La eutanasia de Noelia, todavía sin fecha: “Es un secuestro de su muerte digna”

Noelia sigue esperando una muerte digna. Lleva más de año y medio aguardando para recibir la prestación de ayuda a morir que tiene concedida en el marco de la ley de eutanasia y que la justicia ha avalado hasta tres veces —...

Noelia sigue esperando una muerte digna. Lleva más de año y medio aguardando para recibir la prestación de ayuda a morir que tiene concedida en el marco de la ley de eutanasia y que la justicia ha avalado hasta tres veces —la última, este jueves—, pero todavía no hay fecha para que se haga efectiva. “Esto es un secuestro de su muerte digna. Aunque al final le den la eutanasia, lo que le ha sucedido a Noelia es indigno. Ha faltado empatía y compasión”, protesta Cristina Vallès, presidenta de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) de Cataluña. El de esta joven de 25 años es el primer proceso judicial abierto tras la aprobación de la ley de eutanasia.

Después de un larguísimo periplo judicial alentado por Abogados Cristianos en representación del padre de la joven para parar esa eutanasia —argumentan que no está capacitada para tomar esa decisión—, este jueves el Tribunal Supremo tumbó el último recurso del progenitor y avaló el derecho de Noelia a recibir la prestación. Eso implica que las medidas cautelares que impuso la justicia durante el proceso y que impedía llevar a cabo la ayuda para morir, decaen automáticamente, aunque el efecto no es inmediato. Hay que notificarlo para hacerlo efectivo: el Supremo al juzgado contencioso; este a Noelia; y la joven a la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC, por sus siglas en catalán).

Según han explicado a EL PAÍS fuentes de la comisión, con las medidas cautelares desactivadas oficialmente y la decisión intacta de Noelia de seguir adelante con la eutanasia, este órgano independiente encargado de velar por la correcta aplicación de la norma puede nombrar a un médico responsable que retome el caso y pacte con la paciente cuándo, cómo y dónde recibir la prestación ya concedida.

El problema es que todo eso también lleva un tiempo. De hecho, Noelia, que padece una paraplejia completa tras una tentativa de suicidio que le dejó secuelas “permanentes e irreversibles”, sigue esperando, sin poder hacer nada, postrada en un centro sociosanitario próximo a Barcelona. Mientras, Abogados Cristianos ya ha anunciado que está preparando un recurso para llevar el caso al Tribunal Constitucional, una decisión que puede alargar todavía más la odisea de la joven para recibir la ayuda para morir dignamente.

Hay una especie de macabra carrera en marcha. Tres instancias judiciales han avalado la prestación concedida a Noelia. La decisión es firme tras año y medio de pleitos. Pero si el recurso de Abogados Cristianos al Constitucional llega antes de que se acuerde nueva fecha para la eutanasia de la joven y el alto tribunal vuelve a poner medidas cautelares —algo poco probable, según los juristas consultados, pero no imposible—, Noelia seguirá amarrada a esa espera interminable. Todo quedará paralizado otra vez.

Francesc José María, jurista y vicepresidente de la CGAC, apela a la “prudencia” a la hora de retomar el caso de Noelia. “Estamos en un terreno incierto y pantanoso por culpa de esta fundación que ya ha dicho que están dispuestos a todo. Es indigno lo que están haciendo sufrir a esta chica. Todo el proceso está emponzoñado por la actitud de Abogados Cristianos”, lamenta.

Según el Ministerio de Sanidad, desde la puesta en marcha de la ley de eutanasia, en junio de 2021, hasta finales de 2024 (último año del que hay cifras), se realizaron 1.123 prestaciones de ayuda para morir. La de Noelia, prevista para el 2 de agosto de 2024, tendría que haber sido una más en el cómputo de ese año, pero no llegó a ejecutarse: su padre, representado por la organización ultracatólica Abogados Cristianos, alegó que los problemas de salud mental de la joven (un trastorno obsesivo-compulsivo) y sus supuestos cambios de opinión sobre la eutanasia le “nublan el juicio” y no puede tomar la decisión libremente.

Ninguno de esos argumentos tiene base alguna: médicos y peritos demostraron en el juicio que está plenamente capacitada para decidir. Pero a raíz del recurso del padre, un juzgado paralizó cautelarmente la eutanasia y abrió una senda judicial que parece no tener fin, pues en paralelo a este proceso administrativo, la organización ultracatólica también se querelló contra los dos miembros de la CGAC que decidieron en el caso de Noelia, un médico y una abogada, a los que acusa de “falsedad en documento público y prevaricación administrativa”.

A los miembros de la CGAC, por ahora, no se les ha notificado que estén siendo investigados, pero están expectantes. Sobre todo, por el precedente que sientan estas actuaciones sobre los profesionales que participan en el estudio de las peticiones de eutanasia. “El fin último es amedrentar, incidir en la dinámica del procedimiento metiéndole miedo a los profesionales sanitarios y a los juristas a la hora de resolver las peticiones”, protesta José María.

Abogados Cristianos dice que no se rendirá, que irá al Tribunal de Estrasburgo si es necesario. Pero Vallès cuestiona el fin último de esta descarnada batalla judicial: “El único propósito es alargar y alargar este proceso y no se sabe por qué… No les importa nada Noelia. Morir dignamente significa que todo el proceso de morir sea digno, no solo los últimos tres minutos en los que expiras. Todo el proceso tiene que ser rodeado de amor, no de odio, como este”.

La grieta de la ley

De fondo, subyace una cuestión administrativa que sustenta el periplo jurídico que está dilatando la eutanasia de Noelia: con el recurso del padre, lo que se pretende, en esencia, es discutir la legalidad de una resolución de la Administración, pero para esos procesos, es necesario que la persona que demanda tenga legitimación. Esa figura, la del tercero legitimado, es lo que está en el centro del debate en este caso: si hay alguien externo con potestad para intentar revocar una prestación que atañe a un derecho tan personal como el de la propia vida.

La ley de la eutanasia, que es extremadamente garantista, contempla la posibilidad de interponer un recurso si no se está de acuerdo con la decisión de la comisión de garantías. En realidad, explican los expertos consultados, estaba pensada, sobre todo, para que personas a las que se les había denegado la prestación pudiesen recurrir la decisión; pero también permite reclamar un fallo favorable. “Lo que ha hecho Abogados Cristianos es aprovechar una grieta. En nuestro país, todas las resoluciones administrativas [y la concesión de la eutanasia lo es] se pueden reclamar y eso está bien. Pero ellos lo han aprovechado al revés, buscando un tercero legitimado para reclamar, alegando que esta persona [el beneficiario de la prestación] no es competente”, protesta Vallès.

Esta laguna plantea el debate de quién está legitimado para echar atrás una prestación tan personal como la del derecho a morir dignamente. ¿Cualquier persona? ¿Solo algunos familiares? ¿Cuáles son los criterios para tener esa legitimidad? Es un debate jurídico no resuelto y que responde, en gran medida, también a la interpretación de los jueces en cada caso, apuntan las voces consultadas.

DMD está intentando poner un parche a esta “grieta” y ha impulsado una reforma legal para que ningún recurso paralice durante meses o años una eutanasia concedida: su plan es que estos recursos se resuelvan en un máximo de 20 días y se circunscriba a una sola instancia, sin posibilidad de más apelación. “Sabemos que no acaba con el problema del tercero legitimado, pero impide que esto se alargue infinitamente”, explica Vallès, que ha presentado la propuesta a los grupos parlamentarios en Cataluña y aspira a que pronto llegue al Congreso.

Para Vallès, toda la ofensiva de Abogados Cristianos tiene una motivación estrictamente ideológica: “Todo esto es una manera de torpedear la ley porque democráticamente no han podido acabar con ella”.