Estados Unidos le levanta las sanciones al béisbol venezolano

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos, OFAC, ha decidido levantar sanciones a los equipos de béisbol venezolano Navegantes del Magallanes y Tigres de Aragua, dos de los ocho de la liga profesional de este país, que actualmente están estatizados y controlados por el Gobierno chavista de Nicolás Maduro. El anuncio constituye un nuevo gesto de apaciguamiento por parte de la actual administración estadounidense de Joe Biden hacia Maduro y ha sido recibido con alivio y alegría por la gran mayoría de la fanaticada del deporte más popular de Venezuela, cuyo torneo está muy cerca de comenzar una nueva temporada. Horas después, Washington intercambió con Caracas a los sobrinos de Cilia Flores, la primera dama venezolana, condenados por narcotráfico por siete estadounidenses detenidos en Venezuela.

La información fue confirmada por la propia Liga Venezolana de Béisbol Profesional en un pronunciamiento en sus redes sociales. La medida significa que “ambas divisas restablecerán su ordenamiento jurídico ante Major League Baseball [la liga estadounidense de pelota, institución rectora de las ligas de béisbol del Caribe, equivalente a la NBA de este deporte] y su reinserción al Acuerdo de Ligas de Invierno, para así utilizar a todo el personal que milita en el béisbol organizado.”

La conflictividad política de estos años entre Maduro y la oposición terminó colonizando al béisbol nacional, un pasatiempo sagrado para el ciudadano de a pie, que hasta hace muy poco mantenía su calidad y rentabilidad alejada de la pasión política, y que tradicionalmente ha estado integrado por propietarios privados.

La imposibilidad de traer jugadores importados del sistema de granjas de la Major League Beisbol de Estados Unidos había mermado la calidad del campeonato local, al estar impedidos los equipos de poder contratar entrenadores, peloteros importados e incluso a las estrellas venezolanas de MLB —las llamadas Grandes Ligas— , luego de las sanciones impuestas a Maduro por el gobierno republicano de Donald Trump en 2019.

A partir de ese momento, planteada la emergencia, con ayuda del gobierno, la liga venezolana inició entonces una desesperada contratación de jugadores cubanos, puertorriqueños y colombianos sin contrato en el Beisbol organizado, o actuando en ligas independientes mexicanas o taiwanesas, para ocupar algunas vacantes y mantener el torneo.

En 2019, Diosdado Cabello, Vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, lanzó serias advertencias a los equipos privados que decidieran boicotear el campeonato para unirse a las protestas opositoras que entonces lideraba Juan Guaidó. Consciente del riesgo político que entrañaba suspender la cita deportiva más popular del país, Cabello declaró entonces que, de ser necesario, “me pongo yo el uniforme y salgo a jugar pelota, pero aquí habrá béisbol en diciembre”.

Esta crisis conoció su climax en el 2020, en pleno vigor de la pandemia. A partir de ese momento, agravado por el derrumbe económico, el público se alejó de los estadios, y el espectáculo, tradicionalmente muy rentable, entró en una inédita situación deficitaria, intoxicado con la decadencia nacional.

A diferencia de lo ocurrido en otras áreas, el gobierno revolucionario chavista no se atrevió nunca a tomar decisiones radicales para expropiar clubes del béisbol rentado venezolano en estos años, probablemente consciente de los enormes riesgos políticos y electorales que entrañaba la medida.

A cambio, desde los tiempos de Hugo Chávez, y más adelante con Nicolás Maduro, el Gobierno bolivariano ensayó un proceso lento de inserción progresiva en los equipos en la liga para aumentar su influencia dentro del torneo.

Antiguamente en manos privadas, Tigres de Aragua y Navegantes del Magallanes – actual campeón de la liga, el más antiguo y popular del país, del cual el propio Chávez era confeso fanático- fueron adquiridos por las gobernaciones de los estados a los cuales pertenecen estas divisas –Aragua y Carabobo-, asimilados por el oficialismo y estatizados a través de fundaciones públicas. Con la confiscación del equipo Bravos de Margarita al empresario Tobías Carrero, el gobierno de Maduro tiene hoy una clara influencia en, al menos, 4 de los 8 clubes de la liga local. Los Caribes de Anzoátegui, cuyo propietario es Rafael Gruszka, mantiene una clara relación de amistad con el oficialismo.

Gerenciados por algunas estrellas venezolanas del béisbol retiradas que simpatizan con el Gobierno, Aragua y Magallanes han disfrutado estos años de un holgado trato preferencial en el otorgamiento de permisos y acceso a los dólares para la contratación de peloteros. La medida de sanción de la OFAC de 2019 obró especialmente sobre estas dos instituciones procurando dar un golpe certero al chavismo sin producir una crisis sistémica en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

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