El Gobierno y 80 empresas de energía logran un acuerdo para reducir las tarifas entre el 4% y el 8%

El Gobierno ha llegado a un acuerdo con más de 80 empresas para reducir las tarifas de electricidad, según ha anunciado este miércoles la ministra de Energía, Irene Vélez. Se han modificado 952 contratos bilaterales entre las empresas que generan el servicio y las que lo comercializan. También se ha decidido que se utilizará el precio más bajo entre los que señalen el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Índice de Precios al Productor (IPP). El objetivo es bajar las tarifas entre un 4% y un 8% para finales de este año.

El acuerdo ha sido denominado Pacto por la Justicia Tarifaria. La ministra ha explicado que ese acuerdo busca combatir el aumento de los costos de la energía que se da en todo el mundo desde diciembre de 2020 y que ha afectado “de una manera diferenciada” a los colombianos, sobre todo a los de menos recursos. “Hemos tenido que afrontar dilemas impensables entre pagar recibos de energía o pagar los alimentos”, ha declarado durante un acto realizado en la sede de la empresa ISAGEN, una de las mayores compañías de generación eléctrica de Colombia, en Medellín. Entre los presentes se encontraban presidentes de decenas de empresas del sector y directivos de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (ANDESCO) y de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (ACOLGEN), que suscribieron las palabras de Vélez y afirmaron tener “el bienestar de los usuarios” como una prioridad.

La inflación anual en Colombia se estima en alrededor del 11,44%, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicados en septiembre. El peso de la energía y el gas es significativo: en un año subió un 27,3%, frente al 26% de los alimentos y las bebidas no alcohólicas. Por ahora, según ha anunciado el Gobierno, el acuerdo permitirá lograr una reducción e las tarifas a los usuarios de entre el 4% y el 8%, en virtud de que las generadoras aceptaron cobrar menos a las compañías que llevan el servicio a los hogares, las empresas y las instituciones.

La dificultad para lograr el acuerdo estaba en que la tarifa de energía que pagan los colombianos está atada a la inflación mediante una fórmula que establece una comisión independiente del Gobierno, la CREG. Ante el impacto del alza de las tarifas, a inicios de septiembre el presidente Gustavo Petro anunció su intención de intervenir la CREG, pero menos de una semana después la ministra Vélez anunció que las tarifas frenarían su escalada antes de final de año gracias al acuerdo que se firmó este miércoles, sin necesidad de hacer esa intervención.

El acuerdo, sin embargo, no incluye por ahora a todas las empresas, ya que fue una negociación privada. Muchas empresas generadoras tienen contratos de largo plazo de cinco a 10 años, con empresas distribuidoras, y en esos acuerdos de venta de energía ajustan sus precios año a año. Entre lo pactado está no hacerlo con el cambio de año e incluso cobrar menos en 2023 que en 2022, lo que explica por qué el impacto se sentirá entonces y no ahora. No obstante, alrededor del 20% de la energía no se vende con estos contratos sino en la bolsa, en la que se compra a cada momento según la oferta y demanda, por lo que el acuerdo no incluye esas compraventas, que además son una parte mayor de la energía que venden algunas distribuidoras.

Además, en la tarifa al usuario final la energía comprada solo pesa alrededor del 30%; el resto son costos como el que se le paga a la transportadora de energía o el valor de la energía que se pierde en el camino. Por eso las tarifas sí se reducirán pero en porcentajes menores al 27,3% que han subido, en promedio, este año.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.