Llegaron a barrer

Más allá del anuncio que viene de hacer el nuevo presidente de la administradora de pensiones estatal, Colpensiones, sobre el destino que se le podría estar dando a los ahorros para la vejez de los colombianos, deberíamos preocuparnos por lo que pasa al interior de esta entidad que, a pesar de ser del Gobierno colombiano, se ha venido manejando casi como una entidad financiera privada con el fin de proteger los recursos de miles de personas que depositan en ella no solo la plata, sino la confianza de que en diez, veinte o treinta años los recursos estarán allí para disfrutar de una merecida jubilación.

Jaime Dussán, nueva cabeza de Colpensiones, no es economista, ni administrador de empresas. No es ingeniero, es abogado con maestría en relaciones públicas y profesor de secundaria que desde hace décadas ha liderado el movimiento sindical de los profesores, quienes terminaron por convertirse en su base electoral para llegar a ser diputado y senador. No es malo ser profesor. Todo lo contrario: es un honor y una misión sublime la de educar a las generaciones que luego habrán de construir un país mejor; sin embargo, largo camino hay de la docencia y las aulas a la gerencia de una entidad que anualmente recibe miles de millones de pesos de los colombianos para convertirse en el garante de que en un futuro, cuando llegue la hora, haya dinero suficiente para que estos reciban una pensión.

Hasta ahora, y a pesar de algunos presidentes de Colpensiones con actitudes déspotas y autoritarias, esa organización se venía manejando casi como una entidad financiera. Un ejército de técnicos era el encargado de llevar las riendas de la entidad, siempre pensando en el bien común y con resultados que hasta hoy han sido bastante buenos. Sin embargo, desde que llegó Dussán las cosas han cambiado.

Muchos de los técnicos que llevaban varios Gobiernos trabajando para proteger el ahorro pensional de los colombianos van a ser remplazados por personas sin experiencia en ese complejo mundo. Otros se han quedado sin nada que hacer, pues a través de contratos de prestación de servicios se ha estado consolidando una especie de nómina paralela que desempeña funciones o tareas que deberían cumplir los funcionarios de planta, algo que está completamente prohibido por las normas de la entidad.

Además, en las reuniones de más alto nivel de Colpensiones, donde se tratan temas delicados y confidenciales, ha empezado a asistir la señora Paola Palmariny, quien sin ser funcionaria, ni tener contrato alguno con la entidad, pareciera haberse convertido en la sombra del nuevo presidente. ¿Qué dicen al respecto los miembros de la Junta Directiva? ¿Cómo permiten que personas no vinculadas a la organización vayan de arriba abajo como si fuesen directivos?

En algunos comités es el mismo presidente Dussán quien reconoce que no va a dejar a nadie del Gobierno anterior. Eso tendría sentido si Colpensiones fuera un órgano eminentemente político, como un ministerio o una agencia presidencial, pero hacerlo en una oficina de carácter técnico y además hablar de inversiones como si se jugara al casino con la plata de los colombianos resulta por lo menos irresponsable.

¡Ay, profesor Dussán!

Fe de erratas: una versión inicial de esta columna afirmaba que Jaime Dussán no es abogado. Fue corregida a las 8.10 de la mañana del día de su publicación.

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