Los problemas con las pulseras antimaltrato derivaron de estar en manos privadas: ¿y si fuese un sistema público?

La palabra “público” se ha repetido varias veces en los últimos días. “Público” como aspiración para referirse al sistema que se encarga de las pulseras antimaltratadores, ahora, y desde siempre, gestionado en España por empresas privadas. Entre 2009 y hasta 2023 lo hicieron Telefónica y Securitas Direct, y desde entonces y hasta este momento Vodafone y Securitas. ...

La palabra “público” se ha repetido varias veces en los últimos días. “Público” como aspiración para referirse al sistema que se encarga de las pulseras antimaltratadores, ahora, y desde siempre, gestionado en España por empresas privadas. Entre 2009 y hasta 2023 lo hicieron Telefónica y Securitas Direct, y desde entonces y hasta este momento Vodafone y Securitas. Los múltiples fallos conocidos en la última semana y media, derivados de la transición entre unas y otras adjudicatarias y amplificados después por la implantación del servicio de las dos últimas, han puesto sobre la mesa entre otras cuestiones, la externalización de un servicio creado para proteger la seguridad y la vida de miles de mujeres, niños y niñas.

El pasado jueves, Carmen Martínez Perza compareció en el Congreso “en calidad de delegada [del Gobierno contra la Violencia de Género] como responsable del servicio de dispositivos Cometa”, que es el nombre del centro que hace el seguimiento de estos aparatos. Fue ahí cuando explicó que “se ha cambiado el modelo”, que han “dado los primeros pasos a un sistema público”. Se refería a dos cuestiones: a los dispositivos y a la plataforma con la que se gestionan las señales de víctimas y agresores que llegan a la sala de control.

Hasta la última licitación ni una ni los otros habían sido propiedad del Estado. Eran de la empresa adjudicataria, Telefónica, que como explicó la delegada hacía un alquiler a largo plazo de los dispositivos y era dueña de ese soporte tecnológico. Con el último contrato, esas cuestiones, “como la app instalada en los dispositivos”, añadió Perza, son ya propiedad del ministerio [de Igualdad, que es de quien depende la Delegación].

“Son los primeros pasos para que esto sea un servicio gestionado al máximo desde lo público […] Estamos ante un tema de enorme sensibilidad, por encima de todo está la seguridad de las mujeres y de sus hijos e hijas”, dijo la delegada, y apuntó que “las supervivientes son lo más importante” y que se dirigía a ellas “para pedirles disculpas por el ruido en torno a los dispositivos”.

El “ruido” son las múltiples informaciones que se han publicado sobre los problemas provocados precisamente porque había que cambiar de plataforma, y de dispositivos, al pasar de una a otra empresa; y después de la transición, porque las nuevas adjudicatarias, Vodafone y Securitas, han prestado un servicio que en diversos puntos contravienen incluso los pliegos del contrato.

Del paso de unas a otras adjudicatarias se ha dicho que fue colaborativo y tranquilo. El pasado lunes, en la Cadena SER, Aimar Bretos le preguntó a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, si “la empresa saliente puso todo de su parte y actuó con toda diligencia para facilitar el traspaso”. Ella respondió: “A mí no me consta que no lo hiciera”. Sin embargo, fuentes internas tanto del Gobierno como de Cometa afirman que no hubo tanta calma.

Respecto a los fallos provocados por el servicio actual, tanto Redondo como Martínez han sido preguntadas por la posibilidad de penalización tanto en entrevistas como en esa comparecencia del jueves pasado en el Congreso. No lo descartan, pero una vez acabada la licitación.

Tanto en las incidencias en el servicio como en la transición empresarial, el ministerio se ve constreñido, incluso aunque se den condiciones que incumplen el contrato o en momentos de “mucho caos”, como ha afirmado que hubo durante meses personal cercano a Cometa, porque se trata de un sistema del que depende la vida, actualmente, de 4.730 mujeres. No puede paralizarse, por nada.

Incrementar el control de calidad

Soledad Murillo, secretaria de Igualdad con el primer ministerio, entre 2004 y 2008, y también entre 2018 y 2020, cuando Igualdad estaba inserta en Vicepresidencia ―con Carmen Calvo en la cartera―, afirma que “con las pulseras la gestión debería ser pública” porque implicaría “incrementar el control de calidad de los dispositivos”, “una financiación sometida a examen parlamentario y transparente en los presupuestos” y “no depender de la oferta de la empresa adjudicataria y, menos aún, de los pliegos de licitación de quien en ese momento tenga la máxima responsabilidad del Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género”.

Eso que Murillo dice lo piensa también Victoria Rosell, la delegada del Gobierno en este área durante la anterior legislatura: “Que esto se hiciera con tecnología pública, con eso soñaba. Y que el CSIC [el Consejo Superior de Investigaciones Científicas] investigara un dispositivo con 5G y localización. Para mí esto tenía que ser tecnología pública española”.

Cuenta al teléfono que en torno al 8M de 2020 fue a un acto del Ministerio de Ciencia sobre mujeres y tecnología donde conoció a una científica que le dijo que eso a lo que aspiraba “era posible, y que ella llevaba investigándolo un tiempo pero que aún no tenía el desarrollo. Quedamos en localizarnos oficialmente unos días después, pero llegó el Estado de Alarma y ya no existió el después”.

Rosell pronuncia “ojalá”, “ojalá que esa científica haya seguido investigando”. Pero mientras, “la situación real” en la que ahora mismo se puede encontrar este ministerio como pudo ocurrir en otras legislaturas, es otra: “Las condiciones del servicio, esencial, en parte te dejan un poco en manos de quien lo está llevando, porque sabes que no lo puedes parar un solo día”.

En parte también eso pasó con la última licitación, en 2023. Telefónica y Securitas Direct no concurrieron y la única alternativa posible era la de Vodafone y Securitas. Se le adjudicó a pesar del informe técnico de Igualdad que valoró a la nueva adjudicataria con un 3,6 sobre 10 en el apartado llamado “Plan de transición de salida del servicio”. Por detalles como estos: “Diseño deficiente”, “planificación poco detallada”, “asignación de recursos deficiente”, “poco preciso”.

Tanto Rosell como la actual delegada han apuntado que en los otros apartados la puntuación fue más alta y lo que había sobre el papel significaba una mejora tecnológica. En el global, Vodafone y Securitas obtuvieron un 27,5 sobre 40. Otra cuestión es lo que se haya materializado después durante la ejecución del contrato, que es algo que el ministerio no verbaliza como tal pero sí trasluce cuando no descartan auditoría o sanciones.

El origen: desde la investigación del sistema público

La tecnología de estos dispositivos nació, precisamente, de lo público. En una patente que el catedrático ya emérito de Magnetismo de la Materia Antonio Hernando, del Instituto de Magnetismo de la Universidad Complutense, regaló al sistema público de la Comunidad de Madrid, que con Esperanza Aguirre como presidenta fue la primera comunidad en tener estos dispositivos, en 2006, tres años antes de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero los llevara al ámbito nacional.

Entonces, el delegado contra la Violencia de Género era Miguel Lorente. ¿Se planteó en aquel momento que fuera un sistema 100% público? “No era factible ni teníamos margen. El sistema estaba operativo en verano de 2009, el ministerio empezó en abril de 2008. Sin un espacio físico adecuado, con obras en el ministerio, sin presupuesto y sin posibilidad de tenerlos hasta el otoño. A pesar de todo eso, detectamos elementos prioritarios para actuar sobe la realidad de la violencia y en menos de un año teníamos concurso, licitación y pliegos para que echara a andar en junio de 2009”, explica Lorente.

¿Y ahora? ¿Es factible? “Si una empresa puede, un Estado puede. Es cuestión de presupuestos y voluntad política”. Cree que con las necesidades ya muy definidas “se puede hacer un planteamiento distinto con el que se ganaría en profesionalidad, en integración [de los distintos actores que trabajan en este ámbito desde las instituciones] y en transversalidad”. También que “esto no se permitiría en un tema de salud o de seguridad, se vería como algo ajeno, débil, vulnerable. Derivado en Igualdad y en empresa privada, significa que lo consideras secundario o menor sobre otros temas. A nadie se les ocurriría hacer el seguimiento de narcotráfico por empresas privadas”.

No hace el apunte hacia Igualdad ni porque sea una cuestión menor ni porque él lo considere así, sino porque para él es algo comprobable que si como Estado lo entiendes como primordial, lo colocas al nivel de otras cuestiones que también valoras como esenciales.

Se pregunta por qué esto “no está en manos de quienes mejor conocen el tema y la criminalidad asociada a la violencia machista, a sus dinámicas y estructuras. Ya sea dependiendo de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, ya fuera Interior”. O del Ministerio de Justicia.

En los territorios con este sistema implantando ―al menos ocho, la mayoría en Latinoamérica― el funcionamiento es prácticamente similar o muy parecido: dispositivo de rastreo y móvil para los agresores y otro para las víctimas que se activan por orden judicial para hacer cumplir una orden de alejamiento. Hay, sin embargo, algo en lo que el resto de países se diferencia: esta medida nace y depende de sus correspondientes áreas de Justicia o Interior.

Algunos porque directamente no tienen instituciones específicas de igualdad, como sí ocurre en España, y otros porque aún teniendo organismos similares o parecidos decidieron que esta herramienta dependiese o bien del lugar al que prestan el servicio, la administración de Justicia, como en Francia, Portugal o Argentina; o del que tiene que hacer cumplir esta orden, las policías de cada país, de Interior, como sucede en Uruguay.

Lorente cree que todo lo que ha ocurrido en torno a los dispositivos por parte de quienes quieren atacarlos por una cuestión partidista demuestra “una falta de criterio, responsabilidad, rigor o visión política para entender de qué estamos hablando”. La seguridad y la vida de miles de mujeres, y sus hijos e hijas.

En cualquier caso, que este sistema sea público no parece una opción cercana. Redondo, la ministra, dijo en esa entrevista en la Cadena SER que “lo importante es que la empresa que entre a partir del 6 de mayo [de 2026] sea responsable, tenga toda la voluntad de mejorar los dispositivos, de mejorar las coberturas y de mejorar en definitiva el servicio, que es lo único que nos interesa, que el servicio mejore y que las mujeres se sientan más seguras y protegidas”.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.