La entidad que ayudaría a aliviar la escasez de medicamentos sigue sin cabeza

Mientras el Gobierno y los partidos tradicionales debaten el futuro de la controvertida reforma a la salud en Colombia, miles de pacientes siguen soportando la espera a la solución de un problema inmediato: la escasez de medicamentos. Hay más de 60 marcas desabastecidas o en riesgo de desabastecimiento, según el más reciente listado oficial, con corte al 17 de abril.

Las causas de la baja disponibilidad de algunas medicinas para enfermedades como hipertensión, trastornos de salud mental y VIH, entre otras, son múltiples. Desde la escasez de materias primas, inventarios insuficientes y problemas en la cadena logística que tuvieron origen en la pandemia, hasta razones comerciales de los laboratorios que prefieren venderles directamente a las farmacias, donde obtienen mayores ganancias que en la red pública de salud.

A ese listado de razones se suman las demoras en los trámites de registros sanitarios ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima. La entidad que autoriza y controla la comercialización de los fármacos completa más de siete meses sin una cabeza nombrada en propiedad.

Cifras de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), el gremio que agrupa a las entidades promotoras de salud (EPS) encargadas de la atención de 34 millones de afiliados y la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación (Afidro), indican que hay entre 19.000 y 21.000 trámites represados. EL PAÍS preguntó hace más de 30 días al Invima sobre el dato oficial y no ha recibido respuesta hasta el momento.

El Instituto ha estado sin director en propiedad desde septiembre de 2022, luego de la renuncia de Julio César Aldana tras la llegada del presidente Gustavo Petro al poder. El médico Francisco Rossi, quien asumió el puesto de forma interina, concluyó ese encargo en marzo pasado. Su salida se conoció días después de que revelara que la ministra de Salud, Carolina Corcho, había rechazado ofertas de comercializadores internacionales para vender medicamentos desabastecidos en el país.

Desde el Gobierno precisaron que la salida de Rossi, ahora asesor del Ministerio de Salud, obedeció a que, por ley, el encargo no podía durar más de seis meses, incluida una prórroga de tres meses que ya se había cumplido. Después, el Invima estuvo 22 días sin líder. Solo hasta el pasado 14 de abril, la Presidencia de la República expidió el decreto designando a la secretaria general de la entidad, Mariela Pardo Corredor, como nueva directora, otra vez en encargo.

Poco antes del nombramiento temporal de Pardo, el presidente Petro volvió a encender el debate sobre la escasez de medicamentos al señalar a las EPS, en medio de una crisis que refleja la pelea por la reforma a la salud de la que estas saldrían debilitadas.

“Al no comprar medicamentos solo para presionar un resultado político, se comete un crimen que debe ser investigado. Le solicito a la superintendencia de salud y a Fiscalía investigar con objetividad e independencia esta situación”, publicó el mandatario en su cuenta de Twitter. El mensaje citaba una noticia de un mes atrás: “EPS no están comprando medicamentos para hacer presión sobre la discusión de la reforma”: Invima, titulaba la pieza periodística de Blu Radio.

Las EPS, agremiadas en Acemi, que originalmente alertaron en marzo sobre la falta de acciones del Gobierno ante la escasez de medicamentos, no tardaron en defenderse. “Están buscando donde no es”, dijo Paula Acosta, su presidenta, en entrevista con Caracol Radio. Denunció que parte del problema es que no se ha actualizado la regulación que fija un techo al precio que puede pagar la red pública al comprar los medicamentos, pese al impacto que ha causado la devaluación del peso en el costo de importar los que no se producen en el país. Solo hasta mediados de abril, el dólar volvió a valores de hace seis meses después de una escalada histórica.

“El Gobierno tiene en sus manos varias herramientas para ir solucionando este problema, por ejemplo, la actualización de los precios de los medicamentos que están regulados, un plan de choque en el Invima, en donde hay cerca de 21.000 trámites para poder sacar al mercado y traer diferentes medicamentos”, sostuvo Acosta. Según Acemi, entre 2021 y 2022 las EPS aumentaron el gasto en compra de medicamentos en un 25%.

Las cámaras de las EPS, las IPS y la industria farmacéutica de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) también rechazaron los señalamientos. “La crisis por la demanda insatisfecha de medicamentos es un fenómeno global que viene presentándose desde los primeros meses de la pandemia y, como lo ha reconocido el propio Ministerio de Salud y Protección Social, está relacionada con el incremento de la demanda, los problemas logísticos y las demoras en los trámites del Invima, entre otros factores”, señalaron en un comunicado conjunto.

La Fiscalía no ha recibido denuncias formales sobre las acusaciones contra las EPS. La Superintendencia de Salud no ha adelantado actuación alguna. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación, que desde marzo responsabilizó al Invima y al Ministerio de Salud de no adoptar medidas a tiempo, está recogiendo pruebas para determinar si abre una investigación formal. Entre tanto, la crisis de medicamentos y la interinidad del Invima continúan. Y con ellas, el sufrimiento de los pacientes.

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