El fin de Muface deja de ser una quimera: ¿puede la sanidad pública atender a un millón de funcionarios?

Durante décadas, el final de la mutualidad de funcionarios Muface ha sido una especie de quimera, un motivo frecuente de debates tan acalorados como vacíos de datos que apuntaran a una posibilidad real. Todo cambió el pasado 5 de noviembre. La negativa de Adeslas, Asisa y DKV a presentarse al nuevo ...

Durante décadas, el final de la mutualidad de funcionarios Muface ha sido una especie de quimera, un motivo frecuente de debates tan acalorados como vacíos de datos que apuntaran a una posibilidad real. Todo cambió el pasado 5 de noviembre. La negativa de Adeslas, Asisa y DKV a presentarse al nuevo convenio para los años 2025 y 2026 ha precipitado los acontecimientos y el fin del modelo, que supondría el desembarco en la sanidad pública de un millón de empleados públicos, ha dejado para muchos de ser algo impensable. Incluso el Ministerio de Sanidad califica en un reciente informe esta opción como “viable y razonable”.

Para el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que es el que gestiona Muface, situarse en ese escenario es correr demasiado. Tras el fracaso de la primera licitación, que ofrecía un incremento de las primas del 17%, el ministerio impulsa una segunda que incluye una consulta previa, que concluyó el pasado miércoles, en la que las aseguradoras —que reclaman un 40% más de dinero por paciente— deben detallar las razones que justifican este incremento. Incluso si esta segunda licitación fracasara, Función Pública asegura que ningún paciente verá en riesgo su asistencia sanitaria.

Las dos partes, coinciden los expertos consultados, están jugando una especie de “partida de póquer” en una negociación larga y compleja. “Lo más probable es que, tras esta fase de tanteo, alcancen un acuerdo. Tienen más incentivos para seguir con el modelo que en ponerle fin de forma abrupta. Aunque, una vez abierta la mano, nunca puedes estar seguro de cómo va a acabar” considera José Soto, presidente de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) y con décadas de experiencia en la gestión de grandes hospitales públicos.

José Ramón Repullo, profesor emérito de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad, también ve un riesgo en que las negociaciones “puedan torcerse”. Si esto ocurre, Función Pública deberá decidir qué hacer con una mutualidad que engloba a 1,5 millones de empleados públicos —altos funcionarios del Estado, policías y profesores de secundaria, entre otros— cuyos beneficiarios pueden elegir cada año si quieren ser atenidos en la sanidad pública o la privada.

Riesgos e incertidumbres para los pacientes

La pregunta que se repiten todos los actores es si la sanidad pública está preparada para recibir al millón de funcionarios de Muface que actualmente opta por la privada. “Sí, pero hacerlo no estaría libre de importantes tensiones y problemas de adaptación. Estas serían mayores cuanto más corto sea el periodo de transición y cuanto más hostil sea el proceso de trasferencia de información desde las aseguradoras a los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas”, resume Repullo.

Algunos pacientes se muestran angustiados. “Tengo 68 años y voy a tres especialistas por la privada porque tengo hipertensión, problemas con la próstata y otras cosas típicas de la edad. Mi médico de cabecera es el de toda la vida. Tengo mucha confianza con ellos y, claro, me preocupa mucho pensar que tendré que ir a médicos nuevos”, cuenta Pedro Cruz Age, funcionario de 68 aún en activo en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

Emilio Fernández Zunzunegui, de 70 años y docente jubilado de Vigo, resume con la siguiente frase su relación con la sanidad privada de Muface: “Soy un vivo ejemplo de contradicción”. Defensor de lo público, mientras “era joven y estaba sano elegía la sanidad privada”. Pero hace años empezó a planear y poner en práctica una transición tranquila hacia lo público. “Me aproveché de las ventajas de la privada, pero cuando empecé a sumar años y problemas de salud, me fui pasando a la pública”, añade.

El actual sistema de Muface permite que una persona elija un año ser atendida en la pública —que habitualmente es cuando necesita un tratamiento complejo— y volver a la privada al año siguiente, cuando ha terminado. “Ahora mismo estoy a la espera de dos operaciones y estoy seguro de que estaré atendido con más garantías en la sanidad pública”, concluye.

La transición de lo privado a lo público de M. R. J., de 68 años, fue todo menos tranquila y planificada. “Me dio un infarto y cuando llegaron para atenderme, el de la ambulancia le preguntó a mi madre que cuál era mi hospital. Ella les dio el nombre de mi clínica privada de Muface. El de la ambulancia le contestó que, en mi estado, allí no me iban a salvar. Y me trasladaron al Hospital Clínico” de Madrid, cuenta esta antigua secretaria del Ministerio de Interior que pide no ser identificada con nombre y apellidos. La mujer se recuperó, aunque luego tuvo que lidiar con un embrollo legal para ver quién se hacía cargo de la factura. Hoy dice estar “muy contenta” con la asistencia que recibe en la sanidad pública. “Tenía algunos recelos, pero ahora pienso que me tendría que haber cambiado antes”, admite.

Dos debates: sobre el fondo y sobre la forma

En toda la controversia que rodea a Muface se superponen dos debates. El primero tiene décadas de historia y cuestiona que en un país que ahora tiene 48,4 millones de habitantes, solo un reducido grupo de ellos —el 3,1%, precisamente empleados en el sector público— tenga garantizada la libre elección de proveedor sanitario pagada con fondos públicos. El segundo pone el foco en, si se acordara acabar con el modelo, cuál sería la mejor forma de hacerlo.

El primero de ellos se resume con las posiciones encontradas del sindicato CSIF, mayoritario entre los funcionarios, y la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). “La existencia de Muface no es un privilegio. El sistema se basa en la coexistencia de dos modelos de asistencia sanitaria pública, uno con proveedores públicos y el otro privados. Su fin supondría un perjuicio inadmisible para más de un millón de personas”, sostiene el sindicato. “Muface atenta contra la equidad y debilita al sistema sanitario público de varias formas. Una es que este atiende a los pacientes más complejos y con un mayor gasto. Otra, con subvenciones encubiertas como que los funcionarios del área rural sean atendidos en los centros de salud públicos a unos precios irrisorios aunque hayan elegido la sanidad privada”, defiende la Federación.

El segundo, la forma en la que sería mejor poner fin al modelo Muface, ha sido largamente tratada por la academia. “Una posición con muchos apoyos era que no era conveniente un final abrupto de Muface. Esto tiene un gran impacto sobre muchas personas porque la gente es muy fiel a sus médicos y centros sanitarios. Pero una vez llegados a este punto, y teniendo lo anterior en cuenta, también podemos pensar que toda crisis es también una oportunidad. De dar una sacudida al sistema público, de reforzarlo con más medios, de plantear formas de mejorar en eficiencia...”, sostiene Beatriz González López-Valcárcel, catedrática en Economía por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y con varios trabajos científicos publicados sobre Muface.

Las autonomías más afectadas

El debate, sin embargo, está lejos de estar cerrado. Guillem López i Casasnovas, director del Centro de Investigación en Economía y Salud de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) considera que el fin de Muface tendrá una consecuencia “obvia”: “La entrada masiva de ciudadanos en la asistencia pública, presionando aún más los descosidos del sistema de salud, aunque se tenga en cuenta la aportación económica añadida que la sanidad pública recibirá de lo que antes se destinaba a pagar las primas del aseguramiento privado de Muface”.

El informe del Ministerio de Sanidad dibuja, en cambio, un panorama relativamente tranquilo en la mayoría de comunidades. Con un incremento medio de pacientes del 2,12%, muchas de ellas no notarían más que una subida “similar a la del incremento anual de la población que puede afrontar una comunidad autónoma”. El mayor impacto se produciría en Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Ceuta y Melilla, donde el incremento de usuarios de la sanidad pública va del 3% al 5%.

La reacción a este hipotético escenario de los sistemas sanitarios más afectados bascula entre la oposición frontal de Castilla y León, gobernada por el PP, y la disposición a aceptar los cambios del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependiente del Ministerio de Sanidad y responsable de Ceuta y Melilla. La primera alerta de que “la dotación económica para los pacientes de Muface”, incluido el aumento de las primas que contempla el Gobierno, es de “1.300 euros por paciente” mientras que Castilla y León destina en sus Presupuestos 2.110 euros por habitante. Esto, la envejecida población regional y la “difícil contratación de personal sanitario “ hace que el fin de Muface “agudizaría los problemas” que ya sufre la sanidad pública.

El Ingesa, por su parte, defiende que las mejoras emprendidas en la red sanitaria de Ceuta y Melilla hacen “perfectamente viable asumir la atención directa a todas las personas mutualistas de Muface que actualmente reciben su asistencia sanitaria de provisores privados”.

José Soto, que durante 21 años fue gerente del Hospital Clínico de Madrid, afirma que el incremento de pacientes puede afectar de forma muy distinta a un centro sanitario según su situación actual y características. “Atender a una mayor población y recibir los recursos para ello te puede permitir ampliar y mejorar tu oferta asistencial. Podrás invertir en nuevas tecnologías, contratar a más personal... Pero esto requiere disponer de margen de crecimiento, es decir, que sea posible ampliar espacios, adaptar servicios... Si el hospital ya está al límite, entonces el aumento de pacientes es un problema complejo. La única posibilidad pasa por crear nuevos dispositivos y eso es inviable para un número de nuevos pacientes que no deja de ser relativamente pequeño”, sostiene.

Los plazos y prórrogas previstos por Función Pública y la ley conllevan que la incertidumbre sobre el futuro de Muface pueda prolongarse aún varios meses más. Un periodo en el que, advierte López i Casasnovas, influirán otras variables. “Es posible que las aseguradoras, en realidad, hayan llegado a la conclusión de que les resulta más rentable el fin del modelo. Pueden pensar que buena parte de los mutualistas seguirán contratando sus pólizas, que ahora ya será como un seguro complementario, y que esto sea en su conjunto mejor económicamente para ellas que el actual sistema”, concluye.