Del ELN a Aída Merlano, cinco puntos calientes del deshielo entre Bogotá y Caracas

El naciente Gobierno de Gustavo Petro ha marcado un cambio de ciclo en las relaciones de Colombia con la Venezuela de Nicolás Maduro, que se encontraban rotas por completo desde 2019. Desde el momento en que fue elegido presidente, antes incluso de la investidura, Petro se ha propuesto la meta de una “normalización”, que incluye reabrir plenamente los pasos formales y “restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos” en una extensa y porosa frontera de más de 2.200 kilómetros. También un trabajo conjunto para mejorar la seguridad e impulsar el comercio formal a lo largo de una línea limítrofe que lleva años bajo el control de los grupos armados ilegales.

Después de una inesperada reunión de cancilleres en el estado Táchira, Petro y Maduro ya aterrizaron sus acercamientos con la designación de sus respectivos embajadores: Armando Benedetti en Caracas y Félix Plasencia en Bogotá. Aún queda la ardua tarea de reabrir los consulados para atender a los ciudadanos a lado y lado. Pero después de años de diferencias irreconciliables durante el periodo de Iván Duque, que promovió incansablemente un fallido “cerco diplomático” sobre el heredero de Hugo Chávez y brindó su irrestricto apoyo al líder opositor Juan Guaidó, pasar la página no es tan fácil. A pesar del deshielo, que sigue en marcha, se mantienen varios puntos de fricción y considerables obstáculos por sortear. Estos son cinco de los principales.

El ELN, a lado y lado

El Ejército de Liberación Nacional, la última guerrilla activa en Colombia, con la que el Gobierno Petro ya ha puesto en marcha un incipiente diálogo como parte de su búsqueda de la “paz total”, ha transitado hacia un formato de guerrilla binacional. En los últimos cuatro años se ha fortalecido militarmente, se ha expandido y su presencia del lado venezolano es evidente. Organizaciones como Human Rights Watch han denunciado que las fuerzas de seguridad venezolanas han sido cómplices, al punto de realizar “operaciones conjuntas” con el ELN, que se destaca dentro del archipiélago de grupos criminales que operan en la frontera.

“Es un tema muy complejo, sobre todo porque al gobierno venezolano le va a costar mucho trabajo reconocer la realidad del ELN en Venezuela”, señala Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, en Bogotá. El ELN ha crecido del otro lado de la frontera, tiene componente venezolano y, como en Colombia, aprovecha los vacíos del Estado. “Esa penetración es muy difícil de deshacer”, valora Rodríguez. “Negociar con el ELN es negociar no solo su desmovilización en Colombia, y su reinserción a la sociedad colombiana, sino también su desmovilización y su reinserción en Venezuela”. Caracas emerge como un factor clave en cualquier eventual proceso de paz con la guerrilla.

Los puentes convertidos en paso peatonal

La frontera colombo-venezolana llegó a ser la más activa de América Latina. El comercio alcanzó 7.290 millones de dólares en 2008, pero se desplomó hasta 222 millones como valor total de las exportaciones de Colombia hacia Venezuela en 2020. Los dos gobiernos se proponen recuperar ese intercambio comercial y avanzar en la reapertura de los cruces formales, ahora mismo limitados a ser peatonales, pues Maduro cerró el paso de vehículos desde 2015. Pero todavía hay considerables escollos en una frontera repleta de rutas ilegales, dominada por los grupos armados y por la que se filtra todo tipo de contrabando.

Ahora mismo, los camiones de carga internacional tendrían que pasar por los puentes Simón Bolívar o Francisco de Paula Santander, estructuras casi obsoletas luego de más de medio siglo de servicio. Desde hace tiempo se menciona la necesidad de una revisión técnica de las condiciones estructurales en las que están ambos puentes. El cercano puente de Tienditas, una moderna infraestructura concluida en 2016 pero que nunca ha sido inaugurada, está llamado a tener un papel protagónico, pero todavía necesita al menos un par de meses de adecuaciones, en especial del lado venezolano.

El éxodo venezolano

Colombia es por mucho el principal destino de la diáspora venezolana, con una política de acogida que ha puesto al país a la vanguardia de América Latina. Las cifras más recientes muestran casi 2,5 millones de venezolanos en todo el territorio colombiano, de los más de 6 millones que han salido de su país. Pero el asunto no ha emergido como una prioridad en el discurso del presidente Petro. “La migración es el elefante en la habitación del que no se habla. Se habla de frontera, de comercio, de relación bilateral, pero no se habla del tema migratorio”, apunta Ronal Rodríguez, el investigador del Observatorio de Venezuela.

El Gobierno de Colombia debe cooperar con los donantes internacionales para mejorar la protección de los migrantes venezolanos que llegan al país, y ayudarlos a acceder a oportunidades económicas para así evitar tanto alimentar el ciclo de la xenofobia como que acaben reclutados por grupos armados y bandas criminales, advertía un reciente informe del International Crisis Group. Si bien el repunte de la economía de Venezuela, impulsada en gran parte por la dolarización de facto del país, ha abierto la posibilidad de que más migrantes decidan regresar voluntariamente, la inmensa mayoría tiene vocación de permanencia, un tema que el Gobierno de Maduro suele esquivar. Además, en Colombia también han terminado exiliados decenas de dirigentes políticos, periodistas y defensores de derechos humanos que sufrieron la represión del chavismo y a los que ahora preocupa el deshielo.

Monómeros, la empresa de la discordia

Monómeros, una empresa de fertilizantes venezolana radicada en Colombia, también ha sido motivo de agrias disputas. La empresa con sede en Barranquilla es uno de los importantes activos de Venezuela en el extranjero por los que Maduro forcejea con Juan Guaidó –que siempre contó con el apoyo de Duque–, lo que ha provocado una larga puja. El líder de oposición tomó el control de la empresa después de haberse autoproclamado presidente encargado de Venezuela, mientras que Maduro ha sostenido con insistencia que la compañía debe regresar a sus dueños, y ha intentado llevar el asunto hasta las negociaciones con la oposición que han tenido lugar en México. Petro, por su parte, también le ha dado prioridad al espinoso asunto, y lo incluyó entre los temas de la comisión de empalme con la Administración Duque, sin que hasta ahora se conozca un desenlace.

Aida Merlano, presa en Venezuela

El caso de la excongresista Aida Merlano, que se hizo famosa por una fuga de película durante una consulta médica después de haber sido condenada por delitos electorales, se convirtió en un enredo judicial y diplomático cuando reapareció por sorpresa meses después en Venezuela. Aunque fue capturada a comienzos de 2020 en Maracaibo por las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES), creadas por el Gobierno de Maduro, Duque aseguró en su momento que pediría la extradición al equipo de Guaidó, al que siempre consideró el presidente legítimo de Venezuela. Ahora se abre la posibilidad de un verdadero pedido de extradición que tendría consecuencias imprevisibles.

En ese caso, no está claro cuál sería la moneda de cambio para Maduro. La investigación de la Corte Suprema de Justicia contra Merlano involucra a poderosos políticos, y lo que pueda llegar a confesar sobre las redes de compra de votos hace temblar a la clase dirigente de Barranquilla, y en particular a la familia Char. Este año, Merlano acusó al exalcalde de Barranquilla Alex Char –con quien sostuvo un romance– de ser su cómplice tanto en la trama de compra de votos como en su fuga de la cárcel en 2019.

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