profesionales que entran a las plantas nucleares para apagar los reactores, aun sabiendo que arriesgan su vida. Llegaron a arreglar el problema y salieron responsabilizados. Ahora queda demostrado que fue un problema de los que estructuraron los contratos originales en 2009″, afirma Echeverry.

Carlos Gustavo Arrieta, exprocurador y miembro de la junta directiva de Reficar entre mayo de 2014 y marzo de 2015, asegura que la noticia es muy positivo para Ecopetrol y revela que decisiones criticadas en su momento fueron correctas: “La decisión de terminar con la obra de la refinería y litigar una vez terminada fue acertada. Lo que sostuvo la Contraloría, en el sentido de que hemos debido parar el proyecto, es irracional. No podíamos dejarlo botado a mitad de camino”. Las investigaciones de los órganos de control contra Arrieta fueron archivadas en 2020 y hoy recuerda en conversación telefónica que cuando “CB&I presentó su oferta no mostró mucha experiencia, no terminó los estudios de ingeniería, no fueron muy expeditos en la ejecución. Para todos los expertos la firma había subvalorado los retos del trabajo”.

Se trata de una noticia llega en buen momento para la compañía de mayoría estatal. A la espera del pago, Ecopetrol se halla hoy en medio de turbulencias políticas debido al enfoque de negocio para los hidrocarburos del Gobierno del presidente Petro, empeñado desde su propuesta de campaña en adelantar una difusa transición energética. Una propuesta con evidente impacto en las expectativas de los mercados internacionales, muy atentos a los movimientos de un sector que alcanza a reunir la mitad de las exportaciones del país. Por si fuera poco, el recién designado presidente de la compañía, Ricardo Roa Barragán, está en medio de la vorágine de tensiones políticas generadas por los recientes señalamientos del exembajador en Venezuela, Armando Benedetti, sobre supuesta financiación irregular de la campaña presidencial de Petro, en la que Roa fungió como gerente.

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