El Gobierno acusa a Texas de usar medidas represivas inconstitucionales contra los menores detenidos

El departamento de Justicia tiene evidencias de que el Estado de Texas ha violado los derechos civiles de detenidos menores de edad en cinco de sus centros de detención. En un documento de 73 páginas detalla cómo el Departamento de Justicia Juvenil de este Estado ha usado exceso de fuerza en el trato con los menores, discriminación contra los discapacitados y, entre otras cosas, no los ha protegido de abuso sexual.

La investigación se abrió en 2021 y revela que en los centros de Evins Regional Juvenile Center, Gainesville State School, Giddings State School, McClennan County State Juvenile Correctional Facility y Ron Jackson State Juvenile Correctional Complex se han violado los derechos constitucionales de los menores. El informe detalla que los detenidos han sido sometidos a periodos de aislamiento prolongado, una práctica que se mantiene en buena parte del país a pesar de ser considerada como una forma de tortura por organizaciones de Derechos Humanos y la propia ONU.

Justicia tiene evidencias de que el personal usa de forma recurrente espray de gas pimienta para mantener a los detenidos bajo control cuando se responde a una situación de mal comportamiento en vez de tratar de desescalar la situación. Las interacciones verbales en estos casos son gritos o lenguaje abusivo, algo que se refleja en los testimonios y videos como el de Emily, que en septiembre de 2022 profirió amenazas en su escuela y el personal respondió con insultos como prostituta y con malos tratos. El personal llegó a retar a la menor y terminó rociándola con el gas pimienta.

El de esta joven, que como en el resto de casos no se conoce más que el nombre por motivos de privacidad, es uno de los testimonios que se recogen del uso de estas tácticas. En el informe se detalla que no siempre hay posibilidad de descontaminar el efecto del espray con agua fría.

“Los niños que están en estas instalaciones tienen que recibir tratamiento y rehabilitación para que puedan volver a sus comunidades como ciudadanos productivos y seguidores de la ley”, explica en una nota la asistente del fiscal general Kirsten Clarke, del departamento de la División de Derechos Civiles. “Nuestras investigaciones muestran que lejos de lograr esos objetivos, el TJJD ha optado por un patrón de abuso, eliminación de servicios esenciales y discriminación que perjudica seriamente a los niños y complica su rehabilitación”.

El documento hecho público este jueves recoge escenas imposible de cuadrar con un fin de reinserción social y describe conductas que han terminado en juzgados criminales. Ocurrió en el caso de un miembro del cuerpo de prisiones de Ron Jackson que, en octubre de 2023, elevó a un niño del suelo para luego lanzarlo, causándole laceraciones en el ojo y contusiones, una acción recogida por las cámaras. En junio de 2022 dos trabajadores de la prisión de Evins fueron acusados de delitos criminales después de golpear la cabeza de un menor contra un muro de ladrillo y dejarle inconsciente mientras, presuntamente, estaba esposado con sus manos en la espalda.

Alamadar Hamdani, fiscal federal del Distrito Sur de Texas, ha dicho que “las condiciones de estos centros son inaceptables” y ha recordado que “trágicamente” no es la primera vez que se investigan abusos. Tanto este fiscal como el Departamento de Justicia dicen que van a trabajar con los responsables del Estado para poder fin a estas violaciones de derechos e imponer reformas. El informe explica que estos centros de detención juvenil de Texas han tenido problemas desde el inicio de siglo y están bajo supervisión del Departamento de Justicia Juvenil desde 2007.

En 2021, el propio sistema de TJJD dio a conocer que el 65% de los niños en sus instalaciones tienen serios problemas mentales y el 64% de los niños y el 84% de las niñas han tenido que sufrir eventos traumáticos durante sus infancias. El 91% de las niñas han sido o podrían haber sido víctimas de tráfico sexual. Como media, los niños están cinco grados por detrás en niveles de lectura y seis en matemáticas y el 30% reciben educación especial. El propio TJJD dice que es “la mayor concentración de necesidades urgentes… en la historia de la agencia”.