El Gobierno de Trump amenaza con procesar a los funcionarios que se opongan a su agenda migratoria

Donald Trump está sentando rápidamente las bases para empezar a deportar a millones de migrantes. Tras autorizar las redadas en iglesias, escuelas y hospitales y despedir a las juezas responsables de supervisar las 71 cortes federales de migración, su Gobierno ha ordenado a los fiscales federales que investiguen a cualquier funcionario estatal o local que se interponga en el camino de la aplicación de las medidas migratorias de la nueva Administración. Estas últimas dos medidas se suman a la avalancha de decretos que el republicano ha firmado desde su toma de posesión el lunes y alimentan el temor a que las detenciones y expulsiones comiencen en cualquier momento.

Se esperaba que las redadas migratorias masivas comenzaran el martes, el primer día completo de la nueva presidencia de Trump, porque así lo había anunciado la propia Administración antes de la investidura. Las detenciones iban a arrancar en Chicago, Illinois, y se extenderían a lo largo del país, había asegurado el zar de la frontera y fiel asesor de Trump en materia migratoria, Tom Homan. Pero, hasta la mañana de este miércoles, esos planes aún no se habían materializado. Lo que sí se ha ido materializando es el marco legal y político con el que Trump pondrá en marcha su plan migratorio.

En su más reciente amenaza, el Gobierno de Trump ha exigido al Departamento de Justicia que tome “todas las medidas necesarias para proteger al público y asegurar la frontera estadounidense, expulsando del país a los inmigrantes ilegales y enjuiciándolos por delitos” cometidos bajo jurisdicción estadounidense. En un memorando de tres páginas dirigido a toda la plantilla del departamento la noche del martes, el fiscal general adjunto interino, Emil Bove, da instrucciones para que se investiguen para posibles cargos penales los casos en los que funcionarios estatales y locales obstruyan o impidan funciones federales.

“La ley federal prohíbe a los agentes estatales y locales resistirse, obstruir o incumplir de cualquier otro modo las órdenes y peticiones legales relacionadas con la inmigración”, Bove asegura en el documento al que EL PAÍS ha tenido acceso. “Las Fiscalías de Estados Unidos y los componentes litigantes del Departamento de Justicia investigarán los incidentes que impliquen cualquier mala conducta de este tipo para su posible enjuiciamiento”.

Con más de 115.000 empleados, el Departamento de Justicia desempeña un papel esencial en la aplicación de las leyes federales de inmigración y las políticas migratorias de la Administración. El Gobierno de Trump es consciente de ello y ha colocado a la agencia federal en la primera línea de su agenda. El documento no da lugar a duda: “Es responsabilidad del Departamento de Justicia defender la Constitución y, en consecuencia, ejecutar legalmente las políticas para las que el pueblo estadounidense eligió al presidente Trump”, sostiene Bove.

Con ese fin, en el memorando se instruye a todas las unidades del departamento —entre ellas la Oficina Federal de Investigación, la Administración para el Control de Drogas o la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos— a que rebusquen en sus archivos información y datos biométricos para identificar a personas que se encuentren en el país de forma irregular. Esos datos deberán ser entregados dentro de un plazo de 60 días al Departamento de Seguridad Nacional para que los utilice en sus deportaciones.

El documento también alude a las llamadas ciudades santuario, urbes que por ley no colaboran en materia migratoria con el Gobierno federal. Sin mencionarlas de forma explícita, Bove sí señala que cualquier ley o acción que impida los esfuerzos de las agencias federales en materia migratoria, “incluida la prohibición a los funcionarios estatales y locales de revelar información a los funcionarios federales de inmigración, amenazan la seguridad pública y la seguridad nacional” y, por tanto, pueden ser impugnadas por el departamento. Trump ya amenazó a estas localidades con acciones legales, penales o civiles en una de las más de 40 órdenes ejecutivas que firmó su primera noche en el cargo.